El Gobierno declara la guerra a las medidas antiabortistas de PP y Vox en Castilla y León

En el PP se afanan en justificar las propuestas antiabortistas de su socio de gobierno regional como una mejora médica y asistencial para todas las mujeres embarazadas. Argumentan que no están destinadas a disuadir a las pacientes que acuden a un médico para interrumpir su embarazo, sino para tratar a todas las mujeres en gestación.

Vox insiste en que sus medidas «provida» están pactadas de antemano con el PP y su aplicación se plasmará a partir de este mismo lunes en los hospitales públicos de Castilla y León. Ante esta posibilidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez informó este domingo de un requerimiento al gobierno autonómico que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco para que detalle cada una de las medidas que pretende implantar en base a su acuerdo con Vox. El Gobierno exige que se paralice el nuevo protocolo impulsado por Vox y que insta a los médicos -obliga según la versión de García-Gallardo- a que se ofrezca a las embarazadas escuchar el latido del feto y una ecografía en 4D. Estas opciones estarían dirigidas a disuadir a las mujeres que opten por abortar para que sigan adelante con su embarazo. A ello se añade blindar a los médicos objetores de conciencia.

El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos responde a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de «aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa». Y se avisa a continuación de que no se descarta actuaciones jurídicas «adicionales». El Gobierno central avanza que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente». El Ejecutivo, se añade, «velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna».

Este requerimiento es un primer paso en la ofensiva del PSOE y Podemos, desde donde desde el mismo día del anuncio de García-Gallardo se volcaron las críticas no solo en contra del vicepresidente de Vox, sino también contra un PP que tiene en el aborto uno de sus asuntos más espinosos y en torno al cual se ve obligado a hacer malabarismos para satisfacer por partes iguales tanto a su electorado conservador como al centrista y liberal.

El presidente castellano-leonés se defendió este domingo frente a lo que, consideró, un ataque injustificado del Gobierno central. «La ministra de Sanidad conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social», señaló Fernández-Mañueco. Poco después, la Consejería de Sanidad dio su versión en otro comunicado: «La Junta de Castilla y León utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna». Las posiciones de Gobierno central y autonómico apuntan a una nueva carpeta sobre la mesa del Tribunal Constitucional, que aún tiene pendiente posicionarse sobre el recurso que el PP presentó contra la ley del aborto de 2010.