Casado da un paso adelante y habla de tráfico de influencias

Casado está dolido y va a por todas en su enfrentamiento con la presidenta madrileña. Ayer rompió su silencio y dio un paso cualitativo en la escalada de tensión al tipificar la conducta de Ayuso como «tráfico de influencias». Un delito penal. Defendió las acciones emprendidas desde su dirección, negó cualquier sospecha de espionaje y acusó a Díaz Ayuso de «alargar un montaje» para «no hablar» de las mordidas de su hermano. «Mi labor es garantizar que ninguna comunidad gobernada por el PP haya cometido una práctica irregular o ilegal», aseveró en la cadena Cope.

Génova mantiene la teoría de que la líder regional lo que pretende en realidad es hacerse con el control del aparato en Madrid para «blindarse ante problemas» en los que «eventualmente» podría verse envuelta por la adjudicación por importe de 1,5 millones de euros en lo peor de la pandemia a una empresa de un amigo de su hermano. Una conducta «no ejemplar», a ojos de Casado, que pudo suponer un delito de «tráfico de influencias». «El problema -dijo- es si tras ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar».

La dirección insiste en el relato de que se emplazó en sendas ocasiones a Ayuso a aportar aclaraciones, pero nunca llegaron e iniciaron una investigación interna, según marca el protocolo, sobre presuntas actuaciones ilícitas de la Comunidad de Madrid que podrían haber beneficiado al hermano de la presidenta. «Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno», remarcó Casado.

El máximo dirigente del PP expresó sus dudas sobre el caso por más que la presidenta madrileña insista en que todo se hizo dentro de la legalidad. Sospecha que el empresario que logró la adjudicación pudo ser un intermediario de Tomás Díaz Ayuso, aunque reconoció que no tiene pruebas. «Y si esa persona ha usado una empresa de un amigo, habrá quien pueda pensar -subrayó- si está utilizando un testaferro». En todo caso, apuntó que la presidenta debería haberse inhibido a la hora de adjudicar ese contrato.

Para Díaz Ayuso, sin embargo, no hay ningún conflicto de intereses en el hecho de que ese contrato en el que participó su hermano recibiera el visto bueno de su Consejo de Gobierno. Tras meses ignorando las peticiones de la dirección, la presidenta hizo público que su familiar había percibido 55.850 euros, más IVA, y no 286.000 euros como apuntan desde la cúpula del PP. Aseguró además que esa cantidad no es por una comisión sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, «que es distinto», puntualizó. Pero no presentó ninguna factura que justificase el cobro.

En Génova creen, que con esta confesión, la presidenta madrileña se ha hecho el 'harakiri' y ha dejado comprometido su futuro político. En la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño, se sienten fuertes y avisan de que si no hay rectificación, Ayuso dará la batalla hasta el final. Ya nadie duda en el partido de que sólo podrá resistir uno de los dos. Sin obviar que en las guerras hay víctimas de ambos bandos.