Sánchez rechaza la conducta «incívica» del rey emérito y alaba a Felipe VI

Hacía dos meses que Sánchez no se prestaba a dar una conferencia de prensa en la Moncloa. Tampoco estaba prevista la de hoy, pero la regularización de ocho millones de euros de «rentas» no declaradas a Hacienda por parte del rey emérito y el naufragio de la negociación para renovar el Consejo del Poder Judicial le llevaron a atender a los medios de comunicación en las escalinatas del edificio del Consejo de Ministros.

Sánchez practica un calculado equilibrio en todo lo que se refiere a la Casa Real y al emérito. Lo hizo en julio, cuando se declaró «perturbado» por las «informaciones inquietantes» sobre las actividades financieras del exjefe del Estado, al tiempo que elogió al Rey por «marcar distancias» con su padre. Hoy siguió el mismo guion. Dijo sentir «el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española ante estas conductas incívicas» y se hizo «partícipe del reproche social» a Juan Carlos de Borbón por el fraude fiscal admitido al regularizar el dinero adeudado a la Agencia Tributaria. Felipe VI, en cambio, tiene «todo mi apoyo» porque su llegada a la Jefatura del Estado ha supuesto «un antes y un después» en lo que a «ejemplaridad y transparencia» de la Casa Real se refiere.

Cada información sobre la fortuna oculta de Juan Carlos I desencadena un dolor de cabeza colectivo en la Moncloa porque estimula los fanes republicanos de sus socios de Unidas Podemos y debilita su defensa de la monarquía parlamentaria. De ahí que el presidente del Gobierno deslinde responsabilidades. Lo que «se cuestiona», dijo hoy, es «el comportamiento de una persona», el exjefe del Estado, y «no se cuestiona una institución, la Corona».

Pero el respaldo a la Casa Real no fue el único salvavidas que arrojó Sánchez. También rompió una lanza en favor de Hacienda después de que se hayan disparado las preguntas sobre por qué la Agencia Tributaria no ha abierto una investigación al rey emérito. Máxime cuando el pasado 9 de diciembre ya pagó a Hacienda 678.393 euros para regularizar los fondos opacos recibidos entre 2016 y 2018 del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Esta vez ha abonado casi 4,4 millones por «rentas» en especie pagadas por la fundación Zagatka. El presidente del Gobierno defendió «la profesionalidad, la independencia y la autonomía» de la Agencia Tributaria, al tiempo que negó un trato de favor hacia Juan Carlos de Borbón. Pero dicho esto, no explicó las razones de esa pasividad ni tampoco las dieron desde el Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, acompañó ayer, carambolas de la historia, a Felipe VI en una entrega de premios empresariales del Banco Santander.

Las palabras del presidente del Gobierno marcaron la pauta para todos los miembros del Gobierno, al menos para los ministros del ala socialista, que callaron o pusieron el acento en «la igualdad» de todos ante Hacienda. Solo la vicepresidenta Carmen Calvo se permitió ir un poco más allá y apuntó que la nueva regulación fiscal «no es una buena noticia».

El jefe del Ejecutivo también dijo desconocer si esta regularización fiscal forma parte de un plan trazado en la Zarzuela para preparar el regreso a España del anterior jefe del Estado, establecido en los Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto. Algunas informaciones han apuntado que Felipe VI ha exigido a su padre que ponga al día sus obligaciones fiscales como primera condición para plantearse el retorno.

Sánchez apuntó que tanto la salida como la eventual vuelta son «decisiones personales» que atañen a Juan Carlos de Borbón, y «como presidente del Gobierno, ahí no entro». Parece improbable, sin embargo, que la Zarzuela dé el visto bueno al regreso del rey emérito sin contar con el parecer favorable de la Moncloa. Como tampoco se tomó la decisión de que se marchara a Abu Dabi sin contar con el 'placet' del Gobierno.

Horas antes de la comparecencia de Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, reconoció que la regularización fiscal del rey emérito no es una «buena noticia», aunque, dijo, demuestra el «rigor» del Estado con «quien puede estar incumpliendo sus obligaciones».

La declaración de Juan Carlos I, por la que abonó 4,4 millones de euros a la Agencia Tributaria, «es el ejemplo de un país que funciona y exige cuentas a todo el mundo». «Y tiene que exigir por igual, porque nuestro país es una democracia con un Estado de derecho riguroso en que nadie se puede saltar la ley», dijo en una entrevista en Canal Sur Radio.

Mientras tanto, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuestionó a los que aplaudieron la figura del rey emérito tras el acto conmemorativo del intento fallido del golpe de estado del 23F, tras conocerse su nueva declaración voluntaria para aportar más de cuatro millones a Hacienda. «La pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás», escribió en Twitter. El pasado martes, Felipe VI ensalzó la «firmeza» con la que su padre respondió a la intentona golpista del 23F e hizo una rotunda defensa de la necesidad de proteger y preservar la democracia porque «es un bien delicado».

Alberto Garzón llamó la atención sobre los «oscuros» movimientos financieros realizados desde la institución monárquica. «Llama la atención la de sorpresas que nos llevamos cada mes con los oscuros -y se ve que también ilegales- movimientos financieros realizados desde la institución que debiera ser la más fiscalizada de toda la democracia, por ser la más protegida y privilegiada: la monarquía», dijo el ministro de Consumo.