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No es ningún secreto que el rey emérito quiere regresar a España. Desde que el pasado 3 de agosto pusiese rumbo a Abu Dabi, acuciado por los escándalos financieros, don Juan Carlos ha expresado a su entorno su deseo de volver a la Zarzuela, aunque ... sea de forma temporal. Lo intentó, sin éxito, en Navidad, pero la Casa Real y el Gobierno consideraron que su vuelta en esos momentos era inoportuna y prematura. Hasta que se den las condiciones para su regreso, el padre de Felipe VI trata de redimir sus pecados regularizando su situación con Hacienda y para evitar, de paso, cualquier posible acción penal por delitos fiscales que enturbie su horizonte judicial.
De ahí que Juan Carlos de Borbón haya abonado a la Agencia Tributaria 4,4 millones de euros por supuestos pagos en especie de ocho millones en vuelos privados sufragados por la Fundación Zagatka, administrada por su primo Álvaro de Orleans. La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará ahora el origen del dinero abonado y si se ha realizado una correcta declaración de las cuotas impagadas por el IRPF por la percepción durante años de esas rentas en dinero y especies. El monarca habría pagado esta suma tras recabar los fondos entre empresarios amigos.
Su abogado, Javier Sánchez Junco, reconoció ayer el pago a Hacienda de 4.395.901 euros, incluyendo intereses de demora y recargos, tras presentar «una declaración sin requerimiento previo» en concepto de impuesto sobre la renta por los pagos de vuelos privados efectuados por Zagatka. En un comunicado, el letrado explicó que esta nueva autoliquidación se corresponde a «las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos de viajes y servicios» en beneficio del anterior jefe del Estado, sin concretar que la cantidad no declarada en origen fuera de ocho millones ni en qué «servicios» se gastó ese dinero.
La regularización practicada ahora se suma a la que ya realizó el rey emérito meses atrás, y con el mismo propósito, el de adelantarse a un requerimiento de la Agencia Tributaria que podría acabar en la vía judicial. En diciembre, fue también su abogado el encargado de anunciar que había pagado a Hacienda 678.393 euros a cuenta de lo gastado con las tarjetas de las que habría disfrutado don Juan Carlos y miembros de su familia, y que presuntamente eran financiadas por su amigo mexicano Allen Sanginés-Krause sin que su cuantía se declarara como rendimiento económico.
Con este último movimiento, el monarca admite de nuevo un incremento patrimonial no justificado, que los técnicos de Hacienda cuantifican en cerca de ocho millones, de acuerdo a lo declarado. Una cantidad que, advierten los técnicos, no cuadra con lo declarado por Alvaro de Orleans ante la Fiscalía de Ginebra en octubre de 2018. Entonces el pariente de don Juan Carlos reconoció que en la cuenta de Zagatka se produjo en 2011 un ingreso de tres millones que atribuye a una devolución de Corinna Larsen después de que él mismo protestara porque parte de los fondos de la fundación se habían gastado en viajes en avión de Juan Carlos y su examante.
«Había indicios más que suficientes para que la Agencia Tributaria hubiera abierto una investigación al rey emérito antes de esta segunda regularización», advirtió el presidente del sindicato Gestha, Carloz Cruzado, que alertó de que el emérito puede librarse de sus posibles responsabilidades penales y tributarias por la «lentitud» de Hacienda y la Fiscalía.
Por el momento, el Ministerio Público no ha abierto diligencias por las decenas de vuelos privados costeados por Zagatka de los que se estuvo beneficiando el monarca hasta hace tres años. Si lo ha hecho por los fondos que recibió de Sanginés-Krause y por su correspondiente uso con tarjetas opacas y por la alerta del Servicio de Antiblanqueo del Banco de España sobre movimientos económicos desde un 'trust' de la isla de Jersey que también apuntarían al emérito.
La Fiscalía indaga además la responsabilidad penal de Juan Carlos de Borbón en las presuntas comisiones pagadas por la adjudicación del AVE saudí a un consorcio de empresas españolas, a través de una fundación en Panamá. Esa fundación –Lucum–, tenía cuenta en un banco de Suiza y allí se transfirieron los 68 millones a Larsen, en el punto de mira del Ministerio Público helvético por blanqueo.
Esta investigación es la que puso bajo la lupa judicial a Zagatka. Según la Fiscalía de Ginebra en 2008 se transfirió a una cuenta de la fundación 6,5 millones sin que se pudiera identificar su origen, aunque De Orleans, a quien la examante del emérito señaló como testaferro de éste, declaró que proceden de su patrimonio y de la herencia de su padre.
Esquerra, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG se han unido para pedir cuentas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el segundo pago de Juan Carlos I para regularizar deudas con la Agencia Tributaria.
Los independentistas catalanes y vascos y los nacionalistas gallegos quieren que la titular de Hacienda comparezaca en en el Congreso para explicar «en qué circunstancias, condiciones y términos se ha producido la regularización opaca de cuatro millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón».
Por los mismo motivos los citados partidos también reclaman la presencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de la Fiscalía Anticorrupción y del director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón.
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