Bruselas pide al independentismo «unidad y estabilidad» frente a la «división»

"Conforme a su declaración pública de 2 de octubre de 2017, la Comisión cree que vivimos en tiempos que reclaman unidad y estabilidad, no división y fragmentación", ha escrito la comisaria de Justicia, Igualdad y Consumo, Vera Jourová, en una respuesta europarlamentaria remitida el pasado 20 de diciembre a Ramon Tremosa (PDeCAT) y Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras (ERC).

Ya en diciembre el propio jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, llamó a la "unidad y estabilidad, no a la división y fragmentación", en una respuesta a otra pregunta presentada por una treintena de eurodiputados y en la que el presidente de la Comisión subrayó que el sistema judicial español protege "eficazmente" el Estado de derecho.

Bruselas mantiene sin cambios su posición sobre la crisis independentista en Cataluña desde el día después de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. En aquella ocasión, señaló que la violencia "nunca puede ser un instrumento" y llamaba a las partes implicadas en la crisis catalana a pasar "con máxima rapidez, de la confrontación al diálogo".

También mostró su confianza en el "liderazgo" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para gestionar este "difícil proceso", "garantizando el pleno respeto de la Constitución española y de los Derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados".

En pronunciamientos posteriores, la Comisión Europea ha mantenido esta posición de defensa de la Constitución y el Estado de derecho en España y expresado su confianza en las instituciones y fuerzas políticas que trabajan para lograr una solución "dentro del marco" constitucional.

Esta confianza en el Gobierno de Rajoy y en los partidos que buscan una solución dentro de los límites de la Constitución, así como la expresión del pleno respeto por la Carta Magna española, también han quedado recogidas en la última respuesta firmada por Jourová.

Aunque la réplica a los tres eurodiputados independentistas llega ahora, la pregunta fue presentada por Tremosa, Solé y Terricabras el pasado 11 de septiembre, día de la Diada, cuando ya se habían aprobado en el Parlament las leyes para llevar a cabo el referéndum, pero éste aún no se había celebrado.

Por ello los eurodiputados informan en su escrito a la Comisión de al adopción el 6 de septiembre de la ley que "permite celebrar un referéndum sobre la independencia previsto para el 1 de octubre" y denuncian supuestos acosos y amenazas de parte de las autoridades españolas contra quienes podrían asistir a la organización de la consulta.

Así, aseguran que se produjo un "atentado a los derechos fundamentales por la Policía española" y ponen como ejemplo que la Guardia Civil "acosó a trabajadores" de una imprenta y de un medio de comunicación local buscando papeletas de votación para el 1-O.

Además mantienen que el Fiscal General "ha amenazado" a la mayoría de funcionarios de la Generalitat con tomar medidas legales si ayudan a organizar el referéndum y también a los medios que hubieran publicado anuncios sobre la convocatoria.