Aragonès llama a una alianza soberanista para encarar la mesa de diálogo

El presidente de la Generalitat se reunirá en un primer momento con ERC, Junts y la CUP, además de las plataformas de la sociedad civil independentista, pero ha llamado a otras fuerzas a «sumarse», en concreto a los comunes. Para hacer «inevitable» el referéndum y la amnistía», ha afirmado en un pleno monográfico en el Parlament dedicado a los indultos. Aragonès ha reconocido que la negociación con el Gobierno será muy difícil porque el Govern, ha advertido, «no renunciará» a celebrar un referéndum sobre la independencia. «Es la hora del diálogo y la negociación», ha dicho, con el objetivo de que los encausados recuperen su libertad y Cataluña pueda decidir su futuro votando por la independencia.

El dirigente republicano ha valorado los indultos como un «paso importante» por parte del Gobierno, pues a su juicio está reconociendo que las «penas son injustas». «Hay cosas que están empezando a moverse», ha admitido. Ha puesto como ejemplo los indultos y la convocatoria de la mesa de diálogo. Eso sí, ha avisado que las medidas de gracia no resuelven el problema global de Cataluña. «No resuelven el caso de Puigdemont», ha dicho Aragonès, y «no resuelve el conflicto». El jefe del Ejecutivo catalán cree que la mesa de diálogo ha de avanzar «independientemente» de la negociación de los presupuestos.

Sobre la amnistía, cree que es legal pues a su juicio hay una ley de amnistía vigente, la del 77, que «impide que se persigan a torturadores del franquismo».

Previamente, en la sesión de control al presidente de la Generalitat, ha defendido al legalidad del fondo de 10 millones aprobado por el Govern para dar cobertura a las fianzas millonarias que el Tribunal de Cuentas exige a 34 encausados por la acción exterior del Gobierno catalán entre 2011 y 2017. Aragonès ha justificado el fondo para que los funcionarios «no tengan miedo a hacer su trabajo». «El decreto viene de mandatos legales», ha argumentado. «No hay desplazamiento patrimonial», ha apuntado contra quienes acusan al Govern de haber incurrido en un delito de malversación. Pero hace lo mismo que las pólizas que tienen contratadas otras autonomías como Galicia, Castilla la Mancha o Andalucía, según ha puesto como ejemplo.

Ha cargado además contra el Tribunal de Cuentas, que ha calificado de «político e ideológico« y de actuar contra los exaltos cargos del Govern »simplemente porque son independentistas«. «Reina la presunción de culpabilidad», ha criticado. Y ha acusado al organismo fiscalizador de arrogarse el papel de Tribunal Constitucional para decidir qué entra dentro de las competencias estatutarias de la Generalitat.

En la misma línea, el consejero de Economía, Jaume Giró, ha asegurado en la sesión de control al Govern en el Parlament que el fondo permite «hacer política sin miedo al embargo». «Es un instrumento para restablecer el espacio de libertad para hacer acción política», ha apuntado. Vox ha anunciado un recurso contra el fondo y la presentación de una querella por malversación. «Ha empezado su cuenta atrás como presidente», ha avisado Ignacio Garriga.