El PP afirma, tras el informe de la Abogacía, que Sánchez consuma la «mayor traición a España»

Por su parte, el exministro del Interior y actual eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha señalado que «no solo ERC» conocía el informe de la Abogacía del Estado antes de ser público sino que «además éste responde al 'gesto' que había pedido a Pedro Sánchez para facilitar su investidura». «Son necesarias muchas explicaciones ante este tema, no todo debería valer para ser presidente», ha afirmado. En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP catalán, Daniel Serrano, que ha indicado que «esto no vale una investidura». Además, ha recalcado que «menos mal que la Fiscalía no ha cedido ni al chantaje de ERC ni a la humillación a la que a Sánchez ha sometido a la Abogacía del Estado». «Ahora toca confiar en la justicia y en el Tribunal Supremo», ha apostillado en Twitter.

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha defendido que el escrito es «sencillamente, acatar la sentencia del TJUE. Es, simplemente, aplicar el sentido común. Esperemos que el Supremo también acate la justicia europea y también aplique el sentido común. El día 13, la Eurocámara debe volver a tener 751 diputados», ha manifestado.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de En Comú en el Congreso, Jaume Asens, ha celebrado que el informe «respete» la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. «La razón y el derecho han impuesto a la arbitrariedad», ha escrito Asens en su cuenta personal de Twitter. Una decisión que Asens considera «una buena noticia» porque, en su opinión, en realidad «lo único» que hacen los servicios jurídicos del Estado es «respetar» la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha señalado que la posición de la Abogacía del Estado es coincidente con la del Tribunal de Justicia de la UE y ha considerado que Junqueras debería haber sido excarcelado después de las elecciones europeas: «Van muy tarde».

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha afirmado este lunes que «no se pueden negar» las injerencias del Gobierno en el informe de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Junqueras, a pesar de que la Abogacía ha rechazado, en un comunicado, cualquier intento de intromisión.

Según ha dicho Bal en una entrevista con Antena 3, no se pueden negar las presiones cuando ERC ha declarado que «necesita un gesto» de la Abogacía del Estado y ha añadido que el partido republicano «está dando instrucciones» al Gobierno en funciones. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está influyendo en el trabajo técnico de unos funcionarios que «no están para apoyar a un Gobierno, sino para defender los intereses generales de España».

Bal ha sostenido que, si es cierto que el PSOE filtró a la formación republicana el informe de alegaciones de la Abogacía, es un «hecho denunciable» y podría tratarse de un presunto «delito de descubrimiento y de revelación de secretos».

La misma idea que ha expresado la secretaria general del grupo parlamentario de Vox. Macarena Olona ha advertido de que «de haberse filtrado» el informe de la Abogacía a ERC por parte del Gobierno en funciones se puede hablar de «una evidente prevaricación a la vista del contenido del informe» y «un delito de revelación de secretos e informaciones».

En una entrevista a esRadio, recogida por Europa Press, Olona ha resaltado que Vox está dispuesto a llegar «hasta las últimas consecuencias en los tribunales de justicia para depurar todas las responsabilidades que procedan, sea de quien sean». A su juicio, las filtraciones del informe sobre la situación del líder de ERC, Oriol Junqueras, proceden de «fuentes internas de la Abogacía del Estado porque son datos que se conocen internamente». Además, ha remachado que dichas filtraciones «no han sido desmentidas» por parte de la Abogacía.