La Abogacía solicita 12 años de prisión a Junqueras por «dirigir» la sedición a través de los 'Jordis'

Para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pidió 12 años de prisión por «inducir, sostener y dirigir» la sedición y disponer de forma ilegítima de fondos públicos (malversación). A los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, 11 años y seis meses de prisión por los mismos delitos. En un peldaño inferior se quedaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a quien le piden 10 años por sedición y malversación, y los responsables de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ocho años por estos delitos.

A partir de aquí, a los nueve restante procesados que no están en prisión preventiva la Abogacía reclama el mismo castigo que la Fiscalía: siete años de prisión y 30.000 euros de multa a Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás por malversación y desobediencia grave. Y al resto de exmiembros de la Mesa del Parlament y a la dirigente de la CUP Mireia Boya, multa de 30.000 euros por desobediencia grave.

En el caso de los principales acusados, ¿por qué la Abogacía ve sedición y no rebelión? La abogada general, Consuelo Castro, hace un relato de los hechos acaecidos en el 'procés' desde 2013 hasta 2017, con especial detalle de los meses de septiembre y octubre del pasado año, cuando se ejecuta la hoja de ruta secesionista. En ningún momento menciona el término violencia (justificaría la rebelión) para definir el reiterado incumplimiento de las resoluciones judiciales y el afán por llegar a la república catalana.

Mientras que la Fiscalía no renuncia al lenguaje bélico, «actos de hostigamiento, barricadas, asedio o masa», la Abogacía dice que hubo «movilización social, ambiente crispado y hostil» o define a los ciudadanos como «agente político» en los «incidentes» del 20 y 21 de septiembre frente a la consejería de Economía en Barcelona y en el 1-O.

Al ofrecer una versión más amable en su relato, la Abogacía rebaja el papel de los 'Jordis'. Asegura que llevaron a cabo la movilización popular «como instrumento de presión para negociar con el Estado». Y sobre el referéndum, cifra el dinero malversado en 1,9 millones mientras que la Fiscalía eleva a tres millones.