Trapero se enfrenta a 11 años por poner a los Mossos al «servicio del secesionismo»

La Fiscalía fue más allá que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que procesó a Trapero, Soler y Puig y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal, en principio penados con menos cárcel que la rebelión. El fiscal Pedro Rubira es tajante: «No sólo omitieron toda actuación tendente a evitar la celebración del referéndum, sino que contribuyeron de forma decisiva para que el cuerpo de los Mossos se pusiera al servicio del plan secesionista».

Argumenta su decisión de aplicar el delito de rebelión a Trapero y a su superiores jerárquicos porque fueron «pieza clave» para «llevar a cabo el plan secesionista» del otoño del pasado año. Queda mejor parada la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que Fiscalía que pide cuatro años de prisión.

La acusación más grave contra la cúpula de los Mossos es que fueron parte activa del plan de los líderes secesionistas porque intentaron independizar un parte del territorio nacional y para ello sustrajeron parte de la «fuerza armada (el cuerpo autonómico) a la obediencia del Gobierno». El Ministerio Público cree que en ese plan fueron meros «mandos subalternos» y no dirigentes, por lo que no reclama la pena máxima por rebelión (de 15 a 25 años), sino que la sitúa en el grado inferior (entre 10 y 15 años). Pero aún así, Trapero, Soler y Puig cooperaron de forma «decisiva, consciente e intencionada» en la rebelión. El exmayo, admite el fiscal, «cumplía órdenes», pero era «consciente» de las consecuencias que acarreaba.

La Fiscalía acusa a los tres tanto por su participación en el plan secesionista que desembocó en el 1-O como por haber permitido el acoso a la Guardia Civil durante el asedio a la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre de 2017. En el caso de Laplana solo le imputa responsabilidad por los disturbios frente a la consejería.

Insiste la Fiscalía en que Trapero y sus jefes fueron «una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia». Los tres participaron en «el plan secesionista ideado por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas».

«Los acusados, vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución como norma fundamental del Estado, dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían», zanja el Ministerio Público.

El fiscal insiste en que la actuación de los procesados (y sobre todo su «inacción y dejación de funciones») dio lugar a la «violencia», la condición 'sine qua non' para hablar de rebelión. «En los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre se produjeron numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas generándose un clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse», afirma el escrito.

El Ministerio Público pone el acento en que Trapero y sus jefes pusieron la «capacidad investigadora e intimidatoria» de los Mossos, al servicio del 'procés', sabedores de que la connivencia del cuerpo policial era indispensable para llevar a buen puerto el referéndum ilegal. Los procesaron llegaron al punto de ordenar a los Mossos «funciones impropias de un cuerpo policial como la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso oponerse físicamente».

Pero las acusaciones contra Trapero, en particular, van más allá. La Fiscalía entiende que él fue el que se encargó de «diseñar» varios «mecanismos de actuación» para «impedir» que los mossos pudieran cumplir las órdenes de la justicia de impedir la votación el 1-O. Un comportamiento «fraudulento» para el que se escudó tras el 'plan Ágora' (el despliegue antiterrorista), a fin de argumentar la falta de efectivos para controlar los colegios electorales.