Abascal ratifica la oposición frontal de Vox al Gobierno «ilegítimo» de Sánchez

El líder de la tercera fuerza de Congreso aseguró que el nuevo Ejecutivo que se dará a conocer en los próximos días es fruto de un «matrimonio entre la mentira y la traición» y rechazó cualquier halo de legitimidad a la etapa que comienza. «Quiere copresidir un Gobierno ilegítimo», subrayó, «porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles sólo puede nacer la ilegitimidad».

Abascal, que subió a la tribuna con un libro del histórico dirigente del PSOE Francisco Largo Caballero, alertó de las consecuencias de los pactos con los «comunistas» y los «golpistas» y acusó a Sánchez de estar «arrodillado» ante los independentistas que «se han conjurado» contra el Congreso y la Constitución. «Esto sólo puede terminar –vaticinó– en el blanqueamiento, la impunidad y el referéndum».

El líder de Vox recordó además que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aún no ha sido destituido «ni detenido» porque Sánchez necesita el apoyo de los soberanistas a pesar de que Bélgica suspende la euroorden contra Carles Puigdemont y el Parlamento Europeo «vuelve a humillarnos».

Abascal abrió su discurso condenando el «repugnante» asesinato machista que este domingo se cobró la vida de una mujer y su hija de 3 años. La lectura que el líder de Vox hizo del suceso ocurrido en Esplugas de Llobregat es que una ley de violencia intrafamiliar, como la que su formación propone, sería la mejor respuesta para esta lacra, pues protegería a «todas las víctimas» por igual y los agresores estarían igualmente castigados, «con prisión perpetua para los asesinos y los criminales sexuales».

El dirigente de Vox utilizó la tribuna del Congreso para denunciar también el silencio sobre las agresiones sexuales cometidas «en manada por extranjeros». Según dijo, el 69% de todos los varones imputados en violaciones grupales no eran españoles. Un dato que contrasta con el 'Informe sobre delitos contra la libertad e Indemnidad Sexual' en España del 2017, elaborado por el Ministerio de Interior, que afirma que casi el 30% de los detenidos o investigados eran extranjeros.