Los funcionarios de prisones, en pie de guerra para reclamar mejoras económicas

La mecha de la huelga general que comienza este miércoles, no obstante, la encendió el nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al abrir la posibilidad, que luego no se ha concretado en nada, de una mejora de 123 millones de euros para el periodo 2019-2021, lo que iba a suponer una subida bruta a cada funcionario de 123 euros al mes. Una supuesta oferta que el Ministerio del Interior dice que no fue tal y que se malentendió.

Sea como fuere, las expectativas no cumplidas han unido a todos los sindicatos penitenciarios. UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG han convocado a un paro general que comienza este miércoles (en realidad arrancó a las 22:00 horas del martes con la entrada del turno de noche) y proseguirá los días 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre.

Pero las huelgas en prisiones –y esto lo reconocen desde los sindicatos al Ministerio del Interior- no tienen muchos efectos prácticos. Por motivos de seguridad, la Administración puede –y siempre lo ha hecho- fijar unos servicios mínimos que en la realidad afectan a la práctica totalidad de la plantilla, por lo que la normalidad es casi absoluta dentro de los centros, más allá de que se han visto reducidas las actividades en talleres no productivos y se han producido algunas colas en las entradas de los centros por la presencia de piquetes. Las cárceles de Madrid, la de Bilbao (Basauri), Sevilla I y II , las de Castilla y León son las que acumulan más retrasos en la entrada de funcionarios, en tanto que la de Picassent (Valencia) y Teixeiro (A Coruña) ya han completado el relevo de trabajadores.

Instituciones Penitenciarias asegura que solo el 47% de los funcionarios está secundando el paro, un porcentaje que los sindicatos elevan a entre un 80 y un 100%. La realidad es difícil de precisar, cuando los servicios mínimos, tachados de «abusivos» por los sindicatos, son tan altos.

Desde el Ministerio del Interior, donde recuerdan que al Gobierno de PP no se le hizo ningún paro a pesar de que la situación era idéntica, insisten en las mejoras ya acordadas con la llegada de Fernando Grande-Marlaska, como la aprobación de una oferta de empleo público de 1.000 nuevos funcionarios.