UGT pide una subida de 200 euros al mes para los 200.000 funcionarios del Estado

Y es que, aunque cueste entenderlo, un funcionario del País Vasco puede ganar 7.000 euros más al año solo por residir en esta comunidad autónoma. Así, por ejemplo, un empleado público del Ministerio de Justicia cobra un complemento específico de 4.930 euros anuales, mientras que su homólogo en el País Vasco (región que tiene transferida esta competencia), que desarrolla exactamente las mismas funciones, ingresa 11.849 euros por este concepto, más del doble.

«La Administración General del Estado se ha caracterizado siempre por ser la que peor retribuye a sus trabajadores, mientras que País Vasco y Cataluña son las que mejor pagan», denunció Carlos Álvarez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, quien explicó además que ya no se trata solo de las brechas salariales que existen entre las diferentes administraciones, sino que también son «múltiples y variadas» dentro de la propia AGE.

El caso más llamativo lo sufren los funcionarios de prisiones, que reciben salarios diferentes en función de la prisión en la que estén prestando sus servicios. Así, por ejemplo, un trabajador de la prisión de Logroño cobra 6.800 euros menos al año que otro que trabaje en alguna de las cárceles vascas, como Nanclares de Oca, que son similares. Esto se da por un complemento específico que tienen y que varía en función de una clasificación de nueve grupos diferentes de cárceles que data de 1989. Es decir, que se establecieron diferentes niveles de peligrosidad pero, 30 años después, la situación ha variado, puesto que la amenaza de ETA ya no existe. Así, se puede desempeñar las mismas funciones, asumir las mismas tareas o llevar los mismo cometidos, pero puede existir una diferencia de hasta más de 600 euros al mes si se presta el servicio en un centro o en otro, algo que para UGT es una «injusticia». Por ello, el sindicato exige una equiparación para esos 20.000 empleados que supondría un gasto de 160 millones de euros al año.

Pero hay otra diferencia que preocupa mucho a la organización de trabajadores: la que se da entre el personal laboral y los funcionarios. Así, los salarios entre unos y otros varía considerablemente, cuando en realidad «se les exigen los mismos requisitos para acceder al puesto», asegura Álvarez. En la actualidad, el sueldo más bajo para un funcionario de la AGE ronda los 22.000 euros al año, mientras que el mismo puesto para el personal laboral se reduce a poco más de 18.300 euros. Por el contrario, la remuneración media más elevada para el funcionario más alto de la AGE se acerca a los 57.000 euros anuales, 25.500 euros más que el salario más alto del personal laboral, que se sitúa en los 31.360 euros.

Por ello, UGT solicita también la «inmediata homologación salarial» entre los trabajadores laborales y los funcionarios del Estado, algo que afectaría a unos 46.000 empleados y supondría un coste de 60 millones, algo que desde el sindicato consideran viable con el nuevo Gobierno dentro de la negociación que mantienen para firmar el IV convenio para el personal laboral de la AGE.