Rafael M. Mañueco
Moscú
Jueves, 6 de enero 2022
Mientras en Kazajistán las cifras de muertos y heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad van aumentando paulatinamente, las tropas enviadas por Rusia al país centroasiático para reprimir las protestas se encuentran ya sobre el terreno. Así lo informa el secretariado ... de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (ODKB en sus siglas en ruso), bloque de carácter militar formado por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.
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«Unidades avanzadas de las fuerzas de la ODKB ya han comenzado a desempeñar su misión en Kazajistán», reza el comunicado difundido hoy por la organización. Se indica además que los cometidos del contingente, compuesto principalmente por militares rusos (paracaidistas) aunque también pertenecientes a los ejércitos de Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán, consisten en «proteger edificios y otras instalaciones estatales y militares, así como, en general, asistir a las autoridades con el objetivo de estabilizar la situación»
La ODKB llama a las tropas enviadas a Kazajistán «fuerzas de paz» y el presidente kazajo, Kasim-Zhomart Tokáyev, tacha a los manifestantes de «terroristas». La nota de prensa del bloque defensivo liderado por Moscú no especifica el número exacto de militares rusos incluidos en el contingente.
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El canal 'Baza' de Telegram informa que las unidades rusas provienen del regimiento aerotransportado acuartelado en las inmediaciones de la ciudad rusa de Oremburgo, muy cerca de la frontera con Kazajistán. Según la publicación, podrían ser enviadas también fuerzas de la Brigada número 11 desplegada en Kamensk-Shajtinski, junto a la república rebelde de Lugansk, en el este de Ucrania.
Tokáyev pidió el miércoles ayuda a los países de la ODKB, cuyos estatutos establecen que la organización deberá intervenir cuando alguno de sus miembros vea amenazada su seguridad. El presidente de turno de la ODKB, el actual presidente de Armenia, Nikol Pashinián, declaró el miércoles que Kazajstán se enfrenta precisamente a una amenaza contra su «seguridad y soberanía» causada, a su juicio, por «injerencias externas».
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Aseguró que «las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz (…) estarán en Kazajistán por un periodo de tiempo limitado, hasta estabilizar y normalizar la situación en este país». En idénticos términos se expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, que habló también de una operación militar en suelo kazajo «limitada en el tiempo» y explicó que el contingente incluye, además de las fuerzas kazajas, unidades de «Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tayikistán y Kirguistán».
Los disturbios comenzaron el pasado domingo en las localidades de Aktáu, a orillas del mar Caspio, y Zhanaozén, motivados por la subida de los precios del gas, para extenderse después a otra ciudades. El epicentro ahora mismo de la revuelta está en Almatí, antigua capital y principal centro económico del país.
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Tras un noche de enfrentamientos, vandalismo contra edificios oficiales, algunos incendiados, y saqueos en tiendas y grandes almacenes, esta mañana comenzó una «gran operación antiterrorista» en Almatí. La Policía de la ciudad, según la agencia rusa Interfax, sostiene haber dado muerte a «decenas de participantes en los desórdenes», muchos de los cuales, según los agentes, trataron de asaltar estamentos oficiales o comisarías con la intención de hacerse con armas de fuego.
La radio Eco de Moscú asegura que en Almatí «testigos presenciales dan cuenta de tiroteos en diferentes puntos de la ciudad». A través de altavoces, la Policía pide a la población que se confine en sus casas y eviten moverse por las calles. El estado de emergencia y el toque de queda fueron instaurados el miércoles por el presidente kazajo en todo el país.
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En declaraciones al canal público de Kazajistán «Jabar-24», la viceministra de Sanidad, Azhar Guiniat, afirmó que hay «decenas de muertos», también en el seno de las fuerzas del orden, y más de un millar de heridos, de los que 400 están hospitalizados y 62 en las unidades de cuidados intensivos.
Tokáyev destituyó el miércoles al Gobierno y ordenó una reducción de los precios del gas, medidas que, no obstante, no han sido suficientes para detener los disturbios, ya que ahora incluyen reivindicaciones de naturaleza política como un cambio radical de rumbo, reformas y democracia real.
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Los manifestantes han destruido una estatua erigida en honor del antiguo presidente, Nursultán Nazarbáyev, que conservaba gran parte de su poder en la sombra, y exigen que se vaya, que se aleje del mando y retire también a los miembros de su clan. Nazarbáyev, cuyo nombre es también el de la capital del país, antes Astaná, acaba de perder, por orden de Tokáyev, el puesto de presidente del Consejo de Seguridad de la república.
La Unión Europea se declaró ayer «muy preocupada» por la situación en Kazajistán. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señaló que «los derechos y la seguridad de los civiles deben ser garantizados», al tiempo que mostró sus reticencias a la llegada de fuerzas armadas rusas. «La asistencia militar extranjera evoca recuerdos de situaciones que deben evitarse», escribió en Twitter.
Su homólogo en Estados Unidos, Antony Blinken, pidió por su parte al ministro de Exteriores kazajo, Mukhtar Tileuberdi, una «resolución pacífica» a los disturbios que han costado ya decenas de muertos y más de mil heridos. El secretario de Estado reiteró el «pleno apoyo de EE UUa las instituciones constitucionaled y la libertad de los medios de comunicación»-
También la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al presidente del país, Kasim-Zhomart Tokáyev, y al resto de las partes implicadas en los enfrentamientos a «abstenerse de la violencia» y buscar una «resolución pacífica» de la crisis.
«La gente tiene derecho de manifestarse pacíficamente y expresarse libremente. Por otro lado, los manifestantes, por muy enojados o descontentos que estén, no deben recurrir a la violencia», dijo Bachelet en un comunicado, en el que exigió liberar a los miles de detenidos «por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente».
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