beatriz juez
París
Martes, 11 de octubre 2022, 20:31
El ex primer ministro francés Édouard Philippe deberá declarar el próximo 24 de octubre ante la comisión de instrucción del Tribunal de Justicia de la República (CJR) por la presunta mala gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19 por parte del Gobierno galo. ... Este órgano se encarga exclusivamente de juzgar a los miembros del Ejecutivo por actos delictivos o criminales en el ejercicio de sus funciones.
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Tras oír su declaración, los jueces deberán decidir si imputan al exprimer ministro por la gestión de la pandemia o le otorgan el estatus de «testigo asistido», una figura legal que supondría que no le imputan ningún delito al no haber encontrado suficientes pruebas contra él, pero que deja la puerta abierta a una acusación posterior.
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Philippe, que fue primer ministro de Francia entre mayo de 2017 y julio de 2020, negó «enérgicamente» los delitos que se le reprochan en la gestión de la crisis sanitaria en una entrevista publicada el domingo por el diario 'Le Parisien'.
El Tribunal de Justicia de la República recibió varias denuncias por la falta de anticipación del Gobierno francés y por la presunta mala gestión de la emergencia sanitaria, tanto por parte de particulares como de colectivos profesionales, como médicos, sindicatos o asociaciones de víctimas. Denunciaban, por ejemplo, la falta de mascarillas al inicio de la pandemia para la población general, la falta de equipos de protección adecuados para el personal sanitario o la deficiente gestión de la crisis en las residencias de ancianos, que provocó miles de muertos.
La Justicia francesa abrió en julio de 2020 una investigación judicial contra varios miembros del Ejecutivo galo por «poner en peligro la vida ajena» y por «abstención voluntaria de combatir un siniestro».
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En octubre de 2020, la Policía gala registró el despacho y domicilio de Philippe, al igual que los de la exministra de Sanidad, Agnès Buzyn; de Olivier Véran, su sucesor en el puesto, y de otros miembros del Gobierno y altos funcionarios franceses implicados en la gestión de la pandemia.
Philippe, que actualmente es alcalde de Le Havre (Normandía), no es el único exmiembro del Ejecutivo francés al que cuestionan su gestión de la crisis sanitaria. En septiembre de 2021, Agnès Buzyn fue imputada por el Tribunal de Justicia de la República por presuntamente «poner en peligro la vida ajena» durante la pandemia.
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Olivier Véran, actual portavoz del Gobierno galo, no ha sido, de momento, convocado a declarar ante el Tribunal de Justicia de la República ni ha sido imputado por la crisis del Covid-19, que ha provocado más de 152.000 muertos en el país. El presidente, Emmanuel Macron, no se verá tampoco afectado por las denuncias sobre la gestión de la pandemia, ya que goza de inmunidad durante toda la duración de su mandato.
Pese a abandonar la primera línea de la política nacional, Philippe sigue siendo un político muy popular en Francia y no oculta sus ambiciones presidenciales. Otros dos hombres se preparan también entre bambalinas para luchar por las llaves del Palacio del Elíseo en 2027: Bruno Le Maire, el actual ministro de Economía, y Gérald Darmanin, titular de Interior.
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Macron no podrá presentarse a la reelección, ya que la Constitución francesa lo prohíbe. Un presidente solo puede ejercer dos mandatos consecutivos de cinco años en el país galo.
El Gobierno francés intervino hoy para tratar de frenar el caos en las gasolineras galas, afectadas por las huelgas en el país de las refinerías y depósitos de combustibles de TotalEnergies y Esso-ExxonMobil que han provocado grandes colas en las estaciones de servicio para repostar o incluso el cierre de algunos locales por falta de carburante. Ante esta situación, la primera ministra, Élisabeth Borne, ordenó la reapertura forzada de dos depósitos de combustible del grupo Esso-ExxonMobil que estaban en huelga y el regreso a sus puestos del «personal indispensable» para su funcionamiento. El lunes, se firmó un acuerdo salarial por parte de dos organizaciones sindicales, mayoritarias a nivel de este grupo, pero no de sus refinerías.
«Me preocupa la situación que viven millones de nuestros compatriotas que no llegan a llenar el depósito. Bloquear el país no es nunca una forma de avanzar», dijo Borne. El 31,3% de las estaciones de servicio se encuentran afectadas por la escasez de carburante, aunque en París y sus alrededores son ya el 44%, según el Ministerio de Transición Ecológica.
La huelga en Esso-ExxonMobil comenzó el 20 de septiembre y en TotalEnergies, el 27. Los sindicatos reclaman un aumento salarial del 10% para recuperar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y teniendo en cuenta los beneficios excepcionales de las petroleras por la crisis energética que vive Europa por la guerra de Ucrania.
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