Las protestas en Perú suman ya 60 muertos y fuerzan el cierre de Machu Picchu

Vídeos que se han hecho virales en las redes sociales muestran a los agentes disparar al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad cercana al lago Titicaca en la frontera con Bolivia. La represión policial desató la ira de los pobladores, que en respuesta incendiaron este sábado por la mañana la comisaría local en una jornada en la que la violencia y los disturbios volvieron a repetirse en el país y forzaron el cierre «hasta nuevo aviso» de la ciudadela del Machu Picchu y el camino inca, las dos principales joyas turísticas de Perú.

«Frente a la actual coyuntura social en la que se encuentra nuestra región y el país se ha dispuesto el cierre de la Red de Caminos Inka y la Llaqta de Machu Picchu, desde el día 21 de enero de 2023 hasta nuevo aviso, para salvaguardar la seguridad de los turistas y la población en general», reza un comunicado oficial. La medida se dio a conocer un día después de que el acceso por tren a Machu Picchu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, quedara también bloqueado por las protestas, que condujeron el jueves al cierre de los aeropuertos de Cuzco y Arequipa.

Los disturbios forzaron igualmente este sábado a la suspensión de las operaciones en la mina de Antapaccay, operada por la multinacional Glencore en la región de Cuzco tras el asalto del viernes de varios manifestantes. Según la compañía, «vándalos» ingresaron a las instalaciones «saqueando pertenencias de los trabajadores y bienes de la empresa y quemando zonas del campamento».

Tras el fracaso de la llamada 'Toma de Lima', la movilización convocada para derrocar al Gobierno de Boluarte, la Policía detuvo paralelamente a más de 200 personas durante el desalojo del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la capital, donde desde hace días acampaban numerosos manifestantes llegados de diversas partes de Perú para participar en las protestas.

Imágenes difundidas en Internet mostraron cómo un vehículo blindado derribó la puerta metálica del campus para disolver a los congregados con ayuda de antidisturbios y de un helicóptero. La operación, muy criticada por activistas y diputados, llevó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a pedir «proporcionalidad» a las autoridades. Mientras, el ministro de Interior, Vicente Romero atribuyó los disturbios a una acción «planificada» para privilegiar determinados intereses políticos y «chantajear» al poder,

Las escenas de represión, en especial el uso de fuego real por parte de la Policía, causaron también conmoción en la UE, que en un comunicado condenó el «uso desproporcionado de la fuerza». «Confiamos en que las instituciones nacionales lleven ante la justicia a los responsables de los abusos o violaciones de los derechos humanos», declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien expresó su malestar por «la enorme cifra de víctimas».