La 'toma de Lima' agudiza una crisis que deja ya más de cincuenta muertos

El balance de muertos a raíz de la crisis que estalló el pasado 7 de diciembre rebasa ya el medio centenar. A ellos se suman dos nuevas víctimas. El cierre de carreteras en La Libertad ocasionó el deceso de una mujer de 51 años y de un bebé nonato de 6 meses de gestación. Los duros enfrentamientos dejaron asimismo decenas de heridos, una veintena de ellos eran miembros de las fuerzas de seguridad. Hay al menos 72 hospitalizados.

La prensa tampoco se libró. El Colegio de Periodistas peruano condenó la agresión llevada a cabo «cobardemente» contra varios miembros del canal América Noticias. Un grupo de manifestantes reventó las lunas del vehículo en el que se trasladaban y golpeó a los reporteros.

Los violentos enfrentamientos no pasaron desapercibidos ante la ONU, cuyo enviado especial para los Derechos Humanos, Christian Salazar, lamentó las muertes y heridos que se produjeron durante las protestas y pidió al Gobierno de Boluarte información sobre «qué está haciendo para evitar que esto se repita».

Más de 300 personas fueron detenidas en la nueva ola de disturbios que llevó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia durante al menos treinta días en Amazonas, La Libertad y Tacna, situación en la que ya se encontraban las regiones de Lima, Cuzco, Puno y Callao. Los ataques se repitieron hoy en la mina de cobre Antapaccay de Glencore. La presidenta, que el lunes apeló a los ciudadanos a llevar a cabo la 'toma de Lima' «en paz», llamó al «diálogo y a la calma» y acusó a los manifestantes que piden su renuncia de querer «quebrar el Estado de derecho». Los daños por la 'toma de Lima' ascienden a 800.000 soles (unos 191.100 euros). El primer ministro, Alberto Otárola, acusó a los autores de «sabotaje contra el Estado».

Aun así, las protestas están lejos de terminar. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Gerónimo López, llamó a «continuar la lucha hasta lograr la renuncia de Boluarte». Los aeropuertos de Cuzco y Arequipa aún permanecían hoy cerrados. Los trenes también seguían sin dar servicio a la ciudadela inca de Machu Picchu. Entretanto, los bomberos continuaban intentando apagar el gran incendio desatado en una casona –declarada patrimonio de la humanidad en 1991– cerca de la plaza Mayor de Lima, donde se agruparon centenares de protestantes.

La nueva ola de violencia tuvo lugar un día antes de que los abogados del expresidente Castillo presentaran un 'habeas corpus' para anular la prisión preventiva por dieciocho meses que le impuso la Justicia por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El recurso –el segundo hasta ahora– fue admitido por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima, recoge el diario peruano 'La República'.