Patronal y sindicatos cerrarán el año con cuatro convenios sectoriales pendientes de negociación

En concreto, los convenios que deberían haberse renovado en 2021 pero continúan pendientes de firma son los correspondientes al Comercio del metal, la Segunda transformación de la madera (fabricación de muebles), Tintorerías y lavanderías y Transportes. Entre todos ellos afectan a más de 1.100 empresas y alrededor de 7.000 trabajadores en la provincia.

En este sentido, el de mayor envergadura de todos ellos es el de Transportes, un convenio que repercute directamente sobre las tres grandes ramas del sector, como es el transporte de viajeros, el transporte de mercancías y los aparcamientos privados. Sólo a este convenio están adscritos más de 550 empresas y 3.800 trabajadores. Sin embargo, hasta la fecha sólo se ha dado un primer paso en la negociación, basado en la constitución de la mesa, que en principio volverá a convocarse una vez pasadas las fiestas de Navidad.

Menos movimiento aún se ha registrado en la negociación de los otros tres convenios que deberían haberse renegociado este año entre patronal y sindicatos. Todos ellos quedan pendientes para el próximo ejercicio y llegarán, al menos, con un año de retraso.

Eso es precisamente lo que ha sucedido este ejercicio con el convenio del Metal, el más importante de todos los que negocian patronal y sindicatos. En este caso, el acuerdo debería haber llegado en 2020, pero la pandemia trastocó todos los planes y finalmente se alcanzó, bien entrado el año 2021, un acuerdo para un convenio que afecta a casi 14.000 trabajadores en la provincia.

Junto a este, patronal y sindicatos también han sellado la renovación de los convenios de Primera transformación de la madera (aserradores) y Asistencia médica privada, un convenio en el que se incluyen todas las clínicas privadas.

Con todo, y a la espera de ver los avances que se pudieran registrar en los convenios que han quedado pendientes de 2021, durante el próximo ejercicio se deberían renovar otros cuatro convenios sectoriales de la provincia, los cuales afectan a unos 6.000 trabajadores.

Sin duda, el más importante de todos ellos es el de la Limpieza, un convenio que en su última revisión, firmada en 2018, afectaba a 204 empresas y alrededor de 4.000 trabajadores. Se trata, además, de un convenio cuya negociación no suele ser sencilla, habida cuenta de la atomización del sector, en el que están presentes un puñado de grandes empresas, algunas de ellas con presencia en todo el territorio nacional, y una miríada de pymes y micropymes.

En este sentido, además, la mesa sindical suele estar formada por varios sindicatos que representan a plantillas formadas fundamentalmente por mujeres. De hecho, se calcula que alrededor del 80% del trabajo del sector es femenino.

A este gran convenio se le sumará otro de cierta relevancia en Burgos, como es el de Distribución y elaboración de vinos y bebidas espirituosas. En este caso, se trata de un convenio que, de hecho, afecta a dos sectores bien diferenciados. Por un lado, las bodegas productoras de vino asentadas, fundamentalmente, en la Ribera del Duero y la comarca del Arlanza; y por otro lado, las empresas distribuidoras de bebidas, con fuerte presencia en las tres grandes ciudades de la provincia. En total, este convenio afecta a unas 250 empresas y 1.800 trabajadores.

De menor relevancia son los convenios de Carga fraccionada (paquetería) y Herboristerías, los otros dos convenios sectoriales que en teoría han de ser renovados durante el próximo ejercicio. El de Herboristería, por ejemplo, afecta a apenas un puñado de empresas (en su última revisión eran 5), mientras que el de Carga fraccionada repercute sobre 15 compañías.

Eso sí, este último caso, el convenio viene condicionado por la propia dinámica en la que se encuentra inmerso el sector de la paquetería en los últimos años. Y es que, según reconocen desde la patronal burgalesa, buena parte de las plantillas está formada por repartidores autónomos, por lo que el convenio en sí afecta casi en exclusiva a empleados de oficina o del área de clasificación de mercancías.

En todo caso, y a la espera de que comiencen a ponerse en marcha todos los mecanismos de negociación colectiva, el escenario de trabajo se antoja complejo. No en vano, el significativo incremento del IPC registrado en los últimos meses amenaza con complicar cualquier negociación.

En este sentido, desde la patronal reconocen que es un tema que «preocupa», ya que si dicho incremento se traslada a los salarios, «se incrementarán los costes laborales y eso hará que las empresas sean menos competitivas, por lo que se creará menos empleo», señala Íñigo Llarena. Por eso, insiste el portavoz de FAEe, es «necesario» apostar por la «contención salarial», sobre todo teniendo en cuenta que «en los últimos cinco años no se ha perdido poder adquisitivo en Burgos» y el incremento del IPC es «coyuntural».

Lejos de aceptar tales imrpesiones, desde los sindciatos mayoritarios adelantan que no aceptarán congelaciones salariales. Así, a falta de entrar de lleno en cada uno de los convenios, que presentan características diferentes, tanto UGT como CCOO aseguran que buscarán vincular las revisiones salariales al IPC para «garantizar el poder adquisitivo» de los trabajadores.

«No podemos ser siempre los trabajadores los que soporten» el alza de los precios, a pesar de que ahora mismo se estén atravesando unas «circunstancias totalmente anómalas», asegura Juan Núñez, secretario provincial de CCOO. En este sentido, abunda, «los costes de personal son sólo una parte de los costes de las empresas» y éstas tendrán que «hacer frente sí o sí» al incremento del IPC.

De la misma opinión es Pablo Dionisio Fraile, secretario provincial de UGT, quien subraya en que «el coste de vida está subiendo de manera alarmante» y «eso se tiene que reflejar en los convenios». «Sabemos de las dificultades de la situación, pero no es aceptable que en los convenios no se incluya una cláusula de revisión salarial» vinculada al IPC, sostiene.

En todo caso, unos y otros reconocen que el significativo alza de los precios supone un «factor» que a buen seguro «distorsionará» y condicionará la negociación colectiva, que en los últimos años ha sido relativamente pacífica en Burgos.