Gobierno y transportistas apuran la negociación sin desbloquear los paros del sector

Fuentes de la patronal mayoritaria confirman que entre sus propuestas se debatió elevar de 500 millones a 1.000 millones de euros las ayudas ya ofrecidas por el Ejecutivo para el gasóleo, en un intento por repartir la cantidad entre los representantes del sector de mercancías y también el de viajeros.

Por su parte, el Gobierno ofreció una ayuda para bonificar 20 céntimos por litro desde el 1 de abril al 30 de junio, prorrogable si las tensiones en los precios continúan después de esa fecha. La idea es que el Estado pague 0,15 euros y las petroleras asuman los 0,5 euros restantes. Los transportistas habrían rechazado la oferta al considerarla insuficiente, también porque se desconoce cómo aplicaría la misma sobre los vehículos eléctricos o de gas, lo que afecta de forma directa a sectores como el taxi.

Entre los países de nuestro entorno, las rebajas aprobadas oscilan desde los 0,15 euros por litro aprobados por Francia para un periodo de cuatro meses (a partir de abril)a los 0,25 euros durante un mes en Italia. En Portugal, la bonificación es de hasta 0,30 euros en los transportes de 35 toneladas durante tres meses.

El encuentro estuvo comandado por la vicepresidenta Nadia Calviño –que lleva el peso de las negociaciones–, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la de Hacienda, María Jesús Montero, todas ellas conscientes de lo mucho que el Ejecutivo se juega en términos de credibilidad por su gestión de la crisis. Sobre todo ante el caos vivido en los últimos días con el miedo a la escasez y al desabastecimiento que ha provocado que consumidores hagan acopio de alimentos de forma, en muchos casos, casi compulsiva.

La presión al Gobierno en las últimas jornadas ha llegado también desde las grandes patronales empresariales, CEOEy Cepyme, por el daño y los parones en la producción que están sufriendo muchas empresas afectadas por el retraso en los suministros.

Con o sin acuerdo, el Gobierno no logrará la paz social que persigue. Y es que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, impulsora de los paros iniciados el 14 de marzo, no fue convocada al encuentro celebrado ayer en el Ministerio de Transportes. Como tampoco lo ha sido al resto de reuniones mantenidas estas semanas con las distintas ramas de la CNTC, al que el Gobierno considera el legítimo interlocutor del sector para solucionar el conflicto. «Representa al 90% de las empresas. Otra cosa es que la estructura del sector esté conformada por autónomos que son contratados por esas empresas, que es lo que está dando lugar a paros individuales, no a una huelga», defienden fuentes del Ejecutivo.

Ya desde primera hora de la mañana, el representante de la Plataforma, Manuel Hernández, advertía que los paros no se desconvocarán hasta que no se sienten en la mesa con el Gobierno, a pesar de que muchas de sus reivindicaciones son las mismas que la patronal mayoritaria ha defendido en estos días de intensas negociaciones.

La división es absoluta. «Temen que sea una organización de la calle, nacida y dirigida por los camioneros, con la que tengan que llegar a acuerdos» criticaba ayer Hernández a través de sus redes sociales. «A nosotros no se nos compra con dinero ni subvenciones, se nos arregla el problema», insistió. Por eso, mantienen las movilizaciones convocadas para este viernes en distintas ciudades, con Madrid como centro de las protestas a las puertas del Ministerio de Transportes.

La división ha llegado incluso al seno del Gobierno. Frente al rechazo para reunirse con los convocantes de los paros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogó ayer por la búsqueda de soluciones «con el conjunto del sector», subrayando que los transportistas movilizados «son los más vulnerables». Se aleja así del discurso empleado por algunos ministros que en los últimos días habían calificado de violentos de la ultraderecha a los huelguistas.