El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que la aprobación del ingreso mínimo vital es «un paso de gigante» en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en España. Ha recordado que el Gobierno de coalición tenía el compromiso de poner en marcha esta prestación a lo largo de la legislatura. Pero la intensa crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 ha hecho oportuno «acelerar los ritmos». Porque a la bolsa de pobreza ya identificada se han añadido nuevas pobrezas y nuevos afectados por ellas.

Tal y como ha asegurado Montero, ha nacido hoy un «nuevo derecho de ciudadanía» que marca un antes y un después contra la pobreza extrema y contra la pobreza infantil.

A su vez, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha afirmado que éste «es un día histórico de nuestra democracia». «Hoy nace un nuevo derecho social en España», ha rematado. Y, además, ha añadido que el ingreso mínimo vital es «el mayor avance en derechos sociales» desde la aprobación de la Ley de Dependencia en el año 2006.

Iglesias también ha insistido en que el ingreso mínimo vital es una «cuestión de seguridad de una sociedad», «de seguridad material que permite cubrir las necesidades básicas». «Y también es una cuestión de libertad: no hay libertad sin un mínimo de seguridad económica. No hay libertad si no se llega a fin de mes», ha sentenciado el vicepresidente.

El programa de garantía de rentas de carácter estatal y a cargo de la Seguridad Social se prevé que alcance a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas en situación vulnerable. La inversión se calcula en unos 3.000 millones de euros. Las prestaciones oscilarán entre los 462 euros para un hogar unipersonal y los 1.015 euros en los hogares más numerosos.

El vicepresidente Iglesias ha detallado las características técnicas del ingreso mínimo vital. Será una prestación no contributiva de la Seguridad Social. Se tratará, asimismo, de un derecho subjetivo de ciudadanía, lo que significa que se recibirá siempre que se cumplan las condiciones para ello, lo mismo que sucede con el subsidio de desempleo o con la pensión. Será, además, una renta garantizada en toda España: la Administración General del Estado establece un mínimo para todo el territorio.

El umbral de renta que da derecho a la recepción de la prestación es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola, cifra que va aumentando a un ritmo de 139 euros mensuales por persona adicional en el hogar hasta un máximo de 1.015 euros. Asimismo, las familias monoparentales recibirán un plus de 100 euros mensuales.

La prestación cubrirá la diferencia entre los ingresos con que cuente el hogar respecto a la renta que el Gobierno considera mínima para cada tipo de familia. Así, según ha ilustrado Iglesias, si una persona que vive sola no cuenta con ningún ingreso, la prestación que recibirá del Estado será de 462 euros; pero si cobra 200 euros en un trabajo a tiempo parcial, esta persona recibirá una prestación de 262 euros por parte de la Seguridad Social. En cuanto a una familia de dos adultos y dos menores a la que le corresponderían 877 euros al mes, si sus ingresos mensuales son de 300 euros, entonces el Estado complementaría sus rentas con 577 euros al mes.

Esta característica, ha afirmado Iglesias, distingue esta prestación de otras existentes en el mundo: es compatible con otros ingresos, incluidos los laborales. No sólo se dirige a personas sin ingresos, sino a las que cuentan con rentas muy bajas o con empleos muy precarios. Con ello, expuso Iglesias, se evita la trampa de la pobreza, o la situación por la que alguien que se ve obligado a elegir entre mantener un empleo o cobrar una ayuda pública si es que fueran incompatibles el uno y la otra.

De hecho, Iglesias confirmó que la prestación contará con un estímulo específico al empleo, para que conseguir el ingreso mínimo vital no sea un impedimento, sino un impulso al empleo. De esta manera, si un beneficiario del ingreso mínimo vital incrementa sus ingresos laborales, una parte de esa renta no computaría a efectos del IMV. Así siempre resultará conveniente aceptar un empleo y se desincentivará la economía informal. Los detalles técnicos de este estímulo están aún por definir.

A la hora de valorar los ingresos del solicitante de la ayuda, se contará con las rentas del trabajo, las rentas de capital mobiliario e inmobiliario, así como los procedentes de actividades económicas o las ganancias patrimoniales. Pero se excluirán de ese cómputo los ingresos de las prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción. Y la renta mínima estatal también será compatible con las becas o ayudas al estudio, las ayudas a la vivienda y las de emergencia.

En el encaje de la prestación estatal con la de las comunidades autónomas ha estado uno de los puntos más complejos de la gestión, dado que existía el riesgo de solapamiento y suma de dos prestaciones. Parece que la cuestión se ha resuelto haciendo compatibles y potencialmente complementarias las prestaciones autónomicas y la estatal.

Desde la Asociación de Directores y Gestores Sociales advierten de que las comunidades autónomas, ante la instalación de la prestación no contributiva de la Seguridad Social, pueden caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.

Asimismo, en el cálculo de si un hogar tiene derecho, o no, a la prestación, se tendrá en cuenta el patrimonio. Por lo tanto, se considerará que un hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad en el caso de que la unidad de convivencia cuente con un patrimonio por un volumen igual o superior a los 16.600 euros en el caso de un individuo que vive solo, cifra de la que se detraerá el valor de la vivienda habitual, en términos generales, y que aumentará por cada miembro adicional de la unidad de convivencia, hasta los 43.000 euros en el caso de los hogares más numerosos.

Los beneficiarios, además de reunir condiciones en cuanto a su renta y su patrimonio, también han de cumplir otra serie de requisitos. Así, deberán ser mayores de 23 años (o desde los 18 años si tienen menores a cargo) y menores de 65 años (que también podrán recibir la prestación en el caso de que tengan menores a cargo). En el caso de que no tengan menores a cargo, se requiere que hayan vivido de manera independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital y, además, tienen que haber estado en situación de alta en la Seguridad Social durante al menos un año aunque no sea ininterrumpido. Asimismo, han de haber tenido residencia legal y efectiva en España de manera continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.

Si bien, por regla general, para calcular quién tiene derecho a percibir la renta, se tendrán en cuenta los ingresos y el patrimonio del ejercicio anterior, con objeto de recoger las nuevas vulnerabilidades generadas por la crisis sanitaria, se contempla establecer un mecanismo para paliar ese déficit con que la renta garantizada nacería este año. De este modo, se prevé que se puedan aportar las rentas más recientes para calcular si se puede ser beneficiario de las ayudas, o no, con una declaración de buena voluntad.

Además, la prestación se concederá de oficio a quienes ya son beneficiarios de las prestaciones por hijo a cargo, y que se calculan que son en torno a 100.000.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, expuso que con el ingreso mínimo vital se quieren cumplir dos objetivos simultáneamente: la redistribución de la renta con el foco en la pobreza extrema, pero también mover a esa población hacia una mejor situación, a través de itinerarios laborales o de otro tipo con que se mejore su situación estructural. «Queremos cumplir con este objetivo y crear, más allá de las prestaciones, políticas en torno a esas prestaciones», afirmó Escrivá. En el cumplimiento de estos objetivos afirmó que será muy útil la colaboración con las comunidades autónomas.

Asimismo, el titular del departamento de Inclusión afirmó que tiene como objetivo alcanzar a más de un millón de personas en situación de pobreza extrema, lo que supondría reducir esta tasa en un 80%, recorte que puede ser de hasta un 90% en los hogares monoparentales en una situación de gran vulnerabilidad.

Para lograr la inclusión social de los colectivos más vulnerables, también se prevé la creación del sello social para las empresas que los ayuden con contrataciones u ofreciéndoles descuentos en las compras. Y se prevén, además, bonificaciones en las cotizaciones sociales a las empresas que contraten a personas que estén percibiendo el ingreso mínimo vital.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluará anualmente el funcionamiento del ingreso mínimo vital y las diferentes estrategias y políticas de inclusión que se pongan en marcha.