Fomento endurecerá las sanciones a los VTC que incumplan la normativa actual

Según distintos catedráticos en Derecho, resultaría menos problemático hacerlo con todas en general y que luego cada comunidad decidiera libremente si utiliza dicha facultad. Así se cumpliría con la doctrina del Tribunal Constitucional, que en junio de 1996 –a raíz de un recurso de la Generalitat catalana– afirmó que «todas ellas tienen competencia exclusiva sobre los transportes intracomunitarios», y eso incluye también a los discrecionales y de carácter público como los VTC. Pero ninguna autonomía ha avanzado en esa línea desde entonces.

El TC distingue una «dualidad de competencias», y la del Estado abarca los transportes que «discurran por más de una comunidad». Aun así, desde un inicio viene permitiendo que las autonomías expidan las autorizaciones de VTC –cuyo ratio debería ser una por cada 30 de taxi–, con carácter nacional y la obligación para aquellos de realizar al menos el 20% de sus servicios en la región.

Por eso en el departamento que dirige José Luis Ábalos no esperan problemas legales con la citada «habilitación», por más que algunas comunidades hayan expresado más que dudas. Las últimas, las cinco gobernadas por el PP (Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia y Murcia), reclamaron que aplazara el decreto hasta convocar una nueva conferencia sectorial y discutirlo.

Incluso, según manifestaron representantes del Ministerio a varias asociaciones del taxi, se planteaban extender esa habilitación a los ayuntamientos, que en última instancia podrían requerir así una licencia de ámbito municipal a los VTC como ya hacen con sus competidores. Madrid y Barcelona, cuyo intento está paralizado en los tribunales por un recurso, ya lo han requerido.

Eso sí, el Ministerio concederá una prórroga para adaptarse a los posibles cambios, de entres tres y cinco años. Para los VTC no es suficiente para paliar su perjuicio y por eso ayer se manifestaron varios centenares junto a su sede en Madrid.

Lo que ya tiene decidido el Ejecutivo es endurecer el régimen de sanciones para los conductores de VTC, a fin de que cumplan ya con la normativa actual. En Madrid, por ejemplo, se realizaron 10.000 inspecciones en 2017 y casi la mitad (4.700) acabaron con sanciones que suman 22 millones de euros. El taxi reclama que se ejecuten y se castigue con severidad al reincidente, incluso con la pérdida de la autorización. Fomento se la retirará un año si hay dos incumplimientos graves e, incluso, de forma definitiva si persisten. Además, aumentarán las inspecciones.