Medición al milímetro, día a día, por no decir al segundo. Así es como los ministerios económicos del Gobierno trabajan estos días para evaluar el impacto de la crisis energética y la guerra de Ucrania sobre unas previsiones de crecimiento que han quedado completamente desfasadas.
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El Ejecutivo actualizó su cuadro macroeconómico en septiembre del pasado año, antes incluso de la llegada de la variante ómicron del coronavirus.
Pasada la sexta ola, y frente a la incredulidad de los principales organismos internacionales, aún mantenía una firme defensa sobre su estimación de un crecimiento del PIB del 7% para este 2022. Pero el caos energético y la escalada de la inflación han obligado a los técnicos de Economía bajar los pies a la tierra para elaborar el nuevo Plan de Estabilidad que debe remitirse a Bruselas antes de que termine abril.
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Edurne Martínez Clara Alba
Se espera que el documento incluya una sonora rebaja en las previsiones para adaptarlas a la nueva realidad. La Comisión Europea manejaba para España un crecimiento del 5,6% para este año (tras revisar el dato una décima al alza). Pero esa estimación se lanzó a principios de febrero, antes del inicio de los bombardeos rusos en Ucrania. Ni la inflación rondaba los dos dígitos como ahora.
Con este escenario, todo apunta a que en su nuevo escenario el Ejecutivo asumirá un severo recorte en sus previsiones. Teniendo en cuenta el 5,6%estimado por la Comisión a principios de febrero, los analistas apuntan a que Economía rebajará su proyección del 7% al entorno del 5%.
El problema es que la incertidumbre para elaborar los datos es absoluta. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconocía esta semana que habrá que esperar un tiempo para comprobar el impacto del Plan Nacional anticrisis en la evolución, entre otros, de los precios de la energía. Así, el Ministerio de Economía apurará al máximo el plazo para elaborar sus nuevas previsiones antes de remitirlas a Bruselas, previsiblemente el último día de abril.
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Desde el Ejecutivo recuerdan que con este documento, los ministros de economía evalúan si los Estados miembros van por buen camino para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo.
Para ello, se basan en dos elementos: el análisis del saldo estructural y el valor de referencia del gasto. En este punto, el Ministerio de Hacienda defiende que, pese al incremento del gasto que supondrán las ayudas directas y las bonificaciones a los carburantes aprobadas, el déficit continuará reduciéndose hasta el entorno del 5%este año.
Pese a ello, el país entraría en 2023 superando el 3%que exigen las reglas fiscales europeas, suspendidas ahora por la pandemia. Por eso, Montero ha vuelto a insistir esta semana en la necesidad de que esas rígidas normas se mantengan en suspenso el próximo año por el impacto económico de la guerra. O, al menos, que se redefinan para adecuarse a la nueva realidad.
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