«La única disolución de ETA es que se entreguen y cumplan sus penas»

«Me llamó un sobrino», recuerda José Antonio, el padre de Carlos Enrique, la última víctima mortal de ETA en Castilla y León. «Me llamó un sobrino. Fue así como me enteré de que había habido un atentado en Calviá». Un coche bomba. Un explosivo colocado en una patrulla de la Guardia Civil, en un vehículo estacionado en Palmanova, una zona turística de Baleares. Los agentes habían aparcado frente a un edificio que hacía las veces de oficina de denuncias de la Guardia Civil, sede de Correos, también de la Policía Local. Estaban a punto de dar las dos de la tarde cuando Diego Salvá (de Pamplona) y Carlos Enrique Sáenz de Tejada (de Burgos) se montaron en el coche. Lo pusieron en marcha. El dispositivo del artefacto se activó y explotó una bomba que provocó la dos últimas víctimas mortales de ETA en España (la banda mataría a un policía en Francia el 16 de marzo de 2010). José Antonio se enteró por su sobrino del atentado, de que una bomba había explotado en el lugar en el que estaba destinado su hijo Carlos, en la Guardia Civil desde febrero de 2008, en Calviá como agente en prácticas desde julio de 2008, justo hacía un año. «Lo primero que hice fue llamar a mi hijo al móvil. Nada. Luego intenté ponerme en contacto con la Comandancia de Baleares. Nada. Hasta que al otro lado del teléfono escuché una voz que preguntaba:'¿Es usted el padre?'».

No hizo falta decir más. Los temores de José Antonio tenían confirmación. ETA había asesinado a su hijo en Mallorca. Lo recuerda desde su casa en Burgos. Con su mujer Esther al lado. Ella prefiere no hablar:«Soy capaz de decir cualquier barbaridad». Y recuerdos de Carlos por todas partes. «Mi hijo sigue estando en cada rincón de la casa, en nuestra cabeza y nuestra memoria». Hay fotos de Carlos por el salón. Recuerdos suyos en las paredes. La sonrisa de su rostro en los álbumes de fotos. «Carlos nos acompañará siempre. Y el día que no lo haga, será cuando haya muerto». No solo porque el olvido no existe para las familias, sino porque, asegura, la memoria es fundamental para que la historia no pase de puntillas por los asesinatos de ETA, por el dolor causado durante años por la banda terrorista. «Hay que luchar por la dignidad y por la justicia de las víctimas», dice José Antonio, quien se aferra a la memoria:«Yo no olvido... pero tampoco perdono. Y el perdón de ellos ni me sirve, ni lo espero, ni me interesa. El perdón de unos asesinos me lo paso...».

–ETA dice que se ha disuelto...

–Desde 2011 estamos con esta historia. Que si se disuelve, que si entrega las armas... Hoy da media docena de pistolas y mañana se las lleva metidas en una caja de zapatos. Pueden decir que se ha disuelto, pero hay treinta hijos de puta por ahí sueltos que no se van a entregar en su vida. La única disolución posible es que toda esa gente que está dispersa se entregue, que colabore con la justicia en los casos sin resolver y que cumpla las penas que se les imponga.

«Y luego –continúa José Antonio– está todo ese acto de Cambo [en Francia, donde ETA escenificó su final]. Y ves a las fuerzas políticas de las vascongadas, empezando por el PNV y siguiendo con Bildu, y ves el papel de la iglesia y los obispos en el País Vasco...».

Ocurrió sobre las 14:00 horas de una jornada veraniega, en plena temporada alta de turismo en Calviá (Baleares). Carlos Enrique, junto con su compañero Diego Salvá (de Pamplona),se montó en el coche oficial que tenían aparcado frente a un edificio administrativo que hacía las veces de oficina de la Guardia Civil. Cuando encendieron el motor, se activó la explosivo que ETA había adosado en los bajos del vehículo. Los terroristas colocaron una segunda bomba en otro coche, que fue desactivada.

Hay analgésicos cotidianos para luchar contra el dolor que supone perder un hijo. «No podemos venirnos abajo. Hay que vivir. Que seguir viviendo. Tenemos dos hijas, cuatro nietos. Carlos no está, pero ellos sí. Y la vida te obliga a vivir», explica José Antonio, quien no está dispuesto a que ETA venza en la conquista de la Historia. «No puede ser que ellos la reescriban a su medida. Aquí solo hay una historia posible: la de los asesinos y la de los asesinados». Rescata un encuentro que hace tres años mantuvo con universitarios. «Chavales de 20 y 22 años que no tenían ni puñetera idea de lo que era ETA. Recuerdo que una niña me dijo que si aquello del terrorismo en el País Vasco había sido como lo de la guerra de Colombia. Y tuve que explicarle que no, que no ha habido guerra de ninguna manera. Que con ETA solo había asesinos de un lado. Y, del otro, personas que pusieron la nuca para que les pegaran un tiro o el culo para que les explotara una bomba». El conocimiento de las nuevas generaciones, dice, es nulo. Por eso José Antonio celebra que el testimonio de las víctimas del terrorismo se acerque a los institutos, «porque eso también es justicia, que se sepa lo que hicieron».

La familia de Carlos Enrique Sáenz de Tejada está a la espera de una respuesta de los tribunales. No hay pistas, datos, ni un solo indicio sobre quiénes colocaron la bomba y mataron a Carlos. Pero se han sumado a una causa por delitos de lesa humanidad contra los últimos jefes de la banda terrorista. Al final, lamenta José Antonio, solo podrán sentar en el banquillo a tres, «porque los otros dos ya no están, se han ido, en 2015 dejaron a uno en libertad en Francia y nadie de aquí lo fue a buscar al aeropuerto... así que a saber ahora donde está. Esa es la justicia de nuestro país», lamenta.

Salió de casa a las 8:30 horas para ir a la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid), donde trabajaba en el servicio cartográfico. Iba con su coche (Mercedes 300) por el barrio de Aluche, apenas a mil metros de su domicilio, cuando explotó la bomba lapa que le habían adosado en los bajos de su vehículo. La onda expansiva alcanzó a cuatro estudiantes que a esas horas se dirigían al instituto Leonardo da Vinci. Dos chicas de quince años sufrieron heridas graves por la metralla que se incrustó en sus piernas.

ETA envió desde Toledo un paquete bomba al presidente de Construcciones Atocha, la empresa adjudicataria de la autovía de Leizarán, entre las provincias de Navarra y Guipúzcoa, pero se equivocó de dirección, ya que la firma había cambiado de sede. Al devolver el paquete e intentar contactar con el remitente, comprobaron que era un nombre falso. Dieron aviso a la Policía. Los artificieros intentaron desactivar el explosivo, pero explotó y provocó la muerte de Andrés y de su compañero Valentín Martín. Fue condenado José Luis Urrusolo.

El 28 de junio, los servicios de seguridad del Ministerio de Justicia rechazaron un paquete sospechoso y lo devolvieron a la empresa de transportes. Los terroristas llamaron a la oficina de esa empresa en Aranda de Duero para alertar de que en alguna de sus sucursales había un paquete bomba, y que lo buscaran. Al final, se encontró en Madrid. Tenía un doble detonador que estalló cuando varios artificieros lo intentaban desactivar. Además de Pedro, fallecieron Luis Claraco (Jaén)y José Luis Jiménez Barrero (de Ávila).

La explosión provocó heridas muy graves a José Luis, aunque no murió en el acto, como sus compañeros Pedro y Luis. Fue ingresado en el hospital Doce de Octubre y mantuvo dos días de lucha hasta que finalmente murió. El paquete explotó sobre las 22:15 horas, cuando ya parecía que estaba controlado y que su desactivación era posible. El paquete se había enviado desde Valladolid, con un remite falso a nombre de Jotasu, en la calle Ángel García 7, de Pilarica. Se comprobó entonces que era un solar abandonado.

El coche tenía matrícula de Córdoba y ni siquiera llevaba distintivos oficiales. Pero dentro había dos guardias civiles que volvían al cuartel de Getxo. Circulaba por la calle Amaia cuando explotó un coche bomba (un taxi previamente robado), activado a distancia por un terrorista. Tenía el maletero lleno de explosivos. La deflagración provocó la muerte de Carlos y de su compañero, Aguilera Granados, de 21 años, en el momento. Además, tres personas que paseaban por la céntrica calle resultaron heridas.

Estaban a punto de llegar a Capitanía General, en la calle Mayor de Madrid. Eran las 8:35 horas. En el vehículo militar iban cinco personas cuando a su lado, a la altura de la plaza de la Cruz Verde, explotó un coche bomba que estaba mal aparcado. Murieron todos los ocupantes. Entre ellos estaba Juan Antonio, capitán de Caballería, de cuna salmantina. La onda expansiva alcanzó a dos peatones. La Audiencia Nacional condenó a Ignacio Echevarría a 457 años de cárcel. José Gabriel Zabala y Gonzalo Rodríguez fueron condenados como cooperadores.

Emilio Domingo falleció en el mismo atentado que el salmantino Juan Antonio Núñez. Era uno de los ocupantes del vehículo militar que se dirigía a Capitanía General la mañana del 6 de febrero de 1992. La sentencia de la Audiencia Nacional explica que el coche bomba usado por los terroristas había sido robado en Zarautz en septiembre de 1991 y que los etarras Zabala y Rodríguez colocaron el explosivo para luego llevarlo a la capital, donde lo entregaron a los integrantes del comando Madrid, que aparcaron el vehículo por donde pasarían los militares.

El militar, un salmantino de adopción después de veinte años allí destinado, sacó su coche del garaje del paseo de la Estación. Al subir la rampa de acceso a la calle, explotó una bomba que llevaba adosada bajo el asiento del conductor. Falleció en el acto. Minutos antes, se tomó un café con hielo en la cafetería Vinaroz. Comentó con la camarera que estaba preparando ya las maletas porque se iba de vacaciones en breve. Primer atentado con víctimas mortales cometido por ETA en la región, desde que en 1978 hallaran un cadáver en Treviño.

Estaba esa madrugada animada la partida de cartas que Ricardo echaba (de paisano, fuera de servicio) con un grupo de amigos en el bar Eguía, en San Sebastián, del que era parroquiano. No se percató de que, sobre las 1:20 horas, un terrorista encapuchado se acercó por la espalda y le pegó un único tiro en la cabeza. Falleció en el acto. En la mesa, contaron las crónicas, quedaron el tapete, las cartas y la bebida. Cuando lo mataron, Ricardo trabajaba de radio patrulla en las unidades de seguridad ciudadana de San Sebastián.

José Luis, 31 años, tenía el coche aparcado en doble fila junto a la estación de tren de Rentería. Dos terroristas se acercaron al vehículo y le dispararon. Un único tiro en la cabeza. Los testigos contaron que José Luis salió el vehículo para intentar pedir ayuda, pero que apenas pudo avanzar unos metros antes de caer. Cuando la ambulancia llegó al hospital de Guipúzcoa ya había fallecido. La investigación dice que ETA confundió a José Luis con un policía que tenía un coche similar (del mismo modelo, color y también con matrícula de León).

Unos niños de diez años que iban al colegio se encontraron su cadáver, en el suelo, entre dos coches y muy cerca de su casa. Los terroristas José María Iguerategui y Juan Antonio Olarra (según confirmó la sentencia) lo esperaban a la puerta de su vivienda y uno de ellos le disparó dos tiros en el cuello y la cabeza. Eran las 8:00 horas. José Ramón iba a trabajar a la cárcel de Martutene (San Sebastián), donde ejercía como psicólogo desde 1985. Además, hacía tareas de educador desde 1990.

Había cumplido 26 años como vecino de Andoáin. ETA colocó una bomba en los bajos de su vehículo, que estalló cuando Juvenal lo intentó poner en marcha. La explosión ocurrió sobre las 17:20 horas. Recibió heridas muy graves, pero tenía un hilo de vida cuando la ambulancia lo trasladó al hospital de Aránzazu en San Sebastián, donde finalmente falleció. Exguardia civil, trabajó también en la Diputación. Ayudaba a sus vecinos a tramitar permisos de caza y pesca y otros documentos.

Caminaba por el barrio de Sants, en Barcelona, camino de su casa. Eran las 14:50 horas y la comida le esperaba en la mesa cuando, a la altura de la calle Tenor Massini, un coche paró en doble fila y se bajaron dos personas. Se acercaron a Leopoldo por la espalda y le pegaron dos tiros. Después, los dos terroristas bajaron al coche y huyeron en el coche, conducido por una mujer. La Audiencia Nacional confirmó las identidades de los asesinos: Felipe San Epifanio, Gregorio Vicario y Rosario Ezquerra. Después, abandonaron el vehículo con una bomba dentro. Los Tédax consiguieron desactivarla sin causar heridos.

Hijo y hermano de guardias civiles, trabajaba en el control de vehículos internacionales de Barakaldo. A las 8:00 horas, se acercó a su coche, aparcado frente al portal de su casa, cuando un terrorista se le acercó por la espalda y le disparó tres veces en la cabeza. Falleció en el momento. La Justicia identificó a Ángel Irazabalbeitia como autor de los disparos y condenó a Lourdes Churruca y José Luis Martín Carmona, además de a Aitor Bores y Jorge Martínez Aedo como cómplices.

Fue el segundo atentado mortal en Castilla y León. Luciano, comandante gallego, estaba destinado desde hacía años en León, en la base de El Ferral de Bernesga. Tenía 44 años cuando ETA lo mató. Su hija Beatriz, de 18 años, iba con él en el coche. Le colocaron una bomba-lapa que explotó en la avenida de Ramón y Cajal. El comandante falleció en el acto. Su hija sufrió heridas muy graves en el abdomen, brazos y piernas. La fuerza de la explosión provocó también heridas leves en tres personas que paseaban por la zona. Aquel día había comenzado sus vacaciones de Navidad. La Audiencia Nacional condenó a Sergio Polo a 110 años.

Estaba a tan solo cien metros de su casa. Eran las ocho de la mañana. Acababa de salir del hogar para ir a trabajar cuando le pegaron un tiro en la nuca. El etarra que disparó, Fernando Elejalde, fue detenido justo después, ya que cometió el asesinato frente a un bar en el que había varios policías nacionales de paisano. La Audiencia Nacional lo condenó a 28 años de prisión. Francisco Javier era psicólogo en la cárcel de Martutene e impartía cursos de formación en el Instituto de Criminología de San Sebastián.

Manuel, un calderero en paro, asumió el cargo de concejal que dejó vacante José Luis Caso, después de ser asesinado en diciembre de 1997. En esos seis meses, recibió numerosas amenazas. Le quemaron un coche. Pusieron su nombre en pintadas con una diana. Lo asesinaron cuando volvía a casa de comprar el pan, con una bomba en una motocicleta. La familia de Zamarreño procedía de Salamanca. La de su mujer, Marisol Fernández, tenía  raíces en León. Fueron emigrantes que en los años 50 marcharon al País Vasco.

Comenzó dando clases a los presos en 1983 y un año después aprobó las oposiciones para convertirse en funcionario de prisiones. Estaba afiliado a CCOO. ETA colocó una bomba en los bajos de su coche. Explotó cuando puso el motor en marcha poco antes de las 8:00 horas, cuando se dirigía a trabajar a la prisión. Murió en el acto. Había recibido cartas de amenaza durante el secuestro de José Antonio Ortega Lara, compañero de profesión. Los terroristas llenaron las paredes de su barrio con amenazas.

Era electricista de profesión, pero también un aficionado a la cocina. Así que cuando 17 años antes le ofrecieron un contrato fijo en la Comandancia, no lo dudó. Lo mataron cuando iba a trabajar. Antes se tomó un café en el bar al que bajaba todas las mañanas. Después se montó en su coche y, al arrancar, explotó. Murió al instante y cuatro personas resultaron heridas. ETA mató en 1990 a una persona con su mismo nombre y apellidos, el cacereño Ramón Díaz García. La Audiencia Nacional condenó a Patxi Xabier Makazaga.

ETA recurrió de nuevo a la bicicleta bomba para atentar contra Justo Oreja, cuando salía de su casa en el número 124 de la calle López de Hoyos, en Madrid. Metieron un explosivo dentro de una bolsa colocada en la bici y lo activaron a distancia cuando Justo pasaba por delante. Eran las 8:30 horas. La explosión le provocó graves quemaduras. Falleció un mes después en el hospital de la Paz. Diecisiete personas resultaron heridas por la onda expansiva. La Audiencia Nacional condenó a Aitor García y a Belén Egües.

Junto con su compañero Julián Embid (que también falleció) había acudido aquel día a Sangüesa en un servicio móvil del DNI cuando el coche en el que viajaban explotó, con una bomba lapa en los bajos. Los terroristas colocaron el explosivo en una fiambrera con tres kilos de titadine. El tercer integrante de la patrulla, Ramón Rodríguez, se salvó porque todavía no había subido al coche cuando se produjo la explosión. El vehículo se elevó hasta una altura de cuatro pisos, según las declaraciones de los testigos.

Fernando Trapero y Raúl Centeno colaboraban con la Policía francesa en un dispositivo que seguía los movimientos de ETA en el sur de Francia. Trabajaban de incógnito, pero los terroristas consiguieron descubrir su identidad. Les mataron a tiros cuando iban a coger su vehículo camuflado, después de haber coincidido (un encuentro fortuito, dijeron desde el Ministerio del Interior) con los terroristas en la cafetería de un centro comercial en Capbretón. Sobrevivió al disparo, pero falleció cuatro días después en el hospital.

Raúl falleció al instante en el ataque de los terroristas. Después de coincidir en la cafetería (se sentaron a desayunar justo en mesas contiguas), los etarras sospecharon de su identidad. Salieron del centro comercial antes que los agentes y se apostaron junto a su vehículo, donde los encañonaron con sus armas. Mientras dos etarras los apuntaban, un tercero descubrió un carné profesional de uno de los guardias civiles guardado en una mochila que tenían en la parte trasera del vehículo. Después, dispararon y huyeron.

Estaba casado, con tres hijos. ETA lo asesinó cuando tenía 43 años. Había sido concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Mondragón. Después dejó la política y empezó a trabajar en la empresa encargada de cobrar el peaje de la autopista AP1. Salía de casa para acudir a su lugar de trabajo cuando pistoleros de ETA lo abordaron. Le dispararon cinco veces justo al lado del portal de su casa. El etarra Aguinagalde fue condenado a 32 años de prisión.

Había ido con su esposa a Santoña (Cantabria) para pasar unos días de vacaciones en una residencia militar. Los terroristas colocaron un coche bomba junto a las instalaciones, en la calle Almirante Carrero Blanco, que explotó sobre la una de las madrugada. Luis salía del edificio, después de que una llamada de ETA avisara de la colocación del explosivo, sin que diera tiempo suficiente a que la residencia militar fuera desalojada por completo.

El especial sobre la herida causada por ETA en Castilla y León puede consultarse al completo en elnortedecastilla.es

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