La herida de ETA en Castilla y León sigue abierta

Esa carta del 2 de mayo, esas palabras en las que ETA dijo haber «disuelto completamente todas sus estructuras», poniendo «fin a su recorrido», se escribieron con las mismas manos que acabaron con la vida de 853 personas (según el último dato reconocido por el Ministero del Interior, aunque hay asociaciones de víctimas que lo elevan a 858) y provocaron heridas a 6.389, en 2.472 actos terroristas. Es el balance de casi 60 años de violencia, con profundas heridas también en Castilla y León.

Esta es, después del País Vasco, la comunidad con más víctimas mortales. Los archivos de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco), del proyecto Memoria de Vida (de la Fundación Víctimas elTerrorismo) y del libro 'Vidas rotas', publicado por Espasa, atribuyen a ETA el asesinato de 139 personas nacidas en Castilla y León, a las que habría que sumar otras diez con profundas raíces en la comunidad. En total, 149 heridas mortales en la segunda región más golpeada por el terrorismo de ETA.

Fueron 51 guardias civiles, 36 policías, 16 militares y también comerciantes, transportistas, taxistas, hosteleros, fotógrafos y funcionarios de prisiones. Por provincias, 36 víctimas habían nacido o guardaban una profunda vinculación salmantina. Le siguen León (33), Burgos (23), Zamora (16) y Palencia (12). De Ávila y Segovia procedían nueve asesinados por ETA. Siete de Valladolid y uno de Soria. Hay tres casos vinculados a Castilla y León sin que los registros oficiales consignen su lugar de nacimiento. De esos 148 fallecidos, la mitad están sin resolver. El pasado enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional fijó en 312 el número de asesinatos sin juicio. De ellos, al menos 74 en Castilla y León entre los que han prescrito (veinte años desde que se modificó por última vez el sumario), fueron amnistiados (los cometidos hasta 1977) o no se ha podido comprobar la autoría.

El Norte de Castilla inicia hoy una serie de seis entregas para recordar a todas las víctimas castellanas y leonesas y abordar la herida que ETA deja en Castilla y León.

Acababa de estrenar coche. Un Simca 1000 matrícula de Bilbao con el que prestar servicio de taxi en la ciudad en la que residía desde hacía cinco años. Había emigrado al País Vasco desde Isar, en la provincia de Burgos. Su mujer, Rosario, también era burgalesa. Tenía tres hijas (de trece, diez y cinco años) cuando un terrorista de 23 años -que huía de la Policía- montó en el taxi de Fermín. Lo mató. Fermín se convirtió en la tercera víctima mortal de ETA. La primera de Castilla y León. Tenía 38 años.

La Policía había montado un operativo en un tercer piso de Artekale, en el casco viejo de Bilbao, donde un comando de etarras ocupaba un piso franco. Eran Mario Onaindia, Txutxo Abrisketa, Víctor Arana y Mikel Etxeberria. Los agentes los esperaban dentro y, cuando los tres primeros llegaron a la vivienda, fueron arrestados. El cuarto, Mikel, alias Makagüen, consiguió escapar, con dos heridas de bala en el cuerpo.

En su huida, cogió el taxi de Fermín. Se montó primero en el asiento trasero y luego se pasó al de copiloto. Pidió al coductor que lo llevara a Burgos por la carretera de Basauri. Cuando Fermín vio las heridas, insistió para acercarlo a un hospital, algo a lo que el terrorista se negó. Obligado, Fermín llevó el coche hasta un descampado de Arrigorriaga, donde Mikel Etxeberría le disparó cuatro veces. Una de las balas le atravesó el corazón. Las otras: tórax, ingle, una mano. Después, el terrorista arrojó el cuerpo de Fermín al descampado y emprendió la huida. Dejó el coche cerca de Orozco y luego escapó a Francia.

Un compañero taxista de servicio halló a Fermín en el descampado y lo llevó al hospital de Basurto, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida. Ingresó cadáver. Los taxistas de Vizcaya hicieron una jornada especial el día 12 y la recaudación completa fue a parar a la familia de la víctima.

El asesino de Fermín fue arrestado casi treinta años después, el 2 de abril de 1998 en San Luis de Potosí, México. La Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de cárcel por fabricación de explosivos, pero no pudieron juzgarlo por el asesinato de Fermín, ya que los atentados anteriores a 1977 fueron amnistiados.

Luis Martínez, un agente comercial con raíces vallisoletanas, fue una de las trece personas que perdieron la vida en el primer gran atentado múltiple perpetrado por ETA, con la colocación de una bomba en los aseos de una concurrida cafetería del centro de Madrid.

La cafetería Rolando (antigua cervecería La Tropical) se encontraba en el número 4 de la calle Correo, a un pasito de la Puerta del Sol y muy cerca de la Dirección General de Seguridad. Los etarras comprobaron que esto hacía que numerosos agentes se acercaran por allí para tomar el café o para comer. Pensaron que era el lugar idóneo para la masacre. Un local grande, con once trabajadores y que a diario recibía la visita de decenas de clientes. El atentado provocó trece muertos y cerca de sesenta heridos, cuando la bomba explotó, sobre las 14:15 horas. El artefacto, que fue colocado en los aseos de la cafetería (en el sótano), tenía treinta kilos de dinamita y tuercas de dos centímetros de diámetro, para que actuaran como metralla.

Una de las víctimas mortales fue Luis Martínez Marín, nacido en Valladolid. Vivía en la calle Fernández de los Ríos. Era agente comercial. Fue enterrado en el cementerio de La Almudena.

María de los Ángeles Rey, una joven burgalesa de 20 años, fue una de las trece personas que perdieron la vida en el primer gran atentado múltiple perpetrado por ETA, con la colocación de una bomba en los aseos de una concurrida cafetería del centro de Madrid. María de los Ángeles, natural de Burgos (la familia tenía vivienda en la calle San Joaquín), había acudido a Madrid porque se iba a presentar al examen de una asignatura que tenía suspensa. Durante ese verano, había empezado a trabajar en prácticas como administrativa en un taller de electricidad. Ese día, María y varias amigas eligieron la cafetería Rolando para comer. Mientras sus compañeras fueron a la barra para pedir, ella se acercó a las mesas, para reservar un sitio en el que sentarse. Fue el momento en el que estalló la bomba. María de los Ángeles falleció. Sus amigas resultaron heridas leves.

Su padre, Francisco Rey, habló en el libro 'Olvidados', de Iñaki Arteta y Alfonso Carretero. «Mi hija no se salvó por apenas unos metros». El padre acudió en taxi desde Burgos para reconocer el cadáver de su hija. Era la mayor de cuatro hermanos. Eran otras dos chicas (de 16 y 14 años) y un chico de siete.

Manuel Llanos Gancedo, un joven camarero de 26 años, fue otra de las trece personas que perdieron la vida en la cafetería Rolando. La familia de Manuel procedía de Asturias y él mismo nació allí, en una pequeña parroquia del concejo de Somiedo. Pero muy pronto hicieron las maletas y se mudaron a Villablino, donde el padre de Manuel trabajaba como minero.

Manuel empezó a trabajar desde muy joven como aprendiz de camarero en el casino de la localidad leonesa. Los arrendatarios del local decidieron entonces mudarse a Madrid y probar allí fortuna con una cafetería. Manuel se fue con ellos a la capital. Cuatro años después, la pericia y maestría de Manuel le abrieron las puertas hacia otros locales. Fue cuando los dueños de la cafetería Rolando le ofrecieron un empleo como encargado. Y aceptó. El tiempo libre lo alimentaba con su pasión futbolística. Era un gran aficionado al Real Madrid y no dudaba en acercarse a los campos de entrenamiento para ver a su equipo.

La bomba que en septiembre de 1974 explotó en la cafetería Ronaldo le provocó heridas muy graves. Llegó con vida sobre las 15:30 horas (apenas una hora después de la explosión) al hospital de la Cruz Roja. Le suministraron oxígeno, pero poco más pudieron hacer por su vida. Murió antes de que le pudieran operar.

Habían estado de chatos. Después de una jornada de trabajo, habían decidido dar un paseo por la localidad, visitar un par de bares y tomarse algo para terminar el día. Eran las 20:30 horas y Argimiro García paseaba con Luis Santos, compañero de la Guardia Civil, paisano salmantino destinado en Mondragón, cuando los dos fueron asesinados por los terroristas de ETA.

El agente Argimiro García llevaba siete años destinado en Mondragón y acababa de cumplir las bodas de plata en el cuerpo. Tenía 50 años, estaba casado y tenía siete hijos (cuatro chicas, tres varones), con edades entre los 14 y los 27 años, cuando ETA acabó con su vida.

Después de tomar esos vinos, Luis (con el uniforme puesto) y Argimiro (de paisano) paseaban por la calle del Peral. Un coche Seat, con matrícula de Bilbao (robado horas antes), redujo la velocidad y, al situarse a la altura de los dos salmantinos, uno de sus ocupantes disparó con el coche en marcha. Una ráfaga de ametralladora. Los terroristas huyeron después y abandonaron el vehículo (a apenas 400 metros de distancia del atentado), después de chocar contra otro coche.

Los dos cayeron mortalmente heridos en mitad de la calle. Un grupo de clientes del cine Gurea, situado justo al lado de donde tuvo lugar el atentado, se acercaron a toda prisa para intentar auxiliar a los dos guardias salmantinos. Argimiro apenas sobrevivió unos minutos y falleció antes de llegar a un centro médico.

El subteniente Luis Santos tenía 52 años. Estaba casado y tenía una hija de 24 años y un hijo de 25. Llevaba treinta años en la Guardia Civil y desde 1968 trabajaba en Mondragón, donde ocupaba el puesto de comandante. Volvía a casa después de tomar unos vinos con su compañero Argimiro García. ETA los asesinó desde un coche con una ráfaga de ametralladora. Un grupo de clientes del cine Gurea, justo al lado de donde tuvo lugar el atentado, se acercaron para intentar auxiliarlos. Luis falleció a las 23:25 horas en el hospital de Cruces.

José Ramón Morán llevaba tres años destinado en el País Vasco. Antes había trabajado en Mallorca, en Barcelona, en Torremolinos. Muchos destinos para un hombre de 32 años que, desde muy joven, había salido de su tierra natal, La Vecilla, en León. Su trabajo ahora, como inspector de Policía, estaba en la oficina de expedición del DNI en la comisatía de Getxo. Vivía con su familia (su mujer y Helena, la hija de tres años) en Sopelana, una localidad a siete kilómetros de su lugar de trabajo. José Ramón solía coger el tren de las 8:30 horas. Un trayecto corto y después, unos pocos metros a pie hasta llegar a la comisaría.

Los terroristas conocían su rutina. Un hombre con una escopeta de caza lo disparó dos veces por la espalda (a solo 25 centímetros de distancia) sobre las 8:40 horas, cuando José Ramón, poco después de que se bajara del tren, estaba en el cruce de las calles Alango y Alangobarri. Fue llevado rápidamente a la casa de socorro. Allí falleció a los pocos minutos.

Los testigos (el portero de una finca cercana y un adolescente de 13 años) vieron cómo el asesino se dio después a la fuga en un coche Morris 1300, aparcado en las proximidades con el motor en marcha. El vehículo fue abandonado en Las Arenas, a dos kilómetros del crimen, y hallado por la Policía sobre las 23:00 horas.

La investigación había estrechado el cerco y ya era casi segura la ubicación del lugar en el que se escondían los terroristas que ocho días antes, también en Guernica, habían asesinado por la espalda al guardia civil Andrés Segovia Peralta. El dispositivo estaba preparado. Todo listo para detenerlos. Estaban detrás de ellos y ya sabían el piso en el que se ocultaban. El dispositivo había comenzado de madrugada con el control de las carreteras de acceso y salida de Guernica. Sobre las 6:00 horas, los agentes cercaron el portal del número 47 de la calle Señorío de Vizcaya. Las primeras pesquisas apuntaban al primer piso, pero pronto comprobaron que allí vivían personas que no ofrecían sospechas. Se dirigieron entonces al bajo izquierda. Llamaron al timbre. Abrieron los propietarios, Ignacio Garay (53 años) y Blanca Saralegui (42). Los agentes se percataron entonces de que dos jóvenes intentaban huir por una de las ventanas traseras de la vivienda. Frente a esa ventana se encontraba el teniente Domingo Sánchez Muñoz.

Cuentan las crónicas periodísticas que el guardia civil les dio el alto: «No saltéis que disparo», pero uno de ellos abrió fuego. Las balas alcanzaron al teniente salmantino en la cabeza y el pecho. Se desencadenó así un tiroteo que se prolongó durante más de media hora y en el que también fallecieron los propietarios de la casa. Los terroristas escaparon. Uno de ellos se ocultó en el pueblo y los agentes le perdieron la pista. El otro, Jesús María Markiegi, alias Motriko, se intentó ocultar en el monte Ajangiz. Las fuerzas de seguridad lo encontraron dos horas después del tiroteo, cerca del caserío Mendieta. Sus propietarios lo habían socorrido y ocultado bajo unas tejas, a pocos metros de la vivienda. En el momento de su detención, llevaba un DNI falso (a nombre de Pablo Pérez Viteri) y una pistola con munición. En el piso franco donde tuvo lugar el tiroteo encontraron después una metralleta marca Stein, dos pistolas y 350 proyectiles. También había numerosos documentos e información sobre los movimientos de la Guardia Civil de Gernika y su entorno.

Domingo Sánchez tenía 48 años. Estaba casado con Raquel, a quien conoció durante su primer destino en Barcelona. De hecho, allí en Barcelona estaba la vivienda familiar, donde residían los cuatro hijos de la pareja (de 16, 17, 18 y 21 años). En 1974 ascendió a oficial, con destino en Bilbao. Desde hacía siete meses estaba adscrito al Servicio de Información de la Comandancia de Vizcaya.

No era la primera vez que ETA intentaba matar a Demetrio Lesmes Martín, 55 años, natural de Salamanca, guarda jurado en la empresa de aceros y fundiciones del norte Pedro Orbegozo. El 15 de julio, en un coche robado, tres terroristas esperaban en una rotonda el paso del vehículo de Demetrio. Iba a trabajar. En el turno de noche. Entraba a las 22:00 horas. Demetrio había dejado ya el coche y estaba a punto de atravesar la puerta de la empresa cuando los terroristas bajaron las ventanillas de su vehículo y empezaron a disparar. El vigilante salmantino tuvo los reflejos de tirarse al suelo y escapar de los tiros y las ráfagas de ametralladora. Salvó la vida aquel 15 de julio. Apenas unos días después, el 8 de agosto, ETA acababa con su vida.

Demetrio trabajaba como guarda jurado en esa empresa de Hernani desde 1946. Solía hacer el turno de mañana (desde las 6:00 hasta las 14:00 horas), aunque había jornadas en las que completaba o cubría otros horarios. Aquel 8 de agosto estaba en su jornada habitual. Los terroristas conocían sus movimientos y lo estaban esperando. De hecho, el vigilante salmantino había recibido varias amenazas anónimas que había denunciado ante la Guardia Civil.

Acababan de dar las 14:00 horas y Demetrio volvía a pie a su casa, un primero derecha del grupo de viviendas José Antonio. Los terroristas lo esperaban en un coche Morris robado. Cuando lo vieron, se bajaron del vehículo, caminaron hacia la víctima y, cuando ya estaban a su altura, muy cerquita de las escuelas, le pegaron tres tiros. «Cuando estaba tendido en el suelo, uno de ellos sacó la metralleta y descargó más de veinte balas», contaban los periódicos de la época. En el lugar del suceso se hallaron quince casquillos de bala. Estaba a 200 metros de su casa, donde le esperaban su mujer y sus tres hijos (de 18, 20 y 25 años).

El día en el que lo mataron, Jesús no tenía que trabajar, pero un compañero le pidió que le cambiara el servicio. ETA había elegido ese día, el 5 de octubre de 1975, para tender por primera vez en su historia una trampa, un señuelo con el que atraer a guardias civiles y después asesinarlos. Los terroristas habían colocado una ikurriña (entonces estaban prohibidas) en el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu. Sabían que alguien tendría que ir a retirarla. Y los estaban esperando.

Hasta el lugar se desplazó un Land Rover de la Guardia Civil con un cabo, el conductor y tres jóvenes guardias del puesto de Mondragón. Entre ellos estaba Jesús, un joven 24 años que apenas llevaba ocho meses en el cuerpo. Cuando llegaron al santuario, vieron que la bandera estaba unida a un paquete. Sospecharon que podía tratarse de un explosivo, pero en realidad solo había arena. Quitaron la ikurriña y emprendieron el camino de regreso al cuartel.

Llevaban apenas un kilómetro de camino cuando, sobre las 13:15 horas, explotó una bomba con dinamita y trescientos tornillos como metralla. El artefacto estaba escondido en un talud, en la parte trasera de la carretera. En la calzada había una pequeña marca roja que los terroristas usaron como referencia para detonar la bomba a distancia. La explosión alcanzó de lleno al vehículo, que dio varias vueltas y fue desplazado más de veinte metros de distancia. El cabo José Gómez y el conductor, Juan García Lorenzo, resultaron heridos. Los tres agentes murieron al instante.

Aquel día era domingo, así que eran varios los vehículos que iban y venían por esa carretera camino del santuario. Los primeros en pasar después de la explosión fueron unos padres franciscanos que iban al santuario desde Oñate. Pararon, administraron los últimos sacramentos a los fallecidos y acercaron a los heridos hasta un centro sanitario.

Un periodista de Europa Press acudió al lugar del suceso y escribió una crónica publicada al día siguiente en El Norte: «El espectáculo era dantesco. El Land Rover se encontraba totalmente quemado; parece que había dado dos vueltas de campana y se encontraba en dirección opuesta a la marcha. La parte derecha del vehículo, que había sido alcanzada de lleno, aparecía totalmente calcinada. Por los alrededores se observa un zapato, un gorro de guardia civil, una cartuchera, trozos de ropa chamuscada. Unos metros antes del hueco se apreciaban señales de neumáticos, como si hubiera sido frenado unos instantes antes de ser provocada la explosión». Los autores del atentado se acogieron a la amnistía de 1977.

Jesús Pascual Martín Lozano era el tercero de cinco hermanos de una familia de Villaverde de Íscar, en Segovia. Su padre trabajaba en una explotación ganadera. Tenía 24 años.

Gregorio tuvo la oportunidad de elegir destino en Logroño, pero prefirió continuar como agente en Guipúzcoa. Tenía 33 años. Llevaba doce en un cuerpo que veneraba, pues su padre también fue Guardia Civil. Iba vestido con el uniforme reglamentario el día en el que ETA le quitó la vida. Dejó viuda y dos niñas huérfanas (de seis y cuatro años). La banda terrorista lo asesinó porque era Guardia Civil. Lo dijo en un comunicado emitido el 8 de abril. «Todos los sectores de las fuerzas de seguridad son objetivos legítimos», decía el escrito, que recoge el libro 'Vidas rotas', donde se recuerda que fue a partir del asesinato de Gregorio Posada cuando ETA incluyó «como objetivos a todos los agentes policiales por el mero hecho de serlo».

Aquel 3 de abril de 1974, Gregorio circulaba con su vehículo, un Seat 850, por la calle Juan XXIII de Azpeitia. Eran las 18:15 horas. La vía estaba en obras, así que Gregorio tuvo que levantar el pie del acelerador y conducir muy despacito. Dos miembros de ETA aprovecharon esta circunstancia. Estaban apostados detrás de unos materiales de obra cuando le salieron al paso. Los testigos contaron a la prensa que llevaban una maleta y que desde hacía un rato rondaban por la zona. Conocían los movimientos de Gregorio y le estaban esperando. La maleta les hacía parecer viajantes, por lo que no levantaron especiales sospechas. Llegado el momento, se colocaron delante del vehículo y lo ametrallaron. La ráfaga de disparos destrozó las ventanillas delanteras y el parabrisas. Alcanzaron a Gregorio en varias partes del cuerpo. También la cabeza. Perdió el control del vehículo y chocó contra un local cercano.

Cuentan las crónicas periodísticas del día siguiente que un niño de diez años vio el ataque y corrió hasta un bar cercano para avisar del atentado a los clientes. Un grupo corrió hasta el lugar del asesinato, mientras que otros llamaron al cuartel de la Guardia Civil. Gregorio fue trasladado primero al centro de salud. Murió sobre las 20:00 horas en el hospital militar de San Sebastián. Los asesinos huyeron en una moto 'scooter' robada horas antes y que luego abandonaron. Fueron acusados José Antonio Garmendia, alias Tupa, y Ángel Otaegui.

Villaferrueña ha dedicado una placa en memoria de Gregorio Posada en la localidad.

Un año tardaron en hallar el cadáver de José María González Ituero, un joven de 25 años natural de Madrona (en Segovia), segundo de seis hermanos, con apenas ocho meses en la Policía Nacional, donde había ingresado después de cumplir el servicio militar. Un año tardaron en hallar su cadáver y el de José Luis Martínez, compañero de Calatayud. Habían comido juntos en una pizzería y después, decidieron pasar a Francia (Hendaya) para ver una película en el cine Varietés. Dejaron sus armas en el puesto de control aduanero y se dirigieron a la sala de proyecciones. Allí, a las puertas del cine, se les vio por última vez. Unos testigos dijeron un mes después que habían visto cómo eran abordados por un grupo de hombres armados que les obligaron a introducirse en el coche. El caso es que ni José María ni José Luis volvieron a recoger sus armas a la aduana. Las autoridades españolas avisaron a la Policía francesa. Hubo una operación con cuarenta detenidos. En la casa de uno de ellos se halló la documentación de los policías. Poco más se supo. Hasta que un año después se encontraron sus cadáveres.

Fue el 19 de abril de 1977. Tres adolescentes (Maxime Toscanino, Alain Normand y Pierre Blanchard) estaban de paseo por la playa Chambes D'Amour, en Anglet (una localidad entre Biarritz y Bayona). Habían acudido a la playa con azadas y palas para buscar metales, monedas y material bélico. Todavía había en la zona restos de la Segunda Guerra Mundial, como un búnker construido por los alemanes donde se metieron. Allí, enterrados en la arena, a una profundidad de unos veinte centímetros, encontraron dos cadáveres en un avanzado estado de descomposición. Estaban maniatados por la espalda «con una cuerda muy gruesa», decían las crónicas de la época. Tenían mutilaciones en los dedos y a uno de ellos le faltaba la mano derecha. Estaban «casi momificados», decían los periódicos de entonces. La primera identificación llegó a través de la ropa, con etiquetas españolas. Después, dos policías de la comisaría de Bilbao y otros dos de San Sebastián comprobaron que las ropas, los zapatos y los efectos personales coincidían con los que José Luis y José María llevaban aquel día de 1975 en el que se les vio por última vez. El doctor Lanard, un médico forense de Bayona, les practicó la autopsia. Reveló que uno de ellos había muerto de dos disparos en la nuca efectuados a quemarropa.

Los terroristas solían utilizar las ikurriñas como reclamo para cometer atentados. En aquella época, era una bandera considerada ilegal. Los miembros de ETA acostumbraban a colgarlas en lugares públicos, bien con explosivos enganchados, bien adosadas a cables de alta tensión. Aquel fin de semana, hubo al menos diez banderas trampa en las tres provincias vascas. Una de ella acabó con al vida de Miguel Gordo García. Miguel había nacido en Villambrán de Cea en 1935. Llevaba 17 años en la Guardia Civil. Siempre en el País Vasco. Su primer destino había sido Ochandiano (Vizcaya). Después pasó a la comandancia de Bilbao, donde trabajaba como técnico en desactivación de explosivos. Cuando el puesto recibió el aviso de la colocación de una ikurriña en la calle León, en Baracaldo, frente al edificio de la Telefónica, Miguel fue el encargado de ir a retirarla.

Eran cerca de las once de la mañana. La bandera estaba en un cable de alta tensión. La descarga se produjo al intentar cortar con un alicate la argolla metálica que unía la bandera al cable. Ya había fallecido cuando ingresó en el Hospital de Cruces. En seis meses, cinco guardias civiles fueron asesinados en parecidas circunstancias. Entre ellos, el segoviano Antonio de Frutos Sualdea. Miguel fue enterrado en Riesgo de la Vega (León), el pueblo de su esposa.

Los terroristas solían utilizar las ikurriñas como reclamo para cometer atentados. En aquella época, era una bandera considera ilegal. Los miembros de ETA acostumbraban a colgarlas en lugares públicos, bien con explosivos enganchados, bien adosadas a cables de alta tensión. El 3 de mayo de 1976, una llamada avisó de la colocación de una gran ikurriña (de 1,80 metros), adosada a un paquete en el muro de contención del embalse de Urtatza, a dos kilómetros de Legazpi. El cabo Antonio de Frutos acudió hasta allí con una dotación. Mandó que dos agentes fijaran un control de seguridad, por si la bandera estaba conectada con un explosivo, y él cogió el coche, un Seat 850 de color azul, para regresar al cuartel y recabar más información. Eran las 9:45 horas.

Apenas había avanzado doscientos metros por un camino en pendiente, sin asfaltar, por donde solo podía pasar un vehículo, cuando estalló una bomba, semioculta en un talud del camino y activada a distancia por los terroristas (el cable llegaba hasta las proximidades de un caserío cercano). El artefacto tenía seis kilos de explosivos Goma 2. El coche voló cuatro metros y el cuerpo del guardia civil salió despedido a un terraplén. La familia nunca ha sabido quién mató a Antonio. Dejó viuda, María Martín, y tres hijas, María Jesús (tenía entonces 12 años), Teresa (10) y Antonia (8).

Tenía 29 años, estaba soltero y era Policía Nacional, conductor del coche de escolta (un Renault 12 de color verde) de Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, asesinado ese día por ETA. Era el lunes 4 de octubre de 1976. Las 14:20 horas. Y los coches apenas habían recorrido 800 metros. Esa era la distancia que separaba la Diputación de la vivienda de Araluce, en el número 7 de la avenida de España. Allí, cuando el político abrió la puerta de su vehículo para bajarse, ETA lo esperaba para matarlo. Tres terroristas aguardaban (con chubasquero verde, gabardina blanca, abrigo oscuro) en una marquesina de autobús. Cuando los coches se pararon y Araluce abrió la puerta, los terroristas empezaron a disparar. Mataron a los cinco ocupantes de los dos vehículos y provocaron heridas a diez personas que pasaban por la zona. Según el relato de los testigos, recogido por la prensa de la época, los pistoleros dispararon primero a los dos ocupantes del coche de escolta, donde estaba el leonés Alfredo García González. No ha quedado comprobado si fue él el escolta que logró bajar de su coche para proteger al presidente de la Diputación, pero fue abatido a mitad de camino.

Los asesinos huyeron después de un Simca 1.200 de color blanco, matrícula de Bilbao, donde les esperaba una cuarta persona.

El joven burgalés José Vicente del Val del Río, 21 años, pasó 25 agónicos días entre la vida y la muerte, hasta que finalmente no pudo hacer frente a las heridas que le provocó el atentado terrorista del que fue víctima el 5 de marzo de 1978. Eran las 20:00 horas. Media hora antes, el comando Araba de ETA había robado un Seat 1430 del aparcamiento del hospital Txagorritxu, en Vitoria. Con él fueron hasta la calle Reyes de Navarra, junto al matadero municipal, donde esperaron el paso de un jeep de la Policía Armada. El vehículo estaba lleno de agentes. No solo por los cuatro que formaban la patrulla, sino porque también se montaron otros dos agentes que estaban por la zona y que se meterion en el jeep para informar sobre los resultados de la ronda vespertina.

Los terroristas dispararon contra el vehículo. La inspección posterior contó hasta 52 impactos de bala. El cabo que iba en el asiento del copiloto salió ileso y se acercó a una cabina de teléfono para pedir ayuda. Los vecinos de la zona corrieron para atender al resto de ocupantes del vehículo. Entre ellos estaba José Vicente del Val, quien resultó gravemente herido por siete disparos. Fue trasladado al hospital de Santiago, donde falleció 25 días después.

El 11 de enero de 1978, el zamorano José María Acedo Panizo se jubilaba y dejaba la Guardia Civil, después de llegar a sargento primero y jefe del puesto de Andoain. Tenía 56 años. Y no habían pasado dos meses de su retiro cuando ETA lo asesinó. Trabajaba como jefe de porteros de una empresa de Aduna, Aplicaciones Técnicas del Caucho. El viernes 10 de marzo, sobre las 13:30 horas, un tipo con barba y melena (al parecer postiza) atravesó la verja del recinto de la fábrica, se acercó hasta el puesto de trabajo de José María y, desde menos de un metro de distancia, le disparó varias veces. La víctima cayó al suelo malherida, intentó huir, pero su asesino le clavó la rodilla en el pecho y le disparó de nuevo en la cabeza. Los propios compañeros de trabajo llevaron a José María hasta la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, a bordo de una furgoneta azul del trabajo. Nada se pudo hacer para salvar su vida. Ingresó cadáver, con tres impactos de bala en el tórax y otro en la cabeza.

El terrorista escapó en un Seat 850 de color azul que lo esperaba con el motor en marcha junto a un caserío cercano. José María acababa de estrenar nuevo hogar en Tolosa, donde se había mudado tan solo 15 días antes. Tenía mujer y tres hijos (dos varones, de 32 y 22 años, y una joven de 14).

Fueron cinco años de terror para los obreros que trabajaban en la construcción de la central nuclear de Lemóniz, promovida por la empresa Iberduero. Durante cinco años, ETA promovió una campaña de atentados contra la planta, que se saldó con 246 acciones terroristas, catorce heridos y cinco empleados muertos. Entre ellos estaba Andrés Guerra Pereda, de 29 años, contratado por Montajes Ibemo, una empresa subcontratada para la construcción de la central. Murió a causa de una bomba colocada en las obras.

La Justicia condenó a José Antonio Torre, alias 'Medius', quien trabajaba como electricista en las instalaciones de la central. Se había aprovechado de ese puesto para investigar y recopilar documentación sobre la planta. Se la conocía al dedillo. Tenía material suficiente para saber dónde y cómo colocar un explosivo. Torre pasó toda esa información a un comando etarra (tres terroristas disfrazados de trabajadores), que se colaron en la central. Colocaron una bomba en el interior de uno de los generadores de vapor del edificio de contención número 1. Para llegar hasta allí (un lugar de complicado acceso) había que bajar un largo tramo de escaleras metálicas y recorrer varios pasadizos.

ETA avisó por teléfono a las 14:40 horas de que había puesto la bomba. A las 14:53 se produjo la explosión (estaba programada para las 14:55 horas). Muy cerca del lugar, junto al generador, estaba Andrés Guerra y un compañero de Portugalete, Alberto Negrón Viguera. Los dos perdieron la vida. Otros catorce trabajadores resultaron heridos.

Era el momento del relevo. Cuando los agentes entregaban el testigo a sus compañeros, después de una larga jornada de vigilancia en el barrio de Bidebieta, en San Sebastián. Eran cuatro agentes en torno a un jeep. Uno de ellos estaba en el exterior del vehículo. De pie. Charlando con sus compañeros. Hasta el lugar se acercó un taxi, un Seat 132 de color blanco, del que bajó un etarra que se puso a disparar con una metralleta. El sargento abulense murió. Sus tres compañeros (uno de ellos intentó pedir refuerzos por el radioteléfono) resultaron heridos, antes de que el terrorista escapara del lugar.

La víctima mortal, Francisco Martín González, tenía 32 años y era natural de Ávila. Llevaba solo un mes destinado en San Sebastián. Su mujer vivía en Madrid. La Audiencia Nacional condenó en 1983 a José Cruz, como autor material del atentado, a 30 años de cárcel. También condenó en 1981 a Miguel Sarasqueta y José Manuel Olaizola como cómplice.

Tenía veinte años. Estaba soltero. Llevaba solo dos meses en Bilbao cuando ETA acabó con su vida. Ese mismo día, la banda terrorista había asesinado al cabo Anselmo Durán y la Guardia Civil fijó controles en varias carreteras para capturar a los terroristas implicados. En uno de esos controles estaba Ángel Pacheco. Le tocó el del Alto de San Miguel, en una carretera secundaria que llevaba a Elgóibar.

Eran las 20:45 horas. Los agentes habían detenido a un vehículo y comprobaban su documentación cuando otro coche, con las luces apagadas, se acercó hasta el lugar en el que estaban los guardias civiles. Sus ocupantes, del comando Araba, dispararon y después emprendieron la fuga. El libro 'Vidas rotas' recuerda que los asesinatos cometidos el 9 de octubre de 1978 condujeron a la convocatoria de los primeros actos multitudinarios de protesta contra el terrorismo en el País Vasco, con la convocatoria de una gran marcha para el 29 de ese mes en Bilbao.

Los terroristas los esperaban con pistolas, subfusiles, escopetas de caza. Estaban escondidos en una zona de pinos a ambos lados de la calzada, en una carretera con muchas curvas que conducía hasta el sanatorio de Santa Marina, donde estaba ingresado un preso de la cárcel de Basauri que requería vigilancia especial. Un jeep se encaminaba hacia allí para dar el relevo cuando se encontró con la emboscada terrorista. Recibió varias ráfagas de disparos (veinte impactos se contaron después en el coche) y murieron tres personas: José Benito Díaz, Ramón Muiño y el salmantino Elías García González. Estaba casado, tenía 21 años y una hija de doce meses. Elías consiguió salir del jeep, que se había desviado cuando el conductor perdió el control hasta chocar contra un talud, pero tenía tantas heridas en el pecho que cayó en seguida al suelo.

Instantes después del atentado, por la carretera pasó un Seat 133 conducido por un joven que se dirigía al sanatorio. Los terroristas, antes de huir, le dispararon a las ruedas para evitar que diera parte. Fuenterroble de Salvatierra rindió en 2012 un homenaje a Elías García González.

Aquella tarde de domingo había fútbol en el campo de Gobelas, en Getxo. Al terminar el partido, sobre las 18:15 horas, los cuatro integrantes de la Guardia Civil que habían acudido para prestar el servicio de seguridad regresaban andando al cuartel. Iban en parejas, por las dos aceras de la calle Máximo Aguirre, una zona con árboles y escasa iluminación. Allí les esperaban cuatro individuos (agazapados detrás de una tapia de medio metro de altura, entre el edificio de Teléfonica y la calle), que en cuanto tuvieron a los agentes cerca abrieron fuego con metralletas y escopetas de caza.

Los dos guardias civiles más cercanos a la acera de la tapia murieron en el acto. Uno de ellos era Luciano Mata. También falleció otro de los agentes que caminaba por la acera opuesta. Eran Luis Gancedo y Andrés Silverio Martín. El cuarto guardia civil resultó gravemente herido. Después, los cuatro terroristas salieron corriendo y huyeron en dos vehículos Seat previamente robados y luego abandonados.

Luciano estaba casado y tenía dos hijos. 58 años. Le faltaban cuatro días para la jubilación reglamentaria.

Epifanio trabajaba como chapista en el Garaje Avenida, en Durango. Tenía 27 años, estaba casado, un hijo de un año. Sus padres habían emigrado desde Zamora para trabajar en Durango, donde atendían la portería de una finca en la calle Ezkurdi. Era miércoles. 25 de octubre. Pasaban pocos minutos de las 13:00 horas cuando los trabajadores del garaje (eran cinco) salieron del taller y atravesaron un descampado camino de sus casas para ir a comer. A mitad de camino, se cruzaron con un hombre que, junto con otras dos personas, revisaban un coche de color blanco que tenía el capó levantado. Casi todos sus compañeros pasaron de largo, pero Epifanio, afiliado a la UGT, se acercó a hablar con él. Tal vez le pidió consejo para arreglar el vehículo.

En ese momento, el terrorista sacó la pistola y disparó siete veces a bocajarro. Tres disparos acertaron en la cabeza. Dos en el pecho. Los asesinos emprendieron la fuga en el mismo Renault 5 que sirvió como señuelo. Uno de los compañeros de trabajo declaró después a la prensa: «Creíamos que eran amigos de Epifanio y por eso seguimos adelante». En cuanto oyeron los disparos, los otros trabajadores del taller echaron a correr y se escondieron en una panadería cercana y en el bar Ainhoa, situado en la misma calle. Las mismas crónicas recordaban que varios vecinos subrayaron que el fallecido «tenía amigos y se tomaba vinos con la Guardia Civil».

Tenía 25 años, estaba soltero y era un guardia civil destinado en Logroño, aunque de vez en cuando tenía que hacer incursiones en el País Vasco para tareas de apoyo. Es lo que ocurrió aquel 11 de noviembre de 1978 en el que ETA lo mató, junto con el leonés José Rodríguez de Lama. Una patrulla de la Guardia Civil de Logroño (dos Land Rover) había pasado la noche de guardia y controles en la carretera de Beasain a Zumárraga. Ya estaban de vuelta, camino de Logroño, cuando entre Urretxu y Ezkioga explotó la bomba que los terroristas habían escondido en un terraplén, bajo tierra y piedras en la orilla de la carretera.

La intención de los terroristas era que la bomba alcanzara a los dos vehículos de la Guardia Civil. Pero justo en ese tramo, uno de los coches había adelantado a un camión, que se colocó entre los dos Land Rover. Los integrantes del comando Urola de ETA decidieron en el momento que la bomba estallara al paso del segundo vehículo de la Guardia Civil. La bomba tenía veinte kilos de goma 2 y tuercas y tornillos como metralla. También 53 metros de cable para poder activarlo a distancia. La explosión tuvo lugar a las 10:30 horas, desplazó el coche 15 metros y el vehículo cayó sobre un maizal. Lucio Revilla y José Rodriguez de la Lama fallecieron en el acto. El tercer guardia civil, Francisco Córdoba Ramos, sufrió heridas graves.

Una sentencia de la Audiencia Nacional de 1987 condenó a María Mercedes Galdós Arsuaga a 27 años de cárcel por los asesinatos y a cuatro penas de 17 años de prisión menor por los frustrados. También fue condenado Félix Ramón Gil.

José había nacido en León 1947. Estaba casado con Carmen. Tenían dos hijos. Y un tercero estaba de camino. Era un guardia civil destinado en Logroño, aunque de vez en cuando tenía que hacer incursiones en el País Vasco para tareas de apoyo. Es lo que ocurrió aquel 11 de noviembre de 1978 en el que ETA lo mató, junto con el zamorano de Benavente Lucio Revilla Alonso.

Eran las nueve y media de la mañana, la hora a la que José Francisco Mateu Cánoves solía salir de casa para ir a su trabajo como magistrado del Tribunal Supremo en Madrid. ETA tenía perfectamente estudiados sus movimientos: los horarios, los caminos, las rutinas. Los terroristas lo esperaban dentro de dos coches aparcados en la calle Claudio Coello, apenas a 200 metros de su casa. Cuando lo vieron aparecer, se acercaron a él, le dispararon a bocajarro y después huyeron en dos motos. La familia ya destacó ese mismo día que José Francisco había recibido amenazas.

ETA mataría años después, en 1986, a Ignacio Mateu Istúriz, uno de sus siete hijos, en San Sebastián. Ignacio Mateu Istúriz falleció el 26 de julio de 1986 por una bomba trampa oculta entre la hierba que explotó en las inmediaciones de la casa cuartel de Aretxabaleta, que la madrugada anterior había sufrido un ataque con dos granadas. Mateu Istúrez estaba a punto de pedir la baja en el País Vasco para trasladarse a Madrid y estudiar idiomas.

La Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a una pena de 29 años de reclusión mayor.

Eran las 11:10 horas del 20 de noviembre de 1978. Un grupo de 33 policías nacionales echaba un partidillo de fútbol en un campo situado justo detrás del cuartel de Basauri, en un terreno muy cercano a la autopista Bilbao-Behobia, a tan solo cincuenta metros de la calzada y separado por una pequeña valla de medio metro de altura. Era una mañana de diversión y deporte. A esa hora, tres coches (un Seat 127, un Renault 5 y un Seat 132), robados antes a mano armada, pararon en el arcén. Salieron siete personas. Otras tres se quedaron al volante, con el motor encendido. Seis de los que bajaron del coche portaban metralletas. El otro, un cetme repetidor de largo alcance. También tenían rifles de mira telescópica. Dispararon primero contra los centinelas de las garitas. Luego, abrieron fuego de forma indiscriminada contra el resto de los policías que jugaban al fútbol.

Murieron dos personas, el salmantino José Benito Sánchez y un compañero de Zaragoza. Otras 16 personas resultaron heridas. La Justicia no ha sido capaz de determinar quiénes fueron los autores materiales del atentado. La Audiencia Nacional sí que condenó en 1980 a Juan José Gaminde, quien refugió en su casa a los terorristas. José Manuel Legarreta-Echeverría fue condenado como cómplice.

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