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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha valorado este lunes la situación que padecen actualmente los tribunales, tras derivar los políticos a los jueces las decisiones sobre los derechos fundamentales y las posibles restricciones por ... la pandemia de la covid, una vez que finalizó el estado de alarma.
«El problema de la pandemia, que se está echando encima de la administración de Justicia o del Poder Judicial, debería haberlo resuelto el poder ejecutivo con la iniciativa legislativa. La salas de los contenciosos administrativos de los Tribunales Superiores estamos resolviendo con la Ley General de Sanidad de 1986, que no preveía una pandemia como la que estamos sufriendo desde 2020. El poder legislativo ha tenido tiempo, en un año y medio, para actualizar esa ley», ha señalado esta mañana el presidente del TSJCyL en la presentación de la memoria anual.
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Álvaro Muñoz
Una ley que para el propio Concepción debería haber sido modificada, por lo que no entiende la inacción del gobierno de la nación. «Si hubiera estado en esa posición, habría adoptado las medidas legislativas necesarias. Hemos padecido la mayor crisis en los últimos 80 años. Ha habido tiempo para tomar decisiones y no ir parcheando la situación. La responsabilidad, de haberla, debe achacarse al poder del estado que tenía sobre sí la responsabilidad para resolver el problema y no lo ha hecho», ha añadido el presidente del TSJ de Castilla y León.
Unas decisiones que han mostrado una disparidad en los diferentes Tribunales Superiores de cada comunidad autónoma. «No hay disparidad en la resolución, hay disparidad en las circunstancias. No es que cada juez haga lo que quiera, cada juez aplica la ley de una manera diferente. Además, las legislaciones, en algunos casos, son distintas. Tienen que validar las resoluciones de las comunidades autónomas cuando afectan a derechos fundamentales como en los cierres perimetrales o en limitaciones de horarios. Otras cuestiones, como el cierre de la hostelería, que no afectan a derechos fundamentales, se resuelven a instancia de parte y en algunas comunidades no se han interpuesto», continúa.
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