La Policía analiza la documentación de ocho años requisada en las oficinas de Ulibarri

Entre los 15 registros particulares que se realizaron por orden del juez está el del domicilio de empresario José Luis Ulibarri Cormenzana, expresidente de la quebrada Begar en 2009, de la promotora UFC, y de medios de comunicación (Diario de León, Diario de Valladolid, El Correo de Burgos, Diario de Soria, el 50% de RTVCyL o Castilla y León Radio). Su residencia en una urbanización de Simancas fue registrada en su presencia. También se ordenó la incautación de material en el piso que el constructor tiene en la calle Canillas de Madrid.

La entrada y registro también se ordenó para el domicilio particular de Miguel Hernán Manovel, en una calle de Valladolid. Esta persona está considerada uno de los directivos más próximos a Ulibarri, a quien acompaña desde su etapa empresarial en los años ochenta en El Bierzo.

Servicios de limpieza

Los agentes de la Sección Económica de la UDEF tenían orden clara además de entrar en las antiguas oficinas de Begar (hoy ocupadas por Aralia S. A., mercantil dedicada a prestar servicios sociosanitarios, mantenimiento en edificios y esparcimiento), situada en la calle Francisco Hernández Pacheco 14, del barrio vallisoletano de Huerta del Rey.

En este caso, la orden del magistrado solo fue para recabar información y documentos en los despachos de José Luis Ulibarri y de Miguel Manovel. Se buscó que la presencia policial no afectase al funcionamiento del resto de empresas que tienen su sede allí.

El objetivo de todo ello ha sido buscar material (documental, tecnológico y de mensajería) que pruebe los delitos de tráfico de influencia, falsedad documental, y prevaricación de funcionarios públicos, así como el cohecho.

El magistrado autorizó expresamente a la incautación de material de comunicación, como ordenadores, 'pen drives', discos duros, tablets y otros dispositivos de almacenamiento digital o analógico, que los agentes de la UDEF están comenzando a analizar.

El juez de Badalona ha encomendado que se analicen las agendas y cuentas de correo electrónico de todos los encausados, entre ellos cargos públicos de León, Astorga, San Andrés de Rabanedo y Palencia, y empresarios relacionados con esta trama, que sitúan a la mercantil catalana Aplicaciones Gespol S. L. en el epicentro. Precisamente, los funcionarios comenzarán a estudiar los expedientes de contratación de suministro o servicios de esta empresa, que se dedicaba a instalar equipos de sanción automática y de seguridad vial (semáforos, radares y cámaras).

La documentación y los procedimientos de contratación en los que las sociedades de los investigados han sido los adjudicatarios comprenden casi ocho años, es decir, desde inicios del 2010 hasta la actualidad.

El material de discos duros que no ha podido ser copiado ha sido precintado por orden judicial.

Objetivo y pruebas

Los agentes tienen como objetivo ahora tratar de demostrar que la trama de sociedades (entre ellas también Valoriza Servicios Medio Ambientales) se presentaba en distintos ayuntamientos españoles para realizar trabajos sin licitación oficial, u obtenerla mediante procedimiento fraudulento.

El juzgado de Badalona es el que instruye esta investigación desde el año 2016, pero nada había trascendido nada al respecto hasta esta semana. El sigilo ha sido determinante, y por ello se fijó que de forma simultánea los registros se hicieran entre las 6 de la mañana del pasado martes 3 de julio y hasta bien entrada la noche de ese mismo día. Han colaborado funcionarios adscritos a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de Hacienda.