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Alfonso Fernández Mañueco no quiso abundar nada más allá de enunciarlo: «Estamos trabajando en un plan postalarma», dijo el domingo. «Para proteger a las personas y responder ante cualquier situación que se pueda producir con los protocolos perfectamente afinados ante posibles rebrotes. Hay ... un comité de expertos sanitarios y jurídicos trabajando en la normativa».Y cuando le preguntaron por sus peculiaridades, agua.
Resulta que es más complejo de lo que parece. La primera comunidad que lo ha experimentado, Galicia, publicó el sábado sus propias normas, su plan postalarma, ya que desde ayer se convertía en la primera comunidad en esa fase 4 de normalidad relativa. Regula que haya una «distancia de seguridad interpersonal» de 1,5 metros,la obligatoriedad de las mascarillas o, por ejemplo, que «el tiempo que pasen en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario para que los clientes o usuarios realicen sus compras o reciban la prestación del servicio».
Siguen los aforos reducidos, la higiene y desinfección obligatoria en cualquier espacio público... Pero con la movilidad recuperada. El presidente gallego, Núñez Feijoo, ha pedido al Gobierno que articule el modo de limitar movimientos entre comunidades sin recurrir al estado de alarma, informaba 'La Voz de Galicia'.
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Y ese es el problema. Para muchas de las cuestiones más delicadas, como la posibilidad de confinar una población por un rebrote, hace falta una garantía jurídica que se antoja complicada. Luis Tudanca (PSOE), líder de la oposición en Castilla y León, reclamó a la Junta que ese plan post-alarma aún por definir sea «dialogado» con ayuntamientos, diputaciones, agentes económicos y sociales y partidos políticos, informa Europa Press. Sería un modo de dotar de cierta seguridad a un documento que regirá el modo en que prosigue el regreso a la normalidad de Castilla y León más allá del día 21.
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