La negociación PP-Vox demora sin fecha el Gobierno de Castilla y León

El reglamento establece entonces cómo se organiza la sesión plenaria en la que se elige al presidente, pero no dirime cuánto tiempo puede transcurrir entre la propuesta y el Pleno de investidura. Ahí el limbo.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) no ha hecho intención de fijar ese Pleno. Para ello debería convocar a la Mesa de las Cortes y a la Junta de Portavoces y pasarían al menos 72 horas desde que empezara el proceso hasta que se pudiera celebrar la sesión. No lo hará hasta que PP y Vox tengan un acuerdo firme que asegure la votación. Y los plazos corren, como ocurrió en la constitución de las Cortes, a favor de su partido. «Las previsiones eran el 25 ó el 28 y en función de los intereses del PP, que quería llegar con el señor Mañueco como presidente al congreso del señor Feijóo y poder decir así que el pacto con Vox no tenía nada que ver con la nueva dirección del PP. Y Vox lo está utilizando como chantaje», señalaba Luis Tudanca (PSOE), que eludió culpabilizar del retraso al presidente del parlamento autonómico y centró la responsabilidad en los dos partidos negociadores.

Fuentes del PP hacían ese cálculo días atrás. El congreso nacional del PP, en el que se aupará como nuevo líder a Alberto Núñez Feijóo, se celebrará los días 1 y 2 de abril en Madrid. Si Pleno se hubiera celebrado el lunes 28 -ya no da tiempo- o el 29, martes, a Alfonso Fernández Mañueco le habría permitido tomar posesión y dejar nombrados consejerías y consejeros, así como las funciones que asume cada departamento. El desarrollo posterior de cada área, con sus designaciones y salidas, todavía se dilatará un tiempo, pero ya permitiría a Mañueco acudir a Madrid como presidente de la Junta de Castilla y León, cargo que ahora ejerce en funciones.

«El presidente de las Cortes actúa cuando la negociación ha terminado, y estoy convencido de que no la convoca de acuerdo con PP y con Vox. La situación de bloqueo es responsabilidad compartida al 50% entre García-Gallardo y Mañueco. Están anteponiendo sus intereses a los de Castilla y León», aseveró el socialista Luis Tudanca.

Al tiempo, Carlos Fernández Carriedo, portavoz en funciones del Ejecutivo, respondió en rueda de prensa a esa cuestión dejando la decisión en manos del presidente de las Cortes. «Es competencia del Legislativo», señaló y admitió que desean que la investidura se celebre «cuanto antes». Insistió, a preguntas de los periodistas, en «ser respetuosos» con la decisión de las Cortes. «El Ejecutivo no controla al Legislativo», apostilló, según informa Ical.

¿Podría convocar Carlos Pollán el Pleno de investidura? Podría. Pero entonces sí comenzarían a correr los plazos. El artículo 135.9 del Reglamento de las Cortes explica: «Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza de las Cortes de Castilla y León, éstas quedarán automáticamente disueltas. El presidente cesante de las Cortes lo comunicará al presidente de la Junta en funciones para que convoque nuevas elecciones».

De nuevo, la amenaza de una repetición electoral. El mismo argumento que ya permitió a Vox sacar adelante sus exigencias en el último momento antes de la constitución de las Cortes. Los de Santiago Abascal siguen enrocados en el relato de conseguir «lo mismo» que obtuvo Ciudadanos y consideran que en un eventual desencuentro definitivo es el PP el que más tiene que perder. Los populares, mientras, han entregado ya la Presidencia y una Secretaría de la Mesa de las Cortes, igual que a Ciudadanos en 2019, y han comprometido públicamente tres consejerías. Lo que se exija a partir de ahí, como la Dirección de Comunicación de la Junta, que depende directamente del presidente, o algunas delegaciones territoriales, no parece un argumento muy sólido, de cara al ciudadano, para demorar 'sine die' la formación de un Gobierno.

Mientras tanto, la labor de oposición del PSOE ya ha empezado. Y ese retraso sin explicación es precisamente la base de la primera crítica a la coalición. «Hay importantísimas cuestiones que están hoy paralizadas. Castilla y León no tiene presupuestos y la paralización impide ejecutar todos los fondos extraordinarios que estaban llegando a nuestra tierra. Se han paralizado normas que estaban pendientes de tramitación como la ley de derechos y garantías de las personas al final de la vida. Y está paralizada la gestión de los fondos europeos. Eso es un lastre. La falta de llegada a las inversiones productivas a la transformación que necesita Castilla y León puede perjudicar el desarrollo de la comunidad para décadas y eso es responsabilidad exclusiva del señor Mañueco por su irresponsabilidad al convocar las elecciones y ceder ante la extrema derecha», acusó Tudanca.