Mañueco desautoriza a su vicepresidente: «No se obligará a las mujeres a nada»

Horas antes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantenía que el Gobierno «impedirá» la entrada en vigor del protocolo antiabortista, aunque el boletín oficial de la comunidad no se había hecho eco de la medida aún y tampoco existía constancia de una comunicación interna a los médicos. Darias, que no detalló las contramedidas que preparaba Moncloa, no descartó la vía judicial. «No vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres», ha sostenido en una entrevista en la Ser.

También ha interpelado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a que «aclare» su postura respecto a esta cuestión. El Gobierno envió este domingo un requerimiento recordando que deben respetar la normativa vigente. El presidente Fernández Mañueco ha dicho que esto supone un «ataque» a la la autonomía y que no han aprobado ningún acuerdo que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales. Entre las medidas que contemplaba el plan anunciado por el vicepresidente García-Gallardo figuraba escuchar el latido del feto, una radiografía en 4D en movimiento y un asesoramiento específico.

La Junta de Castilla y León tampoco descarta implementar «acciones judiciales» ante los requerimientos del Gobierno central a una comunidad autónoma, que los califica de «vulneradores de su autonomía y sus competencias», y advierte que velará «por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias».

En un comunicado, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre «sobre tres premisas». «En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios».

Para Darias, las medidas propuestas por García-Gallardo «no son admisibles conforme a la legalidad vigente, no caben en la ley, ni tiene ámbito competencial». En su opinión, lo que hay que procurar es que «la mujer tome la decisión libremente, sin interferencias de terceros y esto está contraviniendo la legalidad vigente y los derechos de las mujeres». «Ante esto no estamos dispuestos a transigir», ha añadido.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró este lunes que «la libertad y el ejercicio de las libertades de las mujeres están plenamente garantizados y protegidos» en Castilla y León y que la polémica es «un burdo intento del Gobierno de intentar desviar la atención». Así, la número dos de los populares recomendó al Ejecutivo de Pedro Sánchez centrarse en que «184 agresores se han visto beneficiados» tras la entrada en vigor de la ley de 'solo sí es sí'.

«Eso sí que se ha aprobado y está en vigor y ahí sí que debieran de trabajar para rectificar en lo que han errado y que además asuman responsabilidades políticas que es lo que hace falta», aseveró Gamarra a su llegada al desayuno informativo con la presidenta de madrileña, Isabel Díaz Ayuso, organizado por Expansión-El Mundo.

La mandataria madrileña, por su parte, criticó la «sobreactuación» del Gobierno al mandar el requerimiento a la Junta apara que no se aplique el protocolo en vez de «cesar a todo el Ministerio de Igualdad» por haber puesto a violadores en la calle. Ayuso acusó también al vicepresidente de Castilla León, Juan García-Gallardo, de Vox, de haber buscado «un conflicto interno dentro del Gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias». «¿Qué necesidad hay de provocar todo esto y además de alimentar lo que el Gobierno está buscando que es señuelos y acorralar? Una ocurrencia de estas características me parece que es innecesario», zanjó.

Vox insiste en que sus medidas «provida» están pactadas de antemano con el PP y su aplicación se plasmará a partir de este mismo lunes en los hospitales públicos de Castilla y León. Ante esta posibilidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez informó este domingo de un requerimiento al gobierno autonómico que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco para que detalle cada una de las medidas que pretende implantar en base a su acuerdo con Vox.

El Gobierno exige que se paralice el nuevo protocolo impulsado por Vox y que insta a los médicos -obliga según la versión de García-Gallardo- a que se ofrezca a las embarazadas escuchar el latido del feto y una ecografía en 4D. Estas opciones estarían dirigidas a disuadir a las mujeres que opten por abortar para que sigan adelante con su embarazo. A ello se añade blindar a los médicos objetores de conciencia.