La Junta contesta al Gobierno y exige que no vulnere su autonomía «en las políticas de natalidad»

Alfonso Fernández Mañueco completaba en la red social Twitter la respuesta institucional. «La Junta de Castilla y León no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios», asegura, antes de matizar que se le envió una carta a la ministra de Sanidad en la que el consejero del ramo le explicaba que «no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social».

La Junta asegura que «cualquier medida» respetará «la ley, la libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios». Y también asegura que se «respetarán» las recomendaciones científicas. «Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley», asegura la nota remitida esta noche.

En la respuesta al Gobierno, y dadas estas premisas, la Junta llega a mostrarse tan beligerante como lo era el Ejecutivo en su exigencia de que no se apliquen esos protocolos anunciados. Defiende el Gobierno de Mañueco que la comunidad tiene «plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias», y añade que siempre que sea con «pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario».

Defiende la Junta que no tiene ninguna obligación de comunicar «de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias». Por eso, si el Gobierno insiste en su reclamación, la Junta asegura que estudiará «ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía».

Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, se alineaba con la decisión de intervenir por parte del Gobierno de España. «Las mujeres de Castilla y León sí tienen quien defienda sus derechos frente a la coalición del miedo de PP y Vox. No permitiremos que se dé un solo paso atrás. Gracias al gobierno de España por poner todos los medios a su alcance para evitar el plan de Mañueco y García-Gallardo», explicaba en su cuenta de Twitter.

García-Gallardo dejó claro el jueves que «a partir de ahora va a ser obligatorio para los médicos ofrecer estas tres acciones provida a las mujeres embarazadas que acudan a la consulta». Esto es, escuchar el latido fetal, la ecografía 4D y el apoyo psicosocial. «Luego las mujeres tienen la posibilidad de hacerlo o no hacerlo», matizó.