Juan García-Gallardo dice que llega a la política «para perder dinero»

El último en insistir en esa vía fue Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, que erró en la cifra al decir que cobrará «cien mil euros». «Parece mentira que un abogado del Estado no sepa lo que cobra un consejero o un vicepresidente de comunidad autónoma. Habría que recomendarle que revisara sus fuentes y no se se alimentara de fake news», contragolpeó García-Gallardo. «Algún día comprobará que yo he venido a la política no a ganar dinero, sino a perderlo, y a trabajar para los ciudadanos de Castilla y León».

Órdago acompañado de una invitación a leer el Boletín Oficial de Castilla y León, donde este miércoles se especificaban las competencias que tendrá cada consejero. Las del vicepresidente figuran en un decreto propio, distinto al de las consejerías. Nueve funciones se le adjudican a García-Gallardo en un único artículo. Las tres primeras son de representación institucional, una en la Fundación Castilla y León, paradójica por ser la encargada de difundir la imagen de la autonomía, que Vox aboga por eliminar, como todas las demás, para recentralizar competencias.

Otras tres funciones son de coordinación de las relaciones de la administración autonómica con el Consejo Consultivo, con el Procurador del Común y en la atención a víctimas del terrorismo. También se le añade la «coordinación y seguimiento» de las medidas de «racionalización de los procedimientos y simplificación administrativa». Por último, se le encomiendan «las facultades atribuidas a la Administración de la Comunidad en materia de Colegios Profesionales, Fundaciones y Asociaciones».

Competencias que en algunos casos tienen más pompa que contenido pero que se explican con otra más que el propio vicepresidente se añade a sí mismo: «Soy el líder del partido en Castilla y León y estaré encargado de la coordinación de nuestras consejerías y de vigilar que se cumple el pacto de Gobierno de coalición con el PP». Un papel político propio a un año escaso de las elecciones municipales y con Vox al alza en un territorio netamente PP, el medio rural.

En la investidura y la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, a Juan García-Gallardo le acompañó Santiago Abascal. Ayer, en su propia jura del cargo, le secundó Iván Espinosa de los Monteros, que también habló, cosa que no hicieron los demás consejeros de Vox públicamente. De hecho, los siete cargos del PP pasaron por los micrófonos. Los tres de Vox posaron para la foto pero guardaron silencio.

Especialmente Gonzalo Santonja. Una información de eldiario.es señalaba que el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte había contratado, mientras dirigía el Instituto de la Lengua, sus servicios como investigador de la Universidad Complutense, donde era catedrático. Santonja llegó con una carpetilla en la que guardaba el contrato firmado, que asegura que es lo que se conoce en el mundillo universitario como «artículo 83». Es un contrato que permite facturar servicios a una empresa y la universidad percibe un porcentaje del dinero.

El nuevo consejero defendió la legalidad del procedimiento antes de acceder a la Sala Experimental del Centro Miguel Delibes para tomar posesión. Aseguró que hablaría después, pero Vox decidió que los únicos que iban a lanzar mensajes eran Juan García-Gallardo e Iván Espinosa. «Estoy muy orgulloso de todos los miembros del equipo de Gobierno. Todos han sido elegidos teniendo en cuenta tres factores: su honradez, que es impecable, sin tacha; su capacidad de Gobierno; y en lo que respecta a los designados por Vox, su adhesión al proyecto de Vox», dijo García-Gallardo. «De cuestiones de sospechas o insinuaciones, invito a que si alguien tiene algún reproche de ilegalidad o irregularidad, vayan ustedes a un juzgado y les deseo que tengan éxito, aunque les auguro el mayor de los fracasos».