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Reacciones en cadena tras el anuncio realizado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), de un nuevo protocolo de atención a mujeres embarazadas que incluye medidas para frenar los abortos en Castilla y León. El plan 'antiaborto' del Gobierno regional no ... ha dejado indeferente a nadie, ni siquiera al PP, socio de gobierno con Vox, que se ha desmarcado del mismo.
Mientras García-Gallardo ha seguido defendiendo las medidas anunciadas este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, y asegurando que están consensuadas con la Consejería de Sanidad, consejeros del Partido Popular han mantizado sus declaraciones e, incluso, han llegado a desautorizar al vicepresidente.
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha negado que se vaya a cambiar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas. «El protocolo está bien, no se cambia», ha asegurado, apuntado que «lo que sí vamos a hacer es insistir en él». También ha afirmado que van a «seguir cumpliendo la ley y respetando la voluntad de la mujer», sin entrar en valorar las declaraciones de García-Gallardo.
Sí ha especificado que la atención psicológica ya se presta a todas las mujeres, y bajo supervisión de la matrona, que pueda detectar un problema de salud mental. También, que las ecografías para escuchar el latido del corazón serán bajo petición médica, y a partir de la semana 12, y que las ecografías 4D son bajo criterio del médico, para deterctar malformaciones o enfermedades.
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha negado que los sanitarios estén obligados a ofrecer los nuevos servicios anunciados (escuchar el latido del bebé, las ecografías 4D y atención psicológica preferente), tal como afirmó el vicepresidente. Son servicios que podrán ser utilizados por las mujeres, respetando su libertad y el principio de voluntariedad.
A estas declaraciones de responsables del PP en Castilla y León se unen otras más duras de la cúpula de la formación a nivel nacional. Tal como informa la agencia ICAL, la cúpula del PP ha «reprobado» las medidas antiaborto y han asegurado que «no se van a llevar a cabo». El protocolo actual se va a mantener, han asegurado, insistiendo en que el PP «no respalda a Vox» en este aspecto.
Mientras, el Gobierno central ha amenazado con acudir a los tribunales si se materializa el protocolo, que según García-Gallardo es de aplicación «inmediata». La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha anunciado que el PSOE «va a combatir la respuesta reaccionaria del PP y Vox contra los derechos de las mujeres«.
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Los socialistas consideran que el plan antiaborto anunciado por la Junta es «un ataque a la libertad de las mujeres» y recuerdan que se reformó el Código Penal para convertir en un delito el «hostigamiento» y «acoso» que sufrían las mujeres a las puertas de las clínicas cuando acudían a interrumpir su embarazo, un derecho protegido por ley.
Es más, para el PSOE las medidas tienen como objetivo «introducir dentro del sistema sanitario público el control y el hostigamiento que antes se producía en los alrededores de los centros sanitarios». Y critica que se vuelve a vincular la «libre elección de la maternidad» a un «problema de salud mental», al pretender pasar por una atención psicológica.
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