La Fiscalía clama contra la «exasperante» lentitud del sistema y pide parar el «avasallador» proceso tecnológico

A modo de ejemplo, Rodríguez ha criticado la «lentitud del procedimeinto penal», que sigue siendo «exasperante» fuera del ámbito de las diligencias urgentes y los juicios rápidos. Los tiempos medios de tramitación en Castilla y León están por debajo de la media, con 280 días entre la incoacción y la calificación y otros 339 hasta el señalamiento del juicio. Sin embargo, seguimos hablando de cifras demasiado altas, que no se han mejorado pese al esfuerzo realizado con cambios legislativos o proyectos tecnológicos.

Es más, se está consiguiendo el resultado contrario, ha afirmado, complicando aún más la tramitación, de ahí que la Fiscalía pida que «se ponga fin a la avasalladora implantación de estos proyectos tecnológicos», al menos hasta que se resuelvan los problemas y resulten verdaderamente eficientes. No se puede renunciar a los avances tecnológicos, a la digitalización de la administración, pero tampoco se debe pretender modernizar la Justicia «a costa y por encima de todo».

Las deficiencias de recursos son evidentes en todo el sistema y, a modo de ejemplo, la fiscal ha recordado que siguen esperando los recursos comprometidos par la atención a víctimas en fiscalías, los juzgados de guardia, las clínicas forenses o las oficinas de víctimas. Estas «carencias» se vienen denunciando constantemente, pero las quejas caen en saco roto, lamenta Lourdes Rodríguez.

La fiscal superior de Castilla y León ha analizado algunos de los datos de la memoria 2017, con motivo del acto de inicio del Año Judicial celebrado esta mañana en el Palacio de Justicia de Burgos y al que ha asistido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. El pasado año se iniciaron 95.901 nuevos procedimientos, un 3% más que en 2016, ahora que las úlitmas reformas de 2015 ya están asentadas. Reformas que, por otra parte, han tenido «escasa eficacia», pues el elevado porcentaje de diligencias previas que se archivan sin resultado (el 65%) y de sentencias absolutorias en delitos leves (45%) evidencian «un notable desgaste organizativo».

Los delitos más habituales son los de seguridad vial, seguidos por los de patrimonio y los delitos de lesiones (que incluyen los cometidos en el ámbito de la violencia de género y doméstica). Rodríguez ha destacado que un tercio de la actividad judicial penal está vinculada a la seguridad vial, pero la aplicación rigurosa de la Ley no es suficiente para frenar estas conductas delictivas, que llevan aparejadas muertes evitables.

Por ese motivo, para «acabar con la sensación de impunidad», los fiscales reclaman una estrategia global que apueste por la educación vial, pero también inversiones públicas en carreteras y en la renovación del envejecido parque móvil, además de diseñar un estatuto jurídico para los colectivos más vulnerables (peatones y ciclistas).

Junto a los delitos de seguridad vial, la Fiscalía muestra también su preocupación por el aumento de la violencia de género, y también de hijos hacia los padres, pues se sigue sin dar respuesta a la problemática familiar que se esconde tras este tipo de delitos. También se han incrementado los delitos de odio, que permancen muchas veces ocultos, y los delitos de lesiones por accidente laboral, aunque en este último caso han descendido los fallecidos (de 14 a 11).