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Como ya hiciese el pasado año, José Luis Concepción ha defendido el papel que la Justicia española está jugando en la crisis independentista de Cataluña, insistiendo en que el poder judicial «está dando un ejemplo de responsabilidad digno de elogio». También ha defendido al ... Estado, que «ha reaccionado como debe de reaccionar» y ha animado a utilizar «todas las armas del Estado de Derecho» para hacer frente a los desafíos a la Constitución Española.
En el año en el que la Carta Magna celebra su cuarenta aniversario, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha recordado que «representa el marco de convivencia» que se dio la ciudadanía española tras la Dictadura y es «la encargada de preservar nuestra democracia». Los populismos y los planteamientos excluyentes «constituyen un peligroso riesgo para la convivencia en paz», ha insistido. Sin embargo, «algunos se empeñan en desafíar la Constitución contraponiendo principios consustanciales como Estado de Derecho y Democracia, y olvidando que no puede existir el uno sin el otro».
Por ese motivo, Concepción ha animado a «combatir» la desobediencia a la Constitución, «que es la máxima expresión de la arbitrarierad del poder», con todas las armas que ofrece el EStado de Derecho. Y si se considera la que la Carga Magna es injusta, «se debiera instar a su derogación a través de los cauces legales, pero nunca imponer su incumplimiento», ha insistido.
Del mismo modo, el presidente del TSJCyL ha lamentado la «malsana propaganda» que sobre jueces y magistrados se está realizando en España, y que ha llegado incluso a traspasar fronteras. La campaña de desprestigio y animadversión impulsada por aquellos que «pretenden alterar las normas de convivencia» ha llegado incluso a convertir en «letra muerta» convenios y acuerdos europeos en materia de detención internacional, afectando directamente a la crisis catalana.
Una reflexión que ha hecho también la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, quien ha calificado de «inexplicable» la respuesta que países con Bélgica o Alemania han dado a peticiones de cooperación internacional «en los asuntos en este momento más trascendewntes para nuestro modelo de convivencia».
Rodríguez ha defendido la imparcialidad de los fiscales, insistiendo en que «el poder político no puede dar órdenes generales ni particualres al fiscal, ni indicaciones de cómo cumplir sus funciones». Ha pedido también instrumentos para dotar de mayor transparencia y autonomía a sus funciones y, así, «se lograrán disipar las sombras de duda sobre los motivos de nuestras actuaciones».
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