El Defensor del Paciente pide al fiscal general del Estado requisar los protocolos del aborto en Castilla y León

En una carta firmada por la presidenta Carmen Flores, señalan que «la falta de respeto de decisión y de intimidación es un delito que solo ustedes pueden abordar» ya que subrayan que «la ley se debe cumplir» y esta dice que «los abortos en la sanidad pública y excepcionalmente en privado que está preparado, no pone que un hospital se pueda negar y si se niega está incumpliendo la ley, alegar objeción es de un medico determinado y con tiempo firmado».

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Finalmente, manifiestan que «esta solicitud como siempre, está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público (creemos que la dictadura en una democracia es un delito) y por ello tenemos que denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal».