La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, remitió hoy al fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, un escrito en el que le pide que intervenga ante las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, a la ... procuradora burgalesa Noelia Frutos, que utiliza una silla de ruedas, en el pleno de las Cortes de ayer. En su opinión, dirigirse a ella «como si fuera una persona como todas las demás» supone una «agresión a una persona discapacitada», además de una «falta de respeto» y «discriminación.
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El colectivo informó en un comunicado de la carta enviada a la Fiscalía de Castilla y León, que acompaña de una información periodística sobre lo sucedido en la sesión de control al ejecutivo de este martes. El Defensor del Paciente censuró la alusión de García-Gallardo (Vox), que además recalcó no son propias de un vicepresidente, puesto que aseguró «parece desconocer el trato que se debe dar a una persona, sea cual sea su estado, color o creencia».
Asimismo, la asociación entiende que el fiscal de Castilla y León debe intervenir en este caso en el que en su opinión la ley considera un delito. Además, recordó que este «sujeto», en referencia a García-Gallardo, no es la primera vez que a su juicio «incurre en un delito de menosprecio en sus palabras«, que en esta ocasión fueron dirigidas a la socialista Noelia Frutos, procuradora por Burgos, que le preguntaba cómo creía que se debía tratar a las mujeres con discapacidad.
«Entendemos que como servidor público debería actuar ya. Es muy grave que se tenga que oír en un Parlamento, este tipo de comportamientos de quien debiera dar ejemplo de educación y respeto. Esperamos, que con su actuación, esta situación ni puede volver a repetirse y usted debiera como le decimos intervenir como garante de los derechos de las personas, aún más de los vulnerables, mucho más capacitados y merecedores de respeto», explicó.
Por otra parte, El Defensor del Paciente recordó que sustenta su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga -recordó- a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal. «En este caso entendemos que se pone en riesgo por la actuación de la administración», concluyó.
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