Cinco semanas de fuegos desastrosos mueven a la Junta a «transformar» el operativo contra incendios

El personal fijo discontinuo de la Junta, con contratos de 3 a 6 meses en las carrocetas de agua, mangueristas y vigías de torretas, trabajará todo el año en el monte. Los últimos en una ocupación alternativa. «Con nieve no es necesario esa vigilancia», explicó el consejero. Estos 'discontinuos' son entre 800 y 900 profesionales de un operativo de 4.540 personas, que completan los agentes medioambientales de la propia Junta y los brigadistas de las cuadrillas que la consejería contrata con varias empresas privadas y la pública estatal Tragsa.

Suárez-Quiñones aseguró que la media de contratación de estos últimos pasará de los 7,6 meses al año actuales a un mínimo de 9 meses al final de la legislatura, que acabará en 2026 si no hay adelanto electoral. A estas medidas se suma el compromiso de retirar de la primera línea de lucha contra el fuego al personal de más edad y buscar para los veteranos «puestos de respiro» en los que puedan aportar su experiencia. Las llamas acabaron el domingo, en Zamora, con la vida de Daniel Gullón, de 62 años.

«Esto transformaría el operativo en un operativo completamente estabilizado, con prevalencia de lo público, profesionalizado y, desde luego, dignificado en sus funciones, en su formación y en determinados aspectos en los que vamos a trabajar como son las condiciones de las torres de vigilancia, las bases de las motobombas y del personal que trabaja en funciones de retén o espera», argumentó el consejero en lo que definió como un «marco de reconocimiento y dignificación» del personal que lucha contra el fuego en la comunidad.

El dirigente autonómico situó la necesidad de esa «transformación» en un escenario de fuegos que ha cambiado debido a dos causas: las «anomalías climáticas» actuales (reutilizó la expresión que empleó el presidente Alfonso Fernández Mañueco el martes, en Cebreros, para referirse a los efectos del cambio climático) y el retroceso de la ganadería extensiva, abandono de usos agrícolas y la despoblación rural que contribuyen a aumentar el «combustible» en el monte.

Ese es el punto de partida del rediseño de la política contra incendios de la comunidad. La Junta quiere que esa reforma sea negociada con los sindicatos UGT y CC OO, que siguen pidiendo una dimisión a Suárez-Quiñones que el dirigente popular descarta presentar, y con la patronal CEOE. Con ellos se reunió el consejero este miércoles en una mesa convocada para hacer seguimiento de los acuerdos del Diálogo Social en materia forestal. Suárez-Quiñones compareció ante los medios con la CEOE y UGT, sin CC OO, pero manifestó que el compromiso que trasladó parte del acuerdo entre su consejería y los tres agentes sociales.

«Si la Junta quiere realmente buscar soluciones y cambiar el sistema lo tiene fácil. Si sigue con la errática política forestal de los últimos años seremos más duros que nunca», advirtió Raúl Santa Eufemia, secretario autonómico de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social de UGT, que remarcó que «las personas con más de 60 años no pueden estar en el frente del fuego» y reclamó al consejero los prometidos «puestos de respiro». Algo que los profesionales ligan al reconocimiento de la categoría de bombero forestal, regulación encallada a nivel estatal con la oposición de algunas autonomías. Entre ellas Castilla y León. Implicaría jubilación anticipada, destinos de segunda actividad para los mayores y refuerzo de la formación.

«La posición de la Junta no es de las más beligerantes», se defendió el consejero. Afirmó que esa categoría profesional no es «una línea roja» para el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, pero expresó reticencias. Matizó que en Castilla y León los profesionales no se limitan a esa función de apagar fuegos y hacen también trabajos selvícolas y que la propia Abogacía del Estado ha dictaminado que el Gobierno central invade competencias sobre personal de unas comunidades que tienen «capacidad autoorganizativa» sobre sus plantillas. Suárez-Quiñones reiteró que el Gobierno puede establecer cuando quiera coeficientes reductores para jubilar anticipadamente a los profesionales forestales. Eso depende de la Seguridad Social.

¿Y con esa capacidad autoorganizativa que Castilla y León tiene como comunidad autónoma se plantea la Junta retirar ya de la primera línea de fuego, este verano, a los trabajadores más veteranos? No parece. El consejero respondió que van a trabajar en buscar esos destinos de respiro desde ya, que se avanzará, pero no dio fecha concreta. Todo el personal en activo supera, puntualizó Suárez-Quiñones, un reconocimiento médico «riguroso». En el caso de los fijos, si las condiciones físicas no hacen aconsejable esa labor, se les busca otra ocupación. Pero si se considera no apto a alguno de los esos casi 900 fijos discontinuos, no se incorpora ese año. No hay alternativa para ellos. Eso es lo que se va a tratar de corregir en el nuevo operativo contra los incendios forestales de Castilla y León.