Castilla y León aplicará 37 medidas preventivas para reducir los ataques de lobo a la ganadería

El encuentro de hoy se celebró meses después de que técnicos del Ejecutivo comunitario visitaran en octubre los territorios de Ávila, Salamanca y sur de Zamora por los ataques del lobo al ganado. Una iniciativa que concluyó con resultados «muy útiles», según Suárez-Quiñones, que han servido para concretar los puntos de la reunión para abordar las posibles soluciones.

En cualquier caso, el consejero recordó que de ninguna forma se modificará la directiva Habitat, en el punto que prohíbe la caza del lobo al sur del Duero. «Nunca va a ser objetivo de caza, ni ahora ni nunca. Lo que tenemos que hacer es manejar esta especie protegida para que perviva el interés de la conservación con el de la ganadería extensiva», añadió.

Aun así, Suárez-Quiñones admitió que si «el problema sigue existiendo», aun aplicando las medidas necesarias, se pueden llevar a cabo «otras medidas de control, como bajar la densidad de determinados lugares». En todo caso, dijo, se preguntará a la Comisión sobre estas medidas de cualquier tipo que se adopten en materia de gestión del lobo. Se trata de un plazo previo para consultarlo que dé garantía jurídica a la Consejería.

Otro de los capítulos que centró la reunión de hoy celebrada en la capital europea es la posibilidad de mejorar y actualizar una guía, que data de 2007, a lo largo de este año, y en la que Castilla y León, al amparo de esta modificación, está muy interesada en introducir elementos que supongan «seguridad jurídica para la comunidad a la hora de gestionar estos conflictos y manejar las acciones preventivas y de control de ejemplares». En este sentido, el consejero anunció que su departamento aportará textos de algunos puntos para que se cambien.

El Ejecutivo comunitario también estudiará las propuestas de la Junta en el marco de las directivas de Aves y Habitat, cuyo objetivo es proteger las zonas protegidas ricas en biodiversidad, que en el caso de la UE representan un 18 por ciento del total de su territorio y un seis por ciento de sus aguas. Estas zonas, además, aportan aproximadamente un dos por ciento del PIB de la UE a través de la prestación de servicios como el almacenamiento de carbono, la depuración del agua o el turismo. Bajo este paraguas legal, la Junta espera que haya cabida para encontrar un equilibrio entre el lobo y el ejercicio de la ganadería.

Asimismo, también se acordó que la Junta participará «en programas regionales» con la intención de debatir con «los distintos sectores implicados» y encontrar medidas preventivas que tengan en cuenta también «la circunstancias socieconómicas y la compatibilidad entre el lobo y la ganadería extensiva». Todo ello desde programas LIFE y otros similares.

Según cifras de la Consejería de Fomento, los ataques del lobo al ganado se han duplicado en un año. En 2016 se produjeron un total de 1.882 ataques y murieron 3.400 animales. El consejero ha mostrado su preocupación por la situación de los ganaderos que se ven obligados a dejar la zona para evitar los ataques. Suárez-Quiñones presumió de que se ha mejorado el plazo de pago de indemnizaciones. «Antes se tardaba casi un año en pagar a un ganadero por los daños y ahora la media son 22 días», explicó, para avanzar que la Junta se encuentra en negociación para determinadas cuantías que podrían variar en función de circunstancias como la edad del animal o el tipo de ataque. «Esperamos que en el primer semestre se pueda cerrar una cuantificación justa de este pago», concluyó.