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Las trabajadoras sociales municipales, que gestionan los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, han convocado este lunes una huelga indefinida a partir del próximo 3 de mayo.
El colectivo, que asegura acumular sus reclamaciones «desde 2008», requiere un compromiso público del Consistorio en diversas cuestiones ... como rebajar el ratio de un trabajador por cada 6.000 habitantes a la mitad, convocar oposiciones para trece nuevos puestos o contratación rápida (una semana) para cobertura de bajas y vacantes para impedir el colapso de las demandas.
Además, también reivindican la equiparación de complementos al de otros funcionarios del mismo nivel, acceso real a los permisos sin sueldo y a los permisos anuales parcialmente retribuidos, la disminución de la burocracia y un servicio de psicología preventiva para todo el Ayuntamiento de Burgos para evitar bajas laborales prolongadas por estrés.
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Patricia Carro
Aythami Pérez Miguel Patricia Carro
En un comunicado remitido a los medios, las trabajadoras sociales municipales recuerdan que mantienen estas peticiones «durante catorce años» sin ningún avance más allá de «una valoración de riesgos psicosociales efectuada en el mes de junio del 2021 de la cual no tienen resultados, otra del puesto de trabajo de la cual no saben ni cuál es su proceso ni en qué consiste y una propuesta verbal para aumentar en siete los puestos actuales».
Por otro lado informan que a raíz de la crisis económica y la posterior pandemia por covid-19, han observado un aumento de las familias en situación de exclusión y pobreza y de situaciones carenciales en general.
A consecuencia de ello, el auge ha repercutido en un «incremento del volumen de trabajo, situaciones de mayor complejidad, intervenciones más laboriosas que la celeridad, el aumento de la burocracia, las tareas delegadas y los plazos» han obstaculizado y terminan por «colapsar» al colectivo «impidiendo unas intervenciones sociales de calidad».
Las trabajadoras sociales también valoran su labor para la sociedad burgalesa en los CEAS (Centros de Acción Social), que en la capital ubican nueve instalaciones (una por barrio) y los cuáles suponen «la puerta de acceso al sistema de Servicios Sociales para el ciudadano».
«Acompañamos a familias en situaciones de necesidad o crisis como desahucios, cortes de suministro, pobreza, violencia de género, atención a personas mayores, dificultades en la crianza, infancia y familia o situaciones de vulnerabilidad, entre otros», destacan.
Por último, el colectivo concluye que las reivindicaciones «no son cosas lejanas, abstractas o imposibles de conseguir, puesto que la Junta de Castilla y León, en el Acuerdo Marco; el Consejo General de Trabajadores Sociales o el Pliego Municipal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales »ya lo establecen«.
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