«La proximidad del domicilio al centro escolar no siempre es posible»

Así responde la Gerencia Territorial de Servicios Sociales (dependiente de la Junta de Castilla y León) a la denuncia que realizaba este domingo una familia de Burgos, que veía cómo el menor que tienen en acogida iba a tener que vivir una odisea este curso escolar para poder estudiar lo que desea en Burgos. Este mismo lunes ha empezado un módulo de Formación Profesional en la ciudad (la familia reside en un municipio de la provincia) y la residencia en la que vive se encuentra tan alejada del centro escolar que tendrá que levantarse a las seis y media de la mañana para asegurarse de estar a las ocho y media en clase.

La familia está muy molesta con los Servicios Sociales regionales por el modo en el que han gestionado el traslado del menor a la capital. Aseguran que no se les ha pedido opinión ni se ha tenido en cuenta el parecer del joven, que se enfrenta a esta nueva experiencia vital con incertidumbre. Sin embargo, en la Gerencia Territorial le quitan hierro a la situación, afirmando que forma parte de la normalidad a la que se enfrentan a diario muchos estudiantes. «El desplazamiento al centro donde cursa sus estudios es algo normal y, en una ciudad como Burgos, lo llevan a cabo decenas de estudiantes».

Ante la denuncia de la familia de acogida, Servicios Sociales afirma que se analizaron diferentes opciones tras mostrar el joven su deseo de estudiar un grado medio de Formación Profesional en Burgos capital. Se estudió la posibilidad de que se desplazara a diario, desde el municipio en el que reside la familia hasta la ciudad, utilizando una línea regular. Se desestimó pues los horarios no encajaban con las clases y, además, suponía un desplazamiento diario de 100 kilómetros, explica la Junta. De ahí que se pasase a la búsqueda de una residencia en Burgos.

Según los Servicios Sociales de la Junta, «fue la propia familia quien solicitó plaza en la Residencia Juvenil 'Gil de Siloé'», pero fue excluido al no cumplir los requisitos: es menor de edad e iba a estudair un grado medio, no un grado superior o universitario. «Los criterios de acceso vienen recogidos en unas Bases y en la Orden de convocatoria y son iguales para todos los chicos y chicas que quieran acceder, sin excepciones», insiste la Junta. Así que se buscó otra residencia, desechándose también la opción de compartir un piso de alquiler con otros estudiantes, «alternativa que planteó la familia».

De este modo, y según la versión de los Servicios Sociales, «después de una búsqueda intensa, resultó admitido en una residencia donde sí admitían a menores de 18 años, en la que a fecha de hoy ya está residiendo». La residencia está en la capital y en ella viven otros estudiantes, en las mismas condiciones que el menor tutelado, insisten. «La proximidad del domicilio al centro es deseable pero no siempre es posible», apunta la Junta, recordando que algunos estudiantes residen en Gamonal, Capiscol, Villafría o Villatoro y tienen que ir hasta la Universidad de Burgos, «ubicada justo al otro lado de la ciudad».

Para la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, «lo destacable es que el menor pueda cursar sus estudios, y que tenga cubiertas todas sus necesidades básicas para conseguir un desarrollo adecuado». Además, recuerdan que en este caso el menor cumplirá en los próximos meses 18 años y, con esta edad, «el grado de autonomía personal que se presume es mucho mayor que el que ostentan los que tienen edades inferiores». De ahí que, también, en el año previo a los 18 se trabaje en su preparación para la vida independiente y para que adquieran habilidades que les permitan ser lo más autónomos posibles al entrar en la edad adulta.

En su denuncia pública, la familia ha insistido en que no se les ha tenido en cuenta, ni les han pedido opinión y ha sido la Gerencia Territorial la que ha tomado todas las decisiones, sin atender ni siquiera al parecer del menor. La familia de acogida lamenta lo que considera una forma inapropiada de gestionar una situación de estas características, pues afirma que se han tomado decisiones de manera «apresurada» y, ahora, durante nueve meses el menor va a tener que levantarse a las seis y media para llegar a casa y comer a las tres y media, comida recalentada, pues tampoco llega a pillar el comedor de la residencia abierto.