Piden ocho años de cárcel para dos presuntos traficantes de droga caníbal en Burgos

La mercancía se encontraba retenida la mercancía en las aduanas de Ámsterdam, desde el mes de noviembre de 2021 por no cumplir con los protocolos documentales.

La acusación basa su argumento en la actuación de fuerzas de seguridad infiltradas que actuaron como cebo y se ofrecieron para traer las sustancias a Burgos, a Villaquirán de los Infantes, al domicilio de un particular con el que una de las implicadas tenía trato.

A partir de ahí se desarrolló una operación en marzo de 2022 que llevó a la detención de la mujer y de su pareja. Sin embargo, para las defensas de ambos hay cabos sueltos que les ha llevado a solicitar la nulidad del acto «por el que se solicitó el informe de la Drug Enforcemet Administration (DEA) de los EEUU ya que no se puede someter a contradicción en el juicio».

A través de ese auto «se autorizó» a que los agentes encubiertos entraran en la trama. También aluden las defensas a la no autorización por parte de la Sala a la declaración de hasta 20 policías holandeses, lo que va a «generar vulnerabilidad» a los defendidos.

El juez no ha admitido las cuestiones previas, aunque tras el testimonio de los acusados, sí ha dado el visto bueno a que se pueda ver el video de la detención porque existe contradicción en la entrega o no de unas cajas por parte de los infiltrados, aspecto que puede determinar algún error formal en la cadena de custodia de la caja, o testifical en el acto de juicio, y debe ser sometido a contradicción.

Los grupos que llevan la investigación conocieron la existencia de la droga 'caníbal' en un transporte retenido en la aduana de Países Bajos y que la mujer quería traer a España. Mientras que Fiscalía y Fuerzas de Seguridad apuntan a que la mercancía 3-MMC era legal para uso en la «fabricación de productos de droguería», la sospecha de la policía era otra.

Se trata de una sustancia no fiscalizada en España en aquel momento, pero si en Holanda, acordándose su destrucción en su momento.

Según el relato de los hechos, tanto por parte de las dos personas acusadas como de los agentes, uno de ellos, encubierto, inició las labores de aproximación a la persona a la que se referían los informes después de recibir una llamada de esta persona y reunirse en dos ocasiones en un restaurante de la A-1.

La mujer solicitó al agente que transportara la carga retenida en la aduana entregando dinero y los documentos originales de importación, explicándole el contenido y lugar donde se encuentra, así como el destinatario y el lugar de envío. En la reunión se acordó que el transporte se realizaría a principios del mes de marzo. Dos pallets con 77 barriles

La mujer tenía la urgencia de recibir otros dos paquetes urgentes desde una dirección de Ámsterdam. El paquete una vez que se recogió en Ámsterdam, fue custodiado en dependencias policiales de dicha ciudad y entregada a agentes de la UDYCO españoles para su traslado en avión.

Los agentes encubiertos no pudieron retirar la mercancía primitiva, así que la UDYCO solicitó la entrada y registro en el almacén. Ante estas nuevas circunstancias, se dejó sin efecto la circulación y entrega vigilada del envío indicado anteriormente y también se dejaron sin efecto las ordenes europeas de investigación remitidas a Países Bajos, Francia y Bélgica para que autorizaran el paso de la sustancia por sus respectivos territorios.

La pareja de la mujer declaró que él sólo la acompañó a las entrevistas con el primer agente infiltrado y que trabaja como oficial de primera de albañil. De hecho, reparaba el local dedicado a club de su pareja en Villanueva de las Carretas. También la acompañó en el momento de la detención de ambos cuando iban a recibir las dos cajas que su pareja solicitó al agente encubierto que le trajera de Ámsterdam.

La Policía se incauto de las dos cajas con 20.061,3 gramos de 4-CMC, y cuyo valor asciende a 867.449,31 euros.