Piden doce años de prisión para un hombre por violar repetidas veces a su propia hija en Burgos

La Fiscalía Provincial de Burgos ha solicitado una pena de doce años de prisión, computables con una pena de ocho años y expulsión del territorio nacional, para un hombre de nacionalidad extranjera acusado de violar en reiteradas ocasiones a su propia hija.

Los hechos se remontan varios años. De acuerdo a las pruebas y testimonios obtenidos, el Ministerio Fiscal considera probado que desde febrero de 2020 hasta marzo de 2021 el acusado habría exigido a su hija, que en aquel momento acababa de cumplir la mayoría de edad, el mantenimiento de relaciones sexuales completas.

Según consta en el escrito de calificación, el hombre aprovechaba los momentos en los que su entonces pareja se ausentaba del domicilio familiar camino al trabajo para forzar a su hija con la amenaza de enviarla a su país de origen si no aceptaba.

Bajo esa amenaza, el hombre habría consumado relaciones sexuales completas en varias ocasiones, «no menos de tres», a lo largo de los meses sobre los que se centra la acusación, según el escrito de acusación.

El procesado, que no tiene antecedentes penales, tiene residencia legal en España y fue ingresado en prisión provisional a finales de junio de 2021. En esa condición permaneció hasta finales de septiembre de ese mismo año, momento en el que el Tribunal decretó su puesta en libertad provisional con fianza y prohibición de aproximación y contacto con su hija a la espera de juicio.

Finalmente, la vista oral se ha programado en la Audiencia Provincial este próximo mes de noviembre, y en ella, el procesado se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de doce años de prisión por un delito continuado de violación. En este sentido, el propio escrito de acusación plantea, «conforme al artículo 89 del código penal, la sustitución parcial de la pena» por una condena de ocho años de prisión, acompañada de la expulsión del territorio nacional sin posibilidad de regreso durante diez años.

A mayores, la Fiscalía solicita la libertad vigilada durante otros ocho años y la inhabilitación especial para realizar cualquier oficio «que conlleve contacto regular y directo con menores por tiempo de 20 años», así como la prohibición de acercarse o comunicar durante 13 años con su hija, para quien solicita una indemnización por daño moral de 12.000 euros.

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