El Parque Tecnológico está urbanizado al 60%, tras invertirse 37,8 millones de euros

En concreto, la urbanización abarcaría el 60% de las 124 hectáreas que compondrán el futuro Parque Tecnológico, así que la empresa que se lleve el nuevo contrato debería hacerse cargo del 40%. Por el momento, la Junta ha invertido ya 37,8 millones de euros en la infraestructura burgalesa, entre terrenos, proyecto, ejecución y dirección de los trabajos.

Desde el Gobierno autonómico han insistido en que, pese a lo que pueda parecer, el Parque Tecnológico de Burgos es una «actuación prioritaria», tanto para el desarrollo de la provincia como para Castilla y León, pues sería el tercer espacio de estas características tras los parques de Boecillo y León.

El contrato para la urbanización del recinto empresarial, que se ubica junto al nudo de carreteras formado por la Nacional 120, la autopista AP-1 y la Nacional 1, se firmó en diciembre de 2009 entre Isolux Corsán y la extinta sociedad pública ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León. La ejecución de las obras se ha visto paralizada, en varias ocasiones, sobre todo por conflictos judiciales.

En este ámbito se enmarcan los recursos contencioso-administrativos interpuestos desde 2009 por el Ayuntamiento de Cardeñajimeno y la Junta Vecinal de San Medel. Fueron retirados en virtud del convenio negociado y finalmente suscrito en diciembre de 2016 por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, con el alcalde y el alcalde pedáneo de esas localidades, quienes se comprometieron además a no iniciar nuevos litigios en los tribunales.

A partir de ese momento y en escasamente cinco meses, la Junta redactó y formalizó el pertinente Plan Parcial y Proyecto de Actuación, además de poner en marcha todos los instrumentos de gestión urbanística que de él dependen. En julio de 2017, solo dos meses después de que se hubiera completado la compleja tramitación administrativa, la empresa adjudicataria de la urbanización entró en concurso de acreedores. Esta circunstancia ha determinado que el Consejo de Gobierno de la Junta haya autorizado la resolución y liquidación del contrato suscrito para la realización de las obras.