La implantación de 'Burgos Central' será progresiva hasta 2030

De momento, el plan puesto sobre la mesa contempla tres hitos temporales. En caso de consolidarse el plan, el primero de esos hitos llegará el 1 de enero de 2024, cuando se prevé que comience a regularse el acceso a la denominada 'Zona 0', circunscrita específicamente al centro histórico.

Según el concejal de Movilidad, Leví Moreno, la puesta en marcha de esta primera fase apenas tendrá «repercusión» real, toda vez que el acceso a esa zona ya está regulado desde hace años a través de bolardos.

Sí que tendrá repercusión el segundo hito temporal, previsto para 2027, cuando las restricciones al tráfico de vehículos contaminantes se ampliará hasta la plaza de España, el inicio de la calle Vitoria, el entorno del MEH y la zona comprendida entre San Pablo y la calle Madrid.

De acuerdo al plan impulsado por el actual equipo de Gobierno, la implantación de la zona de bajas emisiones culminará en 2030, con la inclusión de la denominada 'zona ampliada', que incluirá todo el caso urbano comprendido entre la calle San Francisco, la avenida de Cantabria, el Bulevar, la calle del Carmen y el paseo de Los Cubos.

Según ha señalado Moreno, a partir de ese momento, sólo podrán circular por todo ese entorno los vehículos con etiqueta ECO o Cero. Eso sí, habrá exenciones para los vehículos de los vecinos de la zona, así como para los vehículos de emergencia.

En este sentido, la modificación de la ordenanza impulsada por el actual equipo de Gobierno contempla que las restricciones al tráfico sean permanentes, y no dependan de las condiciones medioambientales de cada momento, tal y como se llegó a plantear en su día.

Queda por ver, en todo caso, si finalmente se desarrolla el plan tal y como lo ha previsto el actual Ejecutivo municipal. Y es que, a pesar de que la implantación de la zona de bajas emisiones es una «obligación» para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, el modelo planteado en Burgos y su ejecución están generando una fuerte polémica.

De hecho, el contrato de implantación, que fue adjudicado meses atrás a Etralux por 3,5 millones de euros, está suspendido de manera cautelar por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Burgos a raíz de una denuncia interpuesta por el PP. A este respecto, el equipo de Gobierno confía en que se levanten las medidas cautelares una vez que se apruebe la correspondiente modificación de la ordenanza, uno de los motivos esgrimidos por el Tribunal para anular en su día el contrato.