Son actuaciones puntuales para detectar posibles incumplimientos en la aplicación de beneficios fiscales vinculados a una situación de discapacidad. Se han hecho en Burgos, pero podrían hacerse en cualquier otro punto del país y se trata de comprobar que las deducciones fiscales de las que ... se benefician algunas familias cumplen con los requisitos marcados por la ley, que cambió algunos conceptos en 2015.
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La Agencia Tributaria responde al malestar de las familias burgalesas a las que, desde julio, les están llegando requerimientos para justificar las desgravaciones fiscales por hijo con discapacidad, en algunos casos con carácter retroactivo hasta 2016. Se han visto afectadas, por el momento, un centenar de familias vinculadas a cuatro asociaciones: Aspanias, Autismo Burgos, APACE, Las Calzadas y APACID.
Hacienda ha explicado que «no hay ningún cambio de criterio. La regularización viene motivada por el cambio de redacción de la Ley del IRPF con efectos 1 de enero de 2015, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que hizo vincular la regulación de los mínimos exentos con la dependencia económica«. De este modo, se analiza si las familias cumplen los requisitos de convivencia y dependencia económica.
Para entendernos. Con la nueva redacción de la ley, en los casos en los que la persona con discapacidad está internada en un centro residencial, solo se considera que convive con el contribuyente (la familia) si se trata de un ascendiente, no de un descendiente (hijo). Para este supuesto, la vinculación se debe de establecer a través de la dependencia económica para beneficiarse de la deducción fiscal.
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Patricia Carro Álvaro Muñoz
Así las cosas, los requerimientos remitidos a las familias burgalesas buscan que demuestren una covivencia entre la persona con discapacidad y la familia y, en el caso de que la primera resida en un centro público o privado, que exista una dependencia económica. A juicio de Hacienda, si las prestaciones de la persona con discapacidad y su patrimonio costean el internamiento, y no hay transferencias en su favor, se concluye que no existe dependencia económica.
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Y sin demostrar convivencia o dependencia económica, las familias pierden el derecho a los beneficios fiscales asociados a la situación de discapacidad. En esta regularización, se están analizando las pruebas remitidas por las familias e, insiste la Agencia Tributaria, «en muchos casos se ha acabado dando la razón al contribuyente y manteniendo el beneficio fiscal, si bien en otros no ha sido así y se ha procedido a la liquidación«.
La Agencia Tributaria insiste en que las regularizaciones que están teniendo lugar en Burgos no responden a «ningún motivo particular». Son actuaciones «puntuales», que se pueden realizar «en el futuro» en otros puntos de España, «en función de lo que determinen los responsables de las correspondientes áreas funcionales y geográficas». Igualmente, en Burgos se podrían realizar otras comprobaciones referidas a otro tipo de cuestiones.
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