Defensa se desentendió en enero del proyecto de Artillería que ahora quiere declarar nulo

Defensa alega que los terrenos de Artillería siguen siendo propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa, por lo que Riodaser «no está legitimada» para firmar ningún tipo de convenio con el Ayuntamiento ni desarrollar un proyecto urbanístico en la zona. Además, el Invied afirma que «no ha tenido conocimiento de la tramitación de dicho convenio», que contraviene lo estipulado en el convenio firmado con el Consistorio en 2016, ni tampoco ha autorizado un cambio en los aprovechamientos urbanísticos.

Unas declaraciones que la concejal de Fomento, Ana Bernabé, califica de «sorprendentes», «impropias» de una administración y «confusas». Bernabé ha recordado que Defensa se desentendió del Parque de Artillería en enero, cuando el secretario de Estado de Defensa la llamó personalmente para indicarle que la subasta se había resuelto a favor de Riodaser, quien había abonado la garantía de 600.000 euros, por lo que cualquier negociación sobre la gestión de esa parcela debía hacerse con la nueva propietaria.

Es más, el concejal socialista Antonio Fernández Santos ha apuntado que también se recibió un escrito, que contestaba al presentado por el alcalde en diciembre y por el que se pedía a Defensa que, de una vez por todas, diese respuesta a su solicitud de permuta. En ese documento, de nuevo el secretario de Estado afirmaba que el pago de la fianza «daba derecho» a Riodaser a cerrar la venta de la parcela, así que «el Ayuntamiento podrá trasladar la oferta de la permuta al nuevo propietario por si estuviera interesado en aceptarla».

Y así se hizo. El Consistorio ha estado negociando con Riodaser hasta cerrar el convenio que permitiría levantar 230 viviendas protegidas en Artillería, compensando a la empresa por la pérdida de aprovechamiento urbanístico con la entrega de tres parcelas públicas en Cellophane para viviendas libres. Bernabé y Fernández Santos han asegurado que el Invied no les ha comunicado que Riodaser no vaya a ser propietaria de los terrenos, una vez haya decaído supuestamente los derechos que había adquirido sobre la venta.

Defensa asegura que, como el pasado 18 de junio no se formalizó la compraventa, por negativa de Riodaser, ha decaído su derecho sobre la misma y los terrenos siguen siendo del Invied. Sin embargo, el socialista recuerda que Riodaser sí compareció, pero se negó a escriturar la compraventa porque Defensa todavía no había cumplido en su totalidad con el convenio con el Ayuntamiento, y faltaba la segregación de dos parcelas municipales.

Tal es así que, un día después, Defensa se puso en contacto con el Consistorio para acelerar estos trámites, pues «del cumplimiento del convenio dependía la firma de la venta a Riodaser»; así se lo apuntaron al propio Ayuntamiento, afirma Ana Bernabé, quien recuerda que la negociación con la empresa fue, desde un primer momento, «pública y notoria». También llama la atención que Defensa no haya comunicado a Riodaser que ha perdido sus derechos un mes y medio más tarde de haber sobrepasarse la fecha de la firma.

Por todo ello, el Ayuntamiento seguirá adelante con la tramitación del expediente. Se han recibido las alegaciones, se examinarán por los técnicos y se evacuará el correspondiente informe. Mientras, Ana Bernabé confía en que Defensa mueva ficha, pues «la pelota está en su tejado». En concreto, la concejal de Fomento se dirige al burgalés Ángel Olivares, secretario de Estado de Defensa y máximo responsable del Invied, pues si definitivamente los terrenos son suyos, habrá que abrir una nueva negociación con el Ayuntamiento.

También se enconmienda de Olivares el PSOE. Antonio Fernández Santos le pide al socialista que «mire todas las posibilidades jurídicas» para sacar adelante el proyecto del Parque de Artillería y evitar un litigio que podría durar casi una década. El edil insiste en que Riodaser acabará llevando a Defensa ante la Justicia pues se presentó a la firma de la compraventa, pero se negó a hacerlo porque falta de cumplir un requisito por parte del Ministerio, así que el derecho no habría decaído.

«Los perjudicados son los burgaleses», ha afirmado, pues el Parque de Artillería podría quedar inmovilizado durante ocho años más, como mínimo. Además, Antonio Fernández Santos critica que Defensa esté dispuesta a aceptar el estudio de detalle si, en lugar de construir el 100% de vivienda protegida, se mantiene el convenio inicial (50% protegida, 50% libre), aunque ello supondría aumentar el volúmen de edificación.

El socialista aprovecha la ocasión para arremeter contra el Ministerio de Defensa, que «ha exprimido Burgos como un limón»; ha hecho negocio con cada uno de los edificios con los que ha contado en la ciudad, sin mostrar nunca «una mínima posición favorable» a los intereses de los burgaleses.