Calma tensa en los consorcios del Desvío y Villalonquéjar, que mantienen las reservas de parcelas aunque sin consolidar ventas

Los consorcios arrancaron el año con una muy buenas previsiones. Se hablaba de 30 millones de euros en ingresos, que permitirán cubrir el plan de ventas para este 2020 e, incluso, dejar un colchó por si se ralentizaba la venta de parcelas. Nadie pensaba entonces que viviríamos una pandemia que iría más allá de la ralentización de la actividad económica, así que ahora toca revisar las previsiones.

De momento, los consejos rectores de ambos entes no se han reunido, aunque lo harán en breve, pero sí se sabe que las reservas de parcelas realizadas se mantienen. Ninguna empresa ha retirado su oferta, lo cual es una buena noticia, pero sería mejor saber cuándo se va a formalizar la venta para garantizar que los consorcios cuenten con los ingresos necesarios para ir amortizando deuda.

Las previsiones para este año pasaban por ingresos de 16,5 millones en el caso de la Variante Ferroviaria, fruto de la venta de dos parcelas, y compromiso de otros 17,5 millones para 2021, que es cuando se tenía intención de formalizar la venta de un tercer terreno. Mientras, en Villalonquéjar los ingresos por venta de parcelas estaban previstos en 3,4 millones, aunque existían otras ofertas sobre la mesa.

«Las ventas iban bien», reconoce el concejal de Hacienda, David Jurado, quien asegura que se van a dar facilidades para asegurar las ventas comprometidas. Primero toca sentarse a analizar la situación, pero sí parece claro que están dispuestos a ampliar los plazos que regulan la formalización de las ventas para no perderlas. Eso es prioritario, aunque Jurado confía en que las reservas de parcelas se traduzcan, de aquí a finales de año, en una venta efectiva.

Y, mientras, el Ayuntamiento de Burgos continúa gestionando con la Intervención General del Estado la reclasificación de los consorcios, que siguen siendo considerados como sector público empresarial. Por ese motivo, sus respectivas deudas le computan al Ayuntamiento, haciendo que el nivel de endeudamiento ascienda al 137% e impidiendo, entre otras cuesiones, que se pueda pedir un crédito.

El objetivo es que los consorcios vuelvan a considerarse sociedad no financiera, una vez se ha reestructurado su deuda y existe un plan de pagos que se va cumpliendo. El Ayuntamiento asume una parte de la deuda, con aportaciones anuales comprometidas en presupuestos (la parte de deuda no sostenible), mientras que los consorcios pagan el rsto a través de la venta de parcelas (la parte sostenible).