El nuevo convenio colectivo de Personal Laboral de la Junta de Castilla y León, recién firmado, sigue cosechando críticas entre trabajadores de la administración autonómica. Al malestar manifestado por los cuidadores técnicos servicios asistenciales se les suma la perplejidad de los auxiliares de biblioteca, ... que ven atacada su profesionalidad.
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Fernando Izquierdo, el presidente de la Asociación de Profesionales de Biblioteca de Burgos, no duda de que el nuevo estatuto tenga aspectos positivos. Sin embargo, en lo relativo a la movilidad horizontal permite a empleados públicos solicitar traslado a plazas de bibliotecario sin exigirles la cualificación o formación específica que debería ser requerida.
La única condición es que, obviamente, estén dentro del mismo grupo profesional, pero un cocinero, un tractorista o un evanista de la Junta podría solicitar un traslado a una biblioteca, un archivo o un museo para realizar labores de auxiliar de biblioteca. Solo se exige para optar a esa movilidad disponer del título de bachillerato, explica Izquierdo.
El presidente del colectivo burgalés reconoce que el problema enraíza en la falta de título específico para ejercer de auxiliar de biblioteca. No existe una formación profesional ni ninguna titulación específica, pero sí que están definidas las competencias, los perfiles profesionales y existen certificaciones nacionales.
En el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales existe una específica de prestación de servicio bibliotecarios; lo mismo en el Centro Nacional de Referencia. Y en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria existen los perfiles profesionales. Además, cuando se hacen los concursos públicos se pasan oposiciones de temarios específicos.
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De ahí que los bibliotecarios de Burgos consideren un «disparate» que la Junta no ponga ninguna condición, más allá de disponer del título de bachillerato, para acceder a un puesto de bibliotecario mediante un traslado. Ello supondrá que a bibliotecas, museos y archivos llegarán empleados sin conocimientos ni formación para realizar su trabajo.
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Y a los compañeros, allí dónde los haya, les tocará formar a los 'nuevos', lo que supondrá una carga extra de trabajo sin además tener conocimiento para formar, lamenta Izquierdo. «Nos parece una locura», además de un «agravio» pues los bibliotecarios que están contratados han superado los correspondientes procesos selectivos.
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Fernando Izquierdo lamenta que hayan sido precisamente la Junta y los sindicatos los responsables de esta situación. «Queremos tener el mismo reconocimiento social que cualquier otra profesión», asegura, y si un bibliotecario no puede ir a dar clases de matemáticas a un colegio, un empleado público sin formación específica no debería poder trabajar como bibliotecario.
Lo que es tan lógico para unas profesiones no lo parece para otras, y la Junta está contribuyendo a esa falta de reconocimiento; a no valorar el trabajo que se hace en las bibliotecas ni el hecho de que solo con un profesional formado y cualificado se puede prestar un servicio de calidad. La calidad también se pone en riesgo con el nuevo convenio.
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Izquierdo pide coherencia a la Junta, pues entre los estudios que oferta se encuentra el grado de Biblioteconomía y Documentación. Y que, si no va a haber cambios en las condiciones de los traslados, se garantice que antes de incorporarse al puesto el empleado recibe una formación específica para el desempeño de sus nuevas funciones.
Por otra parte, la asociación provincial apunta que esta situación va a repercutir negativamente en la convocatoria pública de plazas. Ante una plaza vacante primero se saca el concurso de traslados y, al no exigir una formación específica, se va a cubrir ese puesto sin problemas. De este modo, no se abrirá la puerta a una oposición de libre acceso, a la que se podrían presentar esos jóvenes de Biblioteconomía y Documentación.
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