Una banda de proxenetas se enfrenta a penas de entre 35 y 160 años de prisión

Los hechos enjuiciados se desarrollaron, al menos, durante varios meses de 2014. De acuerdo al escrito de acusación, está comprobado que los ahora procesados integraban una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y que además cometieron, en diferente grado de participación, una retahíla de delitos como abusos sexuales, estafa, coacciones o falsificación de documentos.

El modus operandi de los acusados era siempre similar. Echaban mano de anuncios de trabajo falsos y de su propia red para contactar con las chicas, que en su mayoría se encontraban en situación de vulnerabilidad. Varias de ellas eran menores de edad y, a pesar de ser plenamente conocedores de ello, los acusados actuaban de la misma manera.

Una vez establecido el primer contacto, que a menudo se enmascaraba con una supuesta oferta de trabajo en una peluquería en la capital provincial, y siempre de acuerdo al escrito de Fiscalía, los acusados ofrecían a las chicas compartir fotografías eróticas o grabar vídeos porno.

A partir de ahí, ya entraba en juego el ofrecimiento para prostituirse en alguno de los numerosos pisos que gestionaba la banda en Burgos bajo la promesa de grandes ganancias de dinero. Una promesa que nunca se cumplía. Y es que, tal y como han ido relatando todas y cada una de las mujeres rescatadas, que en algunos casos continúan siendo testigos protegidos, la banda se quedaba con la práctica totalidad del dinero que conseguían ejerciendo la prostitución.

De hecho, una vez que las chicas entraban en la red, se sucedían las coacciones, los engaños y las amenazas de diversa índole. Así, por ejemplo, las testigos relatan cómo el principal acusado (M.H.D.) las obligaba a mantener relaciones sexuales con él antes de comenzar a ejercer la prostitución.

En muchas ocasiones, durante el acto estaba presente la segunda acusada (E.M.R.), así como una menor de edad emancipada legalmente que en aquel entonces mantenía una relación con el principal acusado. El papel de esta última era a veces crucial, ya que según el relato asumido por la Fiscalía, se encargaba de recaudar el dinero y controlar los pisos en ausencia de los dos principales acusados.

De acuerdo al escrito de acusación, las mujeres carecían de cualquier atisbo de libertad de movimientos. Todas sus salidas de los pisos estaban vigiladas por los acusados, que mantenían un control total sobre ellas mediante amenazas y coacciones. En este sentido, una de las víctimas relata cómo los acusados llegaron a utilizar a su propio hijo de dos años de edad como mecanismo de control.

De acuerdo a la Fiscalía, los dos principales acusados contaban con la colaboración de un tercero, que también se sentará en el banquillo de los acusados con una solicitud de pena de 35 años de prisión. En este caso, F.R.F. se encargaba de la parte logística de la operativa, siendo conocedor de toda la actividad de la banda y beneficiándose económicamente de ella.

A mayores, la Fiscalía también imputa a los acusados numerosos delitos de estafa y falsificación. Y es que, de acuerdo a la información recabada durante los registros y los interrogatorios, se confirmó que la banda utilizaba la identidad de las mujeres para contratar servicios telefónicos, bancarios o de suministro energético. Unos servicios que no se pagaban, generando así reclamaciones de las compañías sobre las mujeres.

De manera similar operaban con los arrendadores de los pisos y el local de peluquería que alquilaron para enmascarar su actividad. Básicamente, los acusados alquilaban los inmuebles a sus propietarios, pagaban la señal y el primer mes y después dejaban de abonar el dinero acordado, dejando tras de sí deudas de miles de euros y generando un gran quebranto económico a los propietarios.

El juicio comenzará hoy y se extenderá durante varias jornadas en la Audiencia Provincial.