Implantar la administración electrónica en el Ayuntamiento de Burgos «es mucho más que licitar un contrato millonario». Así responde la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Gloria Bañeres, al proyecto «precipitado e irreflexivo» que presentó el Equipo de Gobierno la semana pasada y ... que supondrá invertir 6 millones de euros hasta 2023 para que el Ayuntamiento de Burgos se adapte a los nuevos (y no tan nuevos) tiempos que corren.
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Bañeres teme que la iniciativa, que supone renovar equipos, adquirir nuevas licencias, actualizar las herramientas y aplicaciones de trabajo interno, adaptarse a la normativa de protección de datos y formar al personal municipal, solo sirva para «dilapidar 6 millones de euros en una contratación con una empresa que se casará con nosotros de por vida».
Y es que la portavoz de Cs tiene dudas de que el presupuesto pueda estar «inflado», habida cuenta de que existen recursos, herramientas, apliaciones y sistemas gratuitos, aportados por la Administración General del Estado y por la Junta de Castilla y León, que permiten a cualquier entidad implantar la administración electrónica con el menor coste posible. En el medio rural ya se está haciendo, ha insistido Bañeres.
Sin embargo, en el Ayuntamiento de Burgos se suele tender a contar una empresa externa, que se encarga del proyecto y, pasada la fase de implantación y puesta en marcha, es imposible librarse de sus servicios. «Crean un traje a medida», un software con el que solo pueden trabajar ellos, por lo que mantenimiento, modernización y adaptación de los sistemas quedarían siempre vinculados a esa empresa.
Por otra parte, Ciudadanos está preocupado por la gestión que se haga de los datos «más sensibles» del Ayuntamiento, «que no pueden quedar en manos de una empresa privada». Debería de haber un delegado de protección de datos en el Consistorio, ha apuntado Gloria Bañeres, tras insistis en que «no van a permitir que la informática se vaya a convertir en el nuevo urbanismo».
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Ciudadanos vigilará el proyecto de implantación de la administración electrónica, que llega con muchos años de retraso. De hecho, si no fuera porque el Gobierno ha ampliado el plazo hasta 2020, el Ayuntamiento ya incumpliría la normativa el próximo 2 de octubre. De hecho, está incumpliendo la nueva ley de contratos públicos, pues no tiene digitalizada toda la información relativa a la contratación municipal, lo que podría generar algún problema si un licitador decide impugar un concurso municipal por incumplimiento de normativa.
En estos momentos, el único servicio en el que está íntegramente implantada la administración electrónica es la BAC, la oficina de atención al contribuyente, que podría ser tanto una avanzadilla como un obstáculo para el nuevo proyecto, se ha lamentado Gloria Bañeres.
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