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Tras el anuncio del proyecto de peatonalización de buena parte del centro de la ciudad de Burgos y las críticas suscitadas por parte de la oposición y de algunos colectivos, la portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, Andrea Ballesteros, ha asegurado este viernes que no será necesario ejecutar modificación alguna del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para llevar a cabo la obra de soterramiento del tráfico de la calle Santander.
En este caso, ha recordado la portavoz, sólo es necesario que se apruebe el proyecto y la obra en la Junta de Gobierno y ha apuntado a que, dada la composición del órgano ejecutivo municipal, saldrá adelante sin problema con todos los votos de los integrantes.
Ha recordado además que en el presupuesto de 2025 «hay partidas» para empezar con la obra y ha apuntado que si fuera necesario que en 2026 se necesitara otra cuestión de confianza para aprobar las cuentas, como en 2025, «se hará».
La obra prevista en la calle Santander y aledañas costaría 60 millones de euros y plante soterrar el tráfico en 326 metros de céntrica calle y la peatonalización de 23.000 metros cuadrados. La actuación se realizará en cuatro años y, de ejecutarse, transformaría el centro de la ciudad y dará más protagonismo al peatón y al ciclista.
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Por otro lado, la junta de Gobierno ha aprobado por el trámite de urgencia requerir a Prepay, la empresa que se apropió de 850.000 de la recaudación de las tarjetas de bus urbano, a cumplir estrictamente los términos del contrato«, ha explicado en este caso el edil del Servicio de Movilidad y Transportes, José Antonio López.
Desde el Servicio Municipal de Movilidad y Transportes se han anulado «varias facturas de la empresa», ha asegurado López en rueda de prensa. La empresa Prepay ha declarado «no estar conforme» y se ha propuesto «cobrarse dichas cantidades de la recaudación que tiene que ingresar al Consistorio como administrador concursal», si bien el Ayuntamiento ha transmitido a la mercantil que «ya que no tiene disponibilidad de ese dinero».
Y ha explicado que, más allá de la deuda contraída e impagada de 850.000 euros, Prepay adeuda al Ayuntamiento de Burgos la liquidación del 1 al 15 de diciembre, que asciende a 85.482,05 euros, y la del 16 al 31 de diciembre, que supone otros 91.073,27 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos adeuda a Prepay unas comisiones de 97.719,05 euros y la devolución de la fianza, que asciende a 5.000 euros. López ha indicado que el nuevo contrato va a permitir la recarga de las tarjetas por una página web y ha informado de que en el futuro se recaudará en una cuenta municipal y no en la de una concesionaria.
La Junta de Gobierno también ha dado cuenta de la liquidación de la concesión administrativa del aparcamiento de la plaza de España. Una vez liquidado el contrato será la Sociedad de Promoción ProBurgos la que se encargue de la gestión de las 166 plazas rotatorias, según ha explicado Andrea Ballesteros.
El órgano ejecutivo municipal también ha dado el visto bueno a los pliegos para contratar la concesión de la planta de reciclaje de madera y plástico del Ecoparque y la dirección facultativa de las obras de demolición del Mercado Norte.
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